“Así comenzaron las Convivir”

Gerardo Vega es abogado y cuenta con más de 17 años de experiencia en restitución de tierras. Pero su conocimiento y trayectoria no viene de los despachos públicos sino desde el otro lado: el de acompañar a las víctimas.

Por casi dos décadas, ejerció como defensor de derechos humanos y ha sido abogado de víctimas en procesos de restitución y reclamación de tierras. Estuvo al frente de la Fundación Forjando Futuros, ganadora del Premio Nacional de Paz en 2012.

Ahora, desde la Agencia Nacional de Tierras, tiene una de las misiones más importantes del Gobierno de Gustavo Petro: cumplir los acuerdos de paz y saldar la deuda histórica con las miles de víctimas que dejaron cinco décadas de conflicto armado en el país.

CAMBIO: ¿Cuál fue la misión que le encargó el presidente Petro?

Gerardo Vega: La política pública del Gobierno nacional es que se cumpla estrictamente el Acuerdo de Paz: el de tierras, que es el punto uno, y toda la reforma rural. El punto señala 3 millones de hectáreas para adjudicar a familias campesinas que no tienen tierra o que tienen tierra de manera insuficiente; y 7 millones de hectáreas para formalizar. La otra misión es ayudar, en lo que compete a esta agencia, a sacar adelante el catastro multipropósito.

CAMBIO: ¿Qué encontró usted al llegar a la Agencia Nacional de Tierras, con respecto a la implementación de los Acuerdos de Paz ?

G.V.:  Sin mirar para atrás ni por el retrovisor, no hubo voluntad política. En adjudicación iban en 9.000 hectáreas y en formalización un millón de hectáreas. Entonces realmente fue muy poco el avance en el cumplimiento del acuerdo. Colombia ha abandonado por más de 50 años el tema rural. Ese tema ha estado en manos de guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y algunos empresarios que de manera decidida siguen en el campo, eso es lo que ha sucedido. Hoy hay voluntad política.

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La ocupación de predios privados o públicos es la respuesta a una expectativa frustrada, de muchos años, de acuerdos que no se han cumplido.

CAMBIO: ¿Qué implicaciones ha tenido la no implementación de los Acuerdos de Paz?

G.V.: Venimos de una guerra de 50 años. Luego llega un gobierno que no asume esos acuerdos como parte de su responsabilidad. ¡Está acumulado el problema! Durante el gobierno Santos se logró sacar adelante la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Es la primera vez que se toca el tema de manera contundente y con un procedimiento concreto y puntual para la devolución de tierras. Entonces, se genera una expectativa enorme y luego llega un gobierno que no saca adelante ese acuerdo. Eso causa frustración en la sociedad. La ocupación de predios privados o públicos es la respuesta a una expectativa frustrada, de muchos años, de acuerdos que no se han cumplido.

CAMBIO: Recientemente fueron virales las imágenes de ganaderos en camionetas blancas en el Magdalena, diciendo que iban a enfrentar a los invasores de tierras. ¿Qué opinión le merece?

G.V.: Yo vi un debate en medios en el que el gobernador del Magdalena decía que no había tales invasiones, que no estaban notificadas, que no era real. Eso es lo que dice el gobernador. He visto también manifestaciones en las que se pide autoridad, que la fuerza pública intervenga para disuadir las invasiones y que van a hacer una nueva guerra. Guerra es de dónde venimos:1.500 asesinatos de líderes sociales en estos últimos seis años.

Esa pérdida de vidas humanas es lo que hay que resolver y no es delegando el ejercicio de la autoridad al Ejército y a la Policía. Tienen que ser las autoridades con competencia en el campo, como el Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, las corporaciones, las gobernaciones, las alcaldías. Entonces, frente a una aspiración frustrada de acceso a la tierra, decimos "que lo resuelva la Policía". Pues la Policía lo va a resolver a través de la fuerza, fuerza legítima del Estado, pero fuerza, y entonces allí no se resuelve nada.

Los que tenemos que resolver somos las entidades, para ver cómo se le entrega rápido la tierra a la gente, cómo se cumplen los acuerdos, cómo se adjudica, cómo se formalizan los títulos. Hay personas que llevan 20 años esperando que se resuelva un proceso judicial de tierras y, mientras la gente desplazada espera afuera y sin tener posibilidades de cultivar, otros adentro, que se tomaron la tierra, están explotándola. Eso hay que resolverlo, eso no podemos cargárselo a la Policía o al Ejército.

CAMBIO: ¿Qué opina de la invitación del señor José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, para conformar grupos de reacción inmediata para responder a la invasión de tierras?

G.V.: Eso desafortunadamente fueron las Convivir y eso degeneró en paramilitarismo. Amarga y violenta experiencia para el país.

Pueden empezar con buenas intenciones, de actitud solidaria de grupos de civiles que protegen, que terminan en hechos de fuerza, de violencia, de organizaciones armadas. No, no más civiles armados en el país, de ningún lado y menos de los señores que dicen ser empresarios del campo.

Debe haber conversación, haber diálogo, el ejercicio de la autoridad no puede ser la fuerza. La autoridad se gana en la medida que se resuelvan los problemas que hay en la sociedad.

CAMBIO: En una columna, el señor Lafaurie manifestó reservas frente a su nombramiento por haber usted pertenecido al EPL.

G.V.:  Yo fui de la guerrilla del EPL, organización guerrillera que se desmovilizó en 1991, hace 30 años, y hemos cumplido fielmente el acuerdo de paz. Han pasado 30 años y hemos hecho muchas cosas desde la función pública. He sido secretario de Gobierno de Apartadó, fui cónsul en Bélgica, fui diputado de la Asamblea Departamental, estuve en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación cumpliendo con el acuerdo de paz.

En esa época (años ochenta) la única manera de hacer actividad política era a través de las organizaciones insurgentes, no había condiciones en el país. Hoy estamos aquí en el Estado, estamos mediante las normas y el cumplimiento de la Constitución buscando resolver problemas que aún subsisten. En el tema de tierras se ha avanzado muy poco. Nosotros aspiramos a hacerlo bien, con decencia y con respeto por la gente, con el propósito de que la gente tenga tierra. Eso es a lo que aspiramos.

El catastro multipropósito

Uno de los principales retos del nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, en conjunto con otras entidades estatales, es sacar adelante el catastro multipropósito, inventario actualizado de inmuebles en el país.

Vega le dijo a CAMBIO que en la actualidad el 65 por ciento del sector rural no está formalizado. “El Estado no sabe quiénes son los propietarios, ocupantes o poseedores y no se sabe para qué son útiles esas tierras”.

De este inventario –agregó– depende la planificación acertada de políticas agrarias y de desarrollo, y que el reto es sacarlo adelante por medio de instrumentos más rápidos y económicos. “Hay que simplificar estos procedimientos, hacer que sean menos costosos, no puede ser que cueste entre 15.000 millones de pesos y 20.000 millones de pesos actualizar el catastro en un municipio como Turbo, pues si es así y eso vale en cada uno de los municipios, no va a haber dinero para hacerlo”.