12 Agosto 2022

En Cartagena, la inoperancia de las autoridades permite la explotación sexual de menores

Crédito: Yamith Mariño Diaz

Cartagena es la ciudad en la que más se registran casos de explotación sexual infantil, tanto en las calles, como en internet. Sin embargo, un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que allí, la inoperancia y complicidad por parte de las autoridades ha permitido que la situación haya escalado alarmantemente.

Por: Maria F. Fitzgerald

 

Una investigación llevada a cabo por el Departamento de Estado de Estados Unidos concluyó que las autoridades colombianas no están tomando acciones suficientemente efectivas para combatir la trata de personas, principalmente de menores de edad, en Colombia. 

Según el reporte, que analizó las acciones tomadas por entidades como la Fiscalía, la Policía Nacional, el Ministerio de Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Colombia cumple apenas con las políticas mínimas para combatir este delito, pero los vacíos legales, la ineficiencia en la toma de medidas de protección, la baja judicialización y el desconocimiento por parte de los funcionarios hacen difícil implementarlas. 

Además, en la ciudad de Cartagena, señalan que encontraron evidencias de la participación directa en redes de trata por parte de funcionarios que pertenecen a la Fiscalía y a la Policía. 

 

¿Qué dice el informe? 

Los investigadores de la Oficina Contra la Explotación Sexual y la Trata, del Departamento de Estado de Estados Unidos, encontraron diversas circunstancias que convierten a Colombia en un país que a duras penas cumple con las condiciones mínimas para frenar la explotación sexual de menores. En la medición establecida por esta oficina, que clasifica a los países de acuerdo con su capacidad para enfrentar este delito, Colombia queda en el nivel uno (es decir, que sí cumple los compromisos mínimos); sin embargo, son muchas las fallas en las entidades encargadas y a eso es necesario sumar la complicidad que encontraron por parte de algunos funcionarios. 

Empiezan, por ejemplo, asegurando que el artículo 188-A del Código Penal, es incompatible con las leyes mundiales para la lucha contra la trata, pues esta ley no penaliza la fuerza, el fraude o la coacción (todos estos son elementos que los explotadores utilizan para someter a sus víctimas). 

Luego de señalar esta ley como “amplia” en sus criterios, la investigación señala que esa amplitud no permite que se apliquen penas concretas ni suficientes a quienes son capturados por pertenecer a redes de explotación sexual de menores. Y eso deriva en que, para los investigadores, las penas en Colombia no sean suficientes y, además, sean fáciles de evadir. 

Señalan, por ejemplo, un caso ocurrido en la ciudad de Cartagena en el que dos funcionarios (un fiscal y un policía) fueron cómplices en una red de trata de menores. También, un caso en el que dos policías, en la misma ciudad, fueron acusados de estar avisando sobre las fechas de las redadas a los explotadores. Además de estos casos, el informe señala que entre 2010 y 2021, la Fiscalía abrió al menos 40 investigaciones que han involucrado a múltiples funcionarios en redes de trata y explotación de menores. 

Sin embargo, señalan también que las cifras no son exactas pues el registro no ha sido juicioso por parte de las autoridades colombianas, y que, además, la gran mayoría de penas administradas no han pasado de medidas disciplinarias menores, que no son penas acordes a la gravedad del delito. Esta indulgencia en las penas también fue denunciada por la Procuraduría el año pasado, pues consideran que no se está teniendo en cuenta la magnitud de lo que implica que un funcionario público esté involucrado en estas redes. 

Esta laxitud en las condenas se extiende a otras personas también acusadas de perpetrar este delito, incluso si no son funcionarios públicos. Señalan que aunque el gobierno mantuvo sus esfuerzos, sí disminuyeron la cantidad de casos detectados, las capturas, los juicios y las penas dadas a los explotadores. Así, mientras en 2020 se adelantaron 65 procesos por explotación (con múltiples personas implicadas), y en 2019 se adelantaron 78, en 2021 se abrieron apenas 22 casos; esto, a pesar de que, para los investigadores, las cifras de explotación aumentaron significativamente en todo el país, por los efectos económicos que dejó la pandemia, sumados al aumento de llegada de migrantes Venezolanos. 

Respecto a los cuidados ofrecidos a las víctimas, que tendrían que recaer sobre el ICBF y el Ministerio de Interior, el informe asegura que las acciones asumidas por las autoridades han sido profundamente deficientes. Señala que el instituto se ha convertido más en un motivo de castigo que de protección, que pocas veces da atención inmediata a los menores, y que, cuando aparece, termina revictimizando a las víctimas y sus familiares. Por ello, los investigadores señalan que el subregistro es gigantesco en los casos detectados, pues muchas víctimas prefieren no denunciar. Señalan que, por ejemplo, durante 2020 el ICBF abrió únicamente 12 procesos de restauración de derechos a menores víctimas de explotación sexual. Para el Departamento de Estado esta cifra no podría estar más alejada de la realidad. 

