La encrucijada de los raizales en San Andrés
Los isleños, pobladores originales del departamento archipiélago, reclaman seguridad, salud, educación y servicios básicos.
Crédito: Colprensa
Tras el asesinato del cantante y líder social Hety, los sanandresanos reclaman al gobierno local no solo seguridad sino una oportunidad diferente de la ilegal para darle rumbo a sus vidas.
Fabián Pérez Hooker, conocido por todos en la isla de San Andrés como Hety, alcanzó a votar en las elecciones parlamentarias antes de que lo mataran. Ese 13 de marzo, el cantante escribió en sus redes un mensaje para quienes resultaran ganadores de los comicios: “Enfocarse con lo que se comprometieron, ser profesionales y no burlarse de los otros candidatos”.
Horas más tarde, Hety recibió dos balazos mientras departía con muchachos de su barrio. Estuvo hospitalizado un día entero y luego murió. Para la comunidad raizal de la isla, “lo de Hety fue la gota que rebasó el vaso”, según cuenta el abogado y líder social Miguel Ángel Castell. Con su muerte, el cantante de 40 años dejó de ser un embajador de la identidad raizal, un alegre benefactor y hacedor de oportunidades para los jóvenes artistas, y se convirtió en una víctima más de la inseguridad y la violencia intraurbana que denunciaba en sus canciones.
Por eso, el 15 de marzo, una multitud de jóvenes y artistas raizales, dolidos por la pérdida, caminaron en silencio hacia la estación de policía de San Andrés. Más tarde fueron a pedir justicia a la gobernación del departamento archipiélago y, ante el silencio de las instituciones, se tomaron el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla. Fue hasta entonces cuando el gobernador, Everth Julio Hawkins, apareció.
Lo que le pasó al ‘King of Creole’ le viene pasando a los raizales desde, por lo menos, 2004. Así lo recuerda Graybern Livingston, líder juvenil del sector de La Loma. Él cuenta que, ese año, “hubo un día en el que llovió coca”: un camión cargado con cocaína se volcó. Los isleños salieron de sus casas a recoger el oro blanco pensando en el negocio pero, con el paso de los días, todos fueron asesinados. Desde entonces, “muchos de mis compañeros se han vuelto jíbaros, otros están en la cárcel –cuenta Livingston–, otros se sientan en las esquinas a ver la vida pasar esperando una oportunidad de ganar dinero, legal o ilegal”.
El crimen de Hety evidenció una inseguridad ya conocida, pero lo que la comunidad raizal no entiende es que lo hayan matado un día de elecciones, que es cuando más policía hay en las calles. Rafael Archbold Joseph, experimentado abogado independiente de la isla, dice que desde hace décadas “cada vez que ocurre un homicidio selectivo, un acto de sicariato, alguna de las cosas terribles que han venido pasando, la única respuesta institucional es ‘vamos a incrementar el pie de fuerza’”. Archbold explica que, de esta manera, “se hacen bases de guardacosta, se traen 50 policías, se trae el Esmad, etc, etc, pero la criminalidad no baja”.
La Defensoría del Pueblo describió la amenaza que los raizales enfrentan debido a la llegada de mafias en sus alertas tempranas de 2014 y 2018. Allí explica el control, la extorsión y los homicidios a los que Los Paisas, Los Rastrojos, La Empresa y otros grupos ilegales les someten. Insight Crime publicó este año que la antigua ruta del narcotráfico hacia Centroamérica, inaugurada en los 80 por el Cartel de Cali, pertenece ahora al Clan del Golfo. Y sobre la fuerza pública, se sabe que en marzo dos policías fueron capturados por figurar en un video cargando con cocaína una avioneta posteriormente incautada en el aeropuerto El Embrujo de Providencia.
Tal vez la más importante virtud de Hety era precisamente mostrar un camino distinto a los jóvenes, a través de la resistencia política, social y cultural para la pervivencia del pueblo raizal. Por eso él ahora es un mártir y su legado, junto a años de trabajo de las organizaciones sociales, está dando frutos.
Luego de la movilización y la toma del aeropuerto, los sectores sociales organizados acordaron con el gobernador unas mesas de concertación para abordar algunos de los problemas más apremiantes para la comunidad raizal: la justicia, la inseguridad y el acceso a servicios básicos como agua, luz y salud.
El pasado 4 de abril se realizó la mesa de seguridad. Asistieron representantes de instituciones como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cárcel municipal, la Procuraduría y la Gobernación, así como congresistas y diputados electos. Del lado de la ciudadanía, llegaron por primera vez las Juntas de Acción Comunal y los consejeros de juventud, junto con líderes raizales. Exigieron que la inseguridad sea abordada de una forma integral, no solo para la judicialización de los responsables del homicidio de Hety, sino para el goce del derecho a la vida y la seguridad para todos los jóvenes y niños del sector de La Loma y San Luis.
