10 Mayo 2022

Por qué Colombia no puede dejar de producir petróleo

En un escenario de debilitamiento de la exploración y producción del petróleo y gas, la ACP advierte que se comenzaría a importar gas a partir del 2026, y petróleo desde el 2028.

Crédito: Colprensa

Mientras las reservas de crudo y gas se extendieron a ocho años gracias a un mayor impulso a la exploración, la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas advierte sobre el impacto económico de una política ‘antipetróleo’. Los expertos afirman que una transición energética justa y ordenada es imprescindible.

Por: María Camila Hernández

El informe que publicó esta semana la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP) compara dos escenarios diametralmente opuestos de política energética para Colombia. Uno de sostenimiento de la exploración y la producción del petróleo y el gas en el país, y otro de debilitamiento de estas actividades económicas.

El primer escenario plantea que la política actual sobre el sector de los hidrocarburos se mantenga. En ese caso, la ACP calcula que se generarían ingresos a la Nación por 105 billones de pesos para el próximo gobierno, y por 227 billones hasta el año 2032. También afirma que la exploración y producción aportaría 38 billones por regalías durante el próximo gobierno e impulsaría inversiones socioambientales en las regiones por cerca de  1,7 billones de pesos entre 2022 y 2026. Además, permitiría mantener el autoabastecimiento de petróleo y gas por al menos una década más.

El segundo escenario, en el que se implementa una política energética de debilitamiento de la exploración y la producción, muestra un panorama bastante oscuro. Señala que se comenzaría a importar gas a partir de 2026, y petróleo desde 2028, con lo que se encarecería la energía para los hogares colombianos y las tasas de interés para los ciudadanos. Estima una pérdida de 18 billones de pesos de aportes fiscales y regalías y una reducción del 60 por ciento de los ingresos de los municipios productores asociados a la cadena de bienes y servicios del sector petrolero.

Este panorama busca mostrar las consecuencias que pueden tener las decisiones que tome el próximo gobierno en materia de política energética, en una alusión a la propuesta de Gustavo Petro de no otorgar nuevas licencias para la exploración y prohibir la explotación de yacimientos no convencionales.

Esta postura, que no comparte con ningún otro candidato, ha prendido las alarmas del sector de los hidrocarburos. Incluso, fue criticada por el expresidente y candidato presidencial de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva. El político progresista afirmó que impulsar un “frente antipetróleo” era inviable y que el petróleo seguirá siendo necesario por un tiempo, por lo que descarta dejar de explorar y explotar crudo si llega de nuevo a la Presidencia.

Para Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, lo que plantea Petro es “un salto al vacío” que podría tener graves efectos en la balanza de pagos, el comportamiento del peso, de la inflación y de la deuda pública, entre otras. Aunque coincide con el candidato en que es necesaria una transición energética, esta tiene que ser gradual y ordenada. Lo que plantea Petro como punto de partida es, en realidad, el punto de llegada. Además, enfatiza en que esta transición energética debe ir de la mano con una transformación productiva, y así poder dejar atrás la alta dependencia del país en los recursos que generan los hidrocarburos. “Hay que caminar con ambos pies”, afirm{o. El sector minero energético en Colombia genera cerca de 9.5 billones de pesos anuales en regalías, lo que representa el 14 por ciento del presupuesto nacional para inversión.

¿Para cuándo la descarbonización?

El primer escenario que plantea la ACP es tan optimista que incluso señala que una de las ventajas de mantener la exploración y producción sería “contar con un sector aliado en la lucha contra el cambio climático, con metas y planes concretos para avanzar en la descarbonización”, mientras que, en el segundo escenario, la ACP afirma que habría menos recursos públicos para apalancar la diversificación energética.

Sin embargo, el informe no menciona nada más sobre cómo el sector de hidrocarburos podría convertirse en un aliado en la lucha contra el cambio climático, ni incluye recomendaciones en ese sentido. En cambio, sí recomienda completar la regulación de la producción y comercialización de gas offshore y avanzar en la etapa comercial de los YNC (yacimientos no convencionales). Es decir, regular el fracking.

Si bien Colombia apenas comenzaría la fase investigativa sobre la viabilidad del fracking, con los Proyectos Piloto Integrales de Investigación –Kalé de Ecopetrol y Platero de ExxonMobil–, el mensaje de la ACP va en línea con lo que viene diciendo el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón: que ante el riesgo de tener que importar crudo para abastecer de combustible a Colombia, los yacimientos no convencionales ofrecen una solución. Según Bayón, se podría pasar de seis años de reservas de petróleo a 20, 25 o 30 años de reservas, y en gas se podría pasar de 10 años a 40, 50 o 60 años de reservas.

Aunque lejos de las proyecciones de Bayón con el fracking, las cifras de reservas de petróleo y gas a diciembre de 2021 que hoy anunció la Agencia Nacional de Hidrocarburos, muestran un mayor dinamismo en este sector. Las reservas probadas de crudo fueron de 2.039 Mbl (millones de barriles), un aumento del 12,3 por ciento con respecto a 2020. Significa que habría reservas de 7,6 años. En cuanto al gas, las reservas probadas alcanzaron los 3.163 gigapies cúbicos, un incremento del 7,3 por ciento frente al año anterior. Este es el primer aumento de reservas de gas desde 2012, con lo que habría reservas de ocho años.

Según dijo en la rueda de prensa el presidente de la ANH, Armando Zamora, “la regulación sigue dando confianza a las compañías productoras, la exploración sigue siendo una pieza clave para garantizar la seguridad energética del país. El índice de reposición de reservas probadas de petróleo y gas fue el más alto en los últimos 12 años, debido al aumento de la actividad”.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, dijo que una de las principales metas desde 2018 era reactivar la exploración petrolera, pues el sector llevaba más de cinco años sin firmar nuevos contratos. Hoy anunció que durante este Gobierno se han firmado 69 nuevos contratos petroleros.

Gustau Mañez Gomis, coordinador de cambio climático para Latinoamérica y el Caribe del Programa de la ONU para el medioambiente, recordó que esta organización ha pedido detener las inversiones en combustibles fósiles. Señala que hay dos realidades globales que no se pueden desconocer: la científica y la económica. La primera demuestra que hay que decrecer en vez de aumentar la capacidad petrolera, si queremos lograr la meta de no rebasar 1.5º Celsius en la temperatura global a finales de siglo. Mientras que el informe de la ACP contempla los riesgos en cuanto a pérdida de empleos si se abandona la exploración y producción de hidrocarburos, no hace lo mismo en el caso contrario. Inundaciones, sequías, pérdidas agrícolas y afectaciones en el turismo, especialmente en zonas costeras de Colombia, son algunos de los efectos que se pueden esperar si se continúa con el modelo extractivo, afirma Mañez.

Por otra parte, señala que la realidad económica en el mundo es que las grandes empresas del sector Oil&Gas están dejando de invertir en nuevas exploraciones, y cada vez se hace más evidente que invertir en renovables genera mayor retorno y más empleo.

“Entonces, más allá del contexto de las elecciones en Colombia, o decides hacer oídos sordos a esta realidad mundial que te supera, y que te la van a imponer, o te alineas y vas planeando esa transición ordenada y justa, no estamos diciendo que hay que cerrar de la noche a la mañana. Lo que hace falta en Colombia es una transición ordenada de los fósiles a una energía sostenible”, concluyó Mañez Gomis.