Contratos de prestación de servicios: municipios preocupados por plan de formalización laboral
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La Federación Colombiana de Municipios le solicitó al Gobierno reevaluar la orden de retirar los contratos por prestación de servicios y formalizar a toda la planta de funcionarios públicos. Estos son sus motivos.
Mediante un comunicado, la Federación Colombiana de Municipios, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, le solicitó al Gobierno nacional que contemplen un tiempo prudente para la aplicación de la circular expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) para la formalización del empleo público.
El documento de Función Pública da un plazo máximo de cuatro meses para acabar con los contratos por prestación de servicios y adelantar procesos de contratación a término fijo.
Fedemunicipios expresó que aunque acompañan el propósito de la formalización laboral en el sector público, considera que se necesita más tiempo para adelantar los procesos de reestructuración administrativa que se requieren.
Para profundizar
Así mismo, asegura que la mayoría de municipios no tienen los recursos para financiar los estudios de planta que exige la ley en este tipo de contratación. Incluso si lograrán desarrollar los estudios, señalan, no podrían cubrir los hipotéticos nuevos cargos por la aplicación de la ley de garantías.
Por lo tanto, Fedemunicipios solicitó al Gobierno no solo aplazar los tiempos, sino ampliar los márgenes de gasto de funcionamiento de los municipios, y hacer una convocatoria de mesas de trabajo para fomentar un plan de trabajo que permita llegar a la meta de formalización.
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Formalización de empleo es "imposible en cuatro meses"
En ese mismo sentido se manifestó el pasado martes la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al enviarle a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República una circular con sus observaciones sobre los lineamientos.
El plazo de cuatro meses para finalizar con los contratos de prestación de servicios en entidades del Estado "dificulta las gestiones administrativas e impone una carga imposible de ejecutar", se lee en el documento.
El Ministerio de Trabajo aseguró que los tiempos establecidos no son realistas en tanto no tienen en cuenta que la transformación estructural que se quiere llevar a cabo tiene componentes presupuestales, contractuales y de gestión humana que no se contemplan en la disposición del pasado 30 de diciembre. La ministra dijo que cambios de esta magnitud deberían tener un plazo de al menos un año.
