El ultimátum del Gobierno a los contratos de prestación de servicios
Crédito: Foto Freepick.
Los contratos por prestación de servicios en entidades estatales que se firmen el próximo año solo tendrán vigencia por cuatro meses. ¿Adiós a esa modalidad de contratación pública?
El Gobierno de Gustavo Petro comenzó su plan para disminuir la cantidad de contratos de prestación de servicios en entidades estatales para “dignificar el empleo a través de la vinculación del personal necesario para la administración pública”.
La circular conjunta 100-005 de 2022 ordena a las oficinas del Gobierno a limitar los contratos de prestación de servicios a una vigencia de máximo cuatro meses. El documento apunta a que solo se utilizará esa modalidad de contratación para lo estrictamente necesario.
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Durante ese cuatrimestre, los organismos del Gobierno, nacional y territorial, deberán realizar análisis técnicos para establecer una planta temporal.
Se espera que estos meses sirvan para que las entidades no se paralicen mientras se hacen los cambios estructurales en la manera de contratar en lo público.
Con esta medida el Gobierno dice que se mejorarán las condiciones laborales de los miles de contratistas del Estado que se vienen quejando de las cuentas de cobro, la inestabilidad, la falta de vacaciones y la sobrecarga laboral.
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La circular se presenta como uno de los primeros pasos para la eliminación de la contratación por prestación de servicios. Se espera que el Gobierno presente en la reforma laboral otras propuestas en la misma línea.
¿Cómo es un contrato de prestación de servicios?
El contrato por prestación de servicios se celebra con el Estado en dos situaciones:
- Cuando las funciones no pueden ser suministradas en la planta de la entidad.
- Cuando se requieren conocimientos especializados por parte del contratista.
La vigencia del contrato es de carácter temporal, teniendo en cuenta que sea en un tiempo óptimo para cumplir el objetivo del proyecto que se quiera llevar a cabo.
Además, los contratistas de prestación de servicios no trabajan en calidad de servidores públicos, por lo tanto, no recibirán los mismos derechos debido al tipo de contrato establecido.
Al no tener las obligaciones legales que hay en un contrato de trabajo fijo, el contratista debe responder por su salud, pensión y riesgo laboral, además de no contar con vacaciones remuneradas.
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