Defensa de Andrés Escobar solicita, otra vez, aplazar audiencia de imputación

Vestido con camisilla negra, con el ceño fruncido, las venas del cuello brotadas y la mirada fija mientras empuñaba un arma “no letal”. Esa es la imagen de Andrés Escobar que circuló en redes el 28 de mayo del año pasado, cuando se cumplía un mes del paro nacional. El hombre hacía parte de un grupo de civiles armados que disparó e intimidó a estudiantes y manifestantes que marchaban cerca de Ciudad Jardín, un exclusivo sector del sur de Cali.

A Escobar se le pudo ver en fotografías y videos apuntando con su arma, cargándola, e incluso, pegando tiros al aire mientras esa zona de la ciudad se convertía en un campo de batalla. Meses después de lo ocurrido, el abogado Elmer Montaña, representante de las víctimas de los hechos acontecidos en ese lugar, denunció a Andrés Escobar por lo ocurrido en Ciudad Jardín la tarde del 28 de mayo de 2021.

Este miércoles, 16 de febrero, está citada la audiencia de imputación; sin embargo, la defensa del empresario caleño radicó ante el juez de garantías un nuevo aplazamiento. Aún no se conocen las razones que justifican esa solicitud y dependerá del juez el concederla o no. 

La Fiscalía buscar imputarle a Escobar los delitos de usurpación de funciones públicas, tortura, empleo o lanzamiento de sustación u objetos peligrosos y violación a los derechos de reunión.

Con estos delitos, el empresario caleño y las otras 16 personas también citadas a audiencia de imputación, que ese día habrían actuado en detrimento de la vida de los manifestantes, se podrían enfrentar a una pena que va entre los 12 y los 25 años de prisión. 

El argumento en que se basa la solicitud proyectada de la Fiscalía es una figura legal llamada Comunicabilidad de Circunstancia y que se configura cuando un grupo de personas emprenden una actividad delincuencial al mismo tiempo y se comunican entre ellas sobre los delitos, independiente de cómo se desarrollan los hechos.

Con base en esto, la Fiscalía pedirá que Escobar responda no solo por haber atentado contra quienes marchaban esa tarde, sino por el caso de Álvaro Herrera, el estudiante de música de la Universidad del Valle que ese día fue “capturado, retenido y luego llevado al CAI de Ciudad Jardín, donde fue golpeado y posteriormente obligado a dar una declaración, que salió en redes. Eso es tortura”, explica el abogado Montaña.

Al haber formado parte del grupo que usurpó las funciones que le correspondían a la Policía Nacional, la Fiscalía alegará que Andrés Escobar también debe responder por el delito de tortura contra Álvaro Herrera. De acuerdo con Juan Carlos Oliveros, fiscal del caso, “el 16 de febrero estaremos allá haciendo la imputación y la solicitud de la medida de aseguramiento. Yo hago la tarea pensando en que se hace bien y que el resultado va a ser el de resolver el caso. De allí a que el resultado sea distinto o que las consecuencias sean distintas, ya dependerá del juez”.

Los argumentos empleados para los cargos que se le pretenden imputar a Escobar en la audiencia del 16 de febrero son:

Tortura: Civiles armados capturaron a Álvaro Herrera. Lo detuvieron, se lo llevaron para el CAI de Ciudad Jardín, lo golpearon y lo obligaron a hacer una declaración.

Usurpación de funciones públicas: Aunque la Fiscalía indica que no se incurrió en el delito de concierto para delinquir, sí asegura que hicieron una usurpación de las funciones de las instituciones públicas. Estos hombres armados salieron y usurparon la función que corresponde a la Policía Nacional y actuaron como si fueran miembros de la misma.

Violación a los derechos de reunión: Atacar de manera violenta a los manifestantes que estaban en la marcha.

Empleo o lanzamiento de sustación u objetos peligrosos: Si bien no se les puede imputar porte ilegal de armas, porque las utilizadas en los hechos ocurridos el 28 de mayo no  son letales, los disparos que se hicieron en contra de los manifestantes con ese tipo de objetos sí constituyen lanzamiento de objetos peligrosos.