Casi parece que los raizales se levantaron para exigirle a los dirigentes locales lo que Hety les pedía también en su último post: “A trabajar”, escribió, “porque para eso es que el pueblo los está eligiendo”.
El levantamiento
Las islas de San Andrés fueron el destino turístico colombiano más apetecido por los viajeros durante la Semana Santa del año pasado. Su capacidad hotelera llegó al 91 por ciento, aún con las restricciones por la pandemia que estaban vigentes. En la mente de miles de visitantes estos 27 kilómetros de tierra emergida del océano son un paraíso.
Lo que pocos saben es que la isla es también un territorio étnico, donde los raizales tienen sus ancestros y prácticas propias. El Estado colombiano tampoco ha sido diligente con ellos, aunque el artículo 310 de la Constitución lo exhorte a "proteger la identidad cultural de las comunidades nativas" de la isla. Apenas ahora está en proceso de aprobación el Estatuto Raizal y, luego de 10 años del fallo de La Haya que le concedió 75.000 kilómetros de mar a Nicaragua, las instituciones del interior no se han preguntado qué pasó con la antigua tradición de navegantes y pescadores de los raizales.
Lo que pasó entonces es que los raizales vieron su supervivencia amenazada y se empezaron a organizar. Jessica Pereira Hooker, líder de “Cane Roots Asociation”, una asociación de mujeres raizales, y una de las integrantes del actual movimiento de reivindicación social de la isla, lo explica con claridad: “No queremos que nos tilden de problemáticos, sino que estamos viviendo una dura realidad y, si permitimos su continuidad, no vamos a lograr ver a San Andrés como todo el mundo lo ve: como un paraíso”.
Afuera del sector turístico de North End, donde los viajeros pueden bañarse varias veces en un día para aplacar el calor, los raizales no gozan del suministro de agua. “Yo vivo en el corazón de La Loma”, cuenta Graybern Livingston, “y a mí me llega el agua durante 6 horas cada 25 días, aproximadamente”. Cuando se termina el agua almacenada, la gente sale a bloquear las calles en señal de protesta, hasta que la Gobernación envíe un carrotanque que resuelva la situación por unos días más. Es casi un ritual.
El abogado Rafael Archbold denuncia que “aquí hay gente que lleva 40, 45 años sin que les haya llegado una sola obra pública”. Miguel Ángel Castell, el abogado que integra la protesta, señala como responsables a la corrupción y la dependencia del turismo. “Cada vez proponemos e inauguramos más megaestructuras hoteleras, pero no se han resuelto los servicios básicos de la gente”, dice.
El cantante Obie-p, primo del fallecido Hety y uno de sus “compañeros de batalla” cree que la isla está descuidada. Él pide “que el gobierno controle tantos ilegales que hay haciendo cosas indebidas, que se acabe el monopolio en las oficinas y sectores públicos, que los recursos de las islas no sean desviados, que los artistas (músicos, cantantes, pintores, poetas etc,) podamos comer y sostener a nuestras familias dentro de nuestro territorio”.
“El problema de San Andrés también es un tema de liderazgo”, dice Graybern Livingston, quien consolidó su organización, Raizal Youth Organization (R-Youth), hace ocho años. Desde entonces él se ha formado y ha trabajado con decenas de jóvenes raizales. Hoy tiene aliados como la Corporación Prodepaz, el Coloquio de Pueblos Afrodescendientes de Latinoamérica y el Caribe, la Universidad de Bristol en Londres y otras organizaciones de Nicaragua y Jamaica.
Su idea es formar “personas que piensen de manera crítica, reflexiva y creativa, pero que tengan el enfoque ético dentro de su proceder”. En la actualidad hay muchos más colectivos raizales en el propósito de cambiar la realidad de su pueblo, incluso se reúnen en asambleas para hacer acuerdos y su trabajo de años ha llenado de contenido las recientes reivindicaciones.
La generación que quiere vivir en el paraíso de sus antepasados y lucha para alcanzarlo no solo es legado de Hety, aunque sí es él quien les dio el empujón que necesitaban para levantarse y exigir.
Las mesas de concertación han sido un logro, pero los activistas son prudentes, saben que no pueden perder esta oportunidad para empezar algo bueno, algo grande. “El paraíso debería ser una vida digna en el territorio”, sueña Jessica Pereira, “una buena salud y una buena educación. Unos jóvenes que tengan oportunidades y unos niños que vivan con seguridad”.
“Un paraíso no solamente es playa, brisa y mar”, concluye.