Finalmente, el informe considera que, a pesar de que entidades como la Defensoría del Pueblo han asegurado capacitar a más de 1.100 funcionarios públicos (incluyendo a militares y policías) para detectar y tramitar adecuadamente estos casos, esta entidad no ha sido clara respecto a cuáles parámetros fueron utilizados, ni tampoco, cuáles han sido los resultados. Lo cierto es que esta Oficina del Departamento de Estado considera que, en todo el territorio nacional, hay un tratamiento inconsistente y muy deficiente en el combate contra la explotación sexual. 

A pesar de solicitar entrevistas con el Ministerio de Interior saliente, con el ICBF, la Fiscalía y la Policía, únicamente recibimos respuesta de la Policía. El coronel Jhon Alzate, director de la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro), asegura que no cree que estas consideraciones sean justas: “Nosotros hacemos un monitoreo constante para defender a los menores de estas redes. Si nos encontramos en la calle a un adulto con una menor, nosotros judicializamos inmediatamente al adulto. Sin embargo, la atención del menor ya queda en manos de otras entidades, como el ICBF y la Fiscalía, quienes deben encargarse de hacer seguimiento a los procesos”, asegura. 

Adicionalmente, una fuente reservada que trabaja en el equipo jurídico de restauración de derechos de menores en el ICBF, confirmó a CAMBIO que desde el instituto han detectado casos de complicidad por parte de la Fiscalía y de la Policía con las redes de trata. Asegura, también, que esa complicidad suele entorpecer las acciones que puede tener el ICBF a la hora de asumir los casos, pues la información es insuficiente, o simplemente no se hacen los llamados necesarios al ICBF para que acudan a proteger al menor.

 

¿Por qué Cartagena? 

Las cifras de explotación sexual infantil en esta ciudad son alarmantes y unas de las más elevadas en todo el país. Durante 2021 la Fundación Renacer, la organización más antigua en Colombia que se dedica a acompañar a víctimas de explotación sexual, registró más de 200 casos de menores utilizados para explotación en la ciudad. 

En zonas como la Torre del reloj, la Avenida del Bosque, y algunas de las playas turísticas más populares (entre ellas la Playa Hollywood), hay presencia constante de menores explotados y redes de trata de personas. “Es necesario notar que son muchos los factores estructurales que llevan a que un menor termine sometido a este tipo de redes. Cartagena es una ciudad con tasas muy elevadas de pobreza extrema, además de una proliferación de violencias machistas que se replican en los hogares, y una educación muy deficiente”, asegura uno de los representantes de la Fundación Renacer. 

Sin embargo, así como lo reportamos en la ciudad de Medellín, es común encontrar que la vulneración de los menores no ocurre únicamente en las calles. Los catálogos y la explotación a través de algunos estudios webcam proliferan en las las redes, donde es tan sencillo como una búsqueda en Google para encontrar distintas ofertas. Así lo muestra el libro “ESCNNA, El deber de adoptar disposiciones de Derecho Interno frente a la investigación y sanción de los delitos de ESCNNA y la garantía de reparar el daño”, escrito por Elkyn Castaño, investigador de la Fundación Renacer. 

Señalan que desde su labor han logrado reconocer cuatro grupos sociales especialmente vulnerables: las niñas empobrecidas de las periferias de la ciudad de Cartagena. También, las niñas traídas desde el interior del país para ser explotadas. Las niñas y mujeres migrantes venezolanas que llegan a la ciudad con promesas de trabajo y terminan siendo sometidas a estas redes. Y, finalmente, miembros de la comunidad LGTBIQ+ quienes, además, suelen ser ignorados por las autoridades que deberían manejar sus casos. 

Son personas que están siendo captadas por grupos armados ilegales, que tienen el control del tráfico de menores en la ciudad. De acuerdo con las Alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, Cartagena y todo el Caribe colombiano ha sufrido un aumento en la hegemonía de poder de las AGC. Sin embargo, señalan que en estas redes es usual encontrar alianzas transnacionales, sobre todo cuando la explotación ocurre sobre migrantes venezolanos. Así, estructuras como el Tren de Aragua también están señalados de participar, principalmente, en la captación de víctimas. 

Ante el panorama, desde la Fundación Renacer consideran que aún las acciones no son suficientes para combatir el problema en una ciudad que, cada día, continúa acrecentando el problema: “Consideramos que es necesario crear una acción conjunta por parte de las instituciones involucradas en cuidar a los menores y condenar a los delincuentes, porque a pesar de que hay esfuerzos, e incluso existe un apoyo por parte de gobiernos extranjeros como el de Estados Unidos, aún no es suficiente y nuestra ciudad cada día continúa enfrentando este terrible y desproporcionado problema”.