Las trabas del negocio del cannabis

Por  María Camila Díaz Esguerra

La ilusión de una próspera industria para el cannabis colombiano parecía de película, pero ahora es una pesadilla para muchos. 

Con la aprobación de su cultivo para uso medicinal, la marihuana colombiana, una de las más apetecidas del mundo, iba a pasar de los campos donde se producía, oculta y perseguida, a cotizarse en grandes bolsas de valores como las de Toronto y Nueva York. Pero la promesa de un ingreso sustancial para la economía del país no se cumplió y los beneficios monetarios se quedaron al otro lado del mar. 

A un lado de la historia está el negocio de compañías como Clever Leaves que tiene operaciones de cultivo y extracción en Colombia y Portugal, una red de distribución en la Unión Europea, inversiones en Canadá, Estados Unidos y Alemania, ganancias anuales superiores a un millón de dólares y cotización en Nasdaq. Su sede en Pesca, Boyacá, fue el sitio escogido por el presidente Iván Duque para firmar el decreto 811 que cinco años después de aprobarse la exportación de la marihuana medicinal, permitirá la venta a mercados internacionales de flor seca de cannabis. Al otro, están empresas nacionales que han debido sortear numerosas dificultades impuestas por el Gobierno. 

Jóvenes emprendedores colombianos que en 2017 se asociaron en Agromedicol son un ejemplo. Solicitaron la licencia ante Ministerio de Justicia, la Dirección de Estupefacientes y el ICA, y cumplieron los demás requisitos necesarios para poder cultivar la planta a la espera de una respuesta que debía tardar un mes. Solo un año y medio después lograron la licencia y mientras tanto continuaron luchando para conseguir dinero que venía de acciones que debieron ofrecer para capitalizarse y avanzar. “Los grandes empresarios cogen ventaja porque esto está hecho para firmas extranjeras, con músculo financiero en dólares. Los demás estamos luchando y guerreando porque estamos devaluados”, señala Juan Sebastián Rúa, uno de los socios fundadores.

También quedaron como espectadoras, completamente fuera del negocio, comunidades donde tradicionalmente se ha cultivado la marihuana, que por lo general están en zonas de conflicto. Sin éxito, intentaron participar en la industria para hacer frente al recrudecimiento de la violencia y contener los asesinatos relacionados con el narcotráfico. De 700 licencias de cultivo que se habían expedido para septiembre de 2020, según la Mesa de Concertación Permanente de los Pueblos Indígenas, ni una sola fue autorizada a las comunidades que tradicionalmente han utilizado la planta, y la solicitud de consulta previa que hizo la Mesa en la misma comunicación tampoco ha sido respondida.

Primeros obstáculos

La puerta a la regulación y producción de cannabis medicinal se abrió con el decreto 2467 de 2015 y la ley 1787 de 2016 (el cultivo propio y el consumo ya estaban regulados). La legislación fue recibida con entusiasmo en el país y fuera de él. En el papel, Colombia podía competir en términos de costos con los mercados europeos y norteamericanos. 

La ley, que coincidió con la firma del proceso de paz con las Farc, abría posibilidades a los pequeños productores ya que obligaba a las grandes compañías a comprarles al menos 10% de la producción. Y quedó abierta la posibilidad de articular el cannabis regulado con el Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS). 

Multinacionales canadienses, floricultores tradicionales y entusiastas del cannabis se embarcaron en la nueva aventura del cultivo, pero en el camino los agricultores se encontraron con las complicaciones de la burocracia y con una regulación nacional difícil y desajustada a las realidades del país, así como con mercados proteccionistas en el extranjero y olas de especulación financiera nacional e internacional. 

Para algunos, como el exsenador y candidato presidencial Juan Manuel Galán –ponente del proyecto que permitió la legalización–, la afectación a las empresas nacionales surgió en el actual Gobierno, que se demoró en la reglamentación y generó incertidumbre y desconfianza. “Los cambios que se necesitaban llegaron en febrero de 2021, al autorizarse la exportación de la flor seca y, recientemente, incluirse el cannabis dentro de los medicamentos en el Plan de Beneficios en Salud, financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC)”, explica Galán.

Sin embargo, la carga burocrática y los costos de la industria han resultado difíciles de sortear para los productores nacionales. Y para los pequeños cultivadores indígenas y campesinos se han vuelto absolutamente prohibitivos. Uno de los problemas más graves de exclusión de las comunidades originarias, para conocedores de la tradición como Diego Chiguachi, de la Corporación Custodios de Semillas, es que la normatividad se hizo pensando en el cannabis como planta foránea, cuando para el pueblo tubú del Vaupés, la marihuana hace parte de su “canoa del conocimiento desde que el tiempo es tiempo, desde que el mundo es mundo y desde que el hombre es hombre”, según comentó la autoridad indígena Imika Tariru en el foro Cannabis planta sagrada ¿regulada por el mercado?

El PNIS también dejó afuera estas comunidades, pues su acción se centra en cultivos de coca y, si los productores de marihuana quisieran participar, la ley no les permite legalizar cultivos preexistentes. Es decir, tendrían que arrancar toda la producción que tienen, pedir la licencia y volver a sembrar empezando desde cero.

Según las tarifas expedidas por el Ministerio de Justicia para 2021, la de uso de semilla cuesta alrededor de $10.6 millones; las de cultivo de cannabis psicoactivo alrededor de $37.2 millones; y la de cultivo de cannabis no psicoactivo (cáñamo) alrededor de $12.7 millones. Los productores que obtuvieron licencia declaran que el proceso de espera es lento. Los valores son imposibles para emprendimientos nacionales, que deberían recibir un trato especial dentro de los planes de mipymes del Gobierno.Sin apoyo financiero, científico ni tecnológico del Estado, es muy difícil que el país logre desarrollar esta industria.

Un camino de especulación 

Parte del interés de las multinacionales en Colombia se dio porque el mercado canadiense estaba monitoreando el nacional. Un informe presentado en 2019 por la firma Econcept y firmado por los exministros Juan Carlos Echeverry (ahora miembro de la junta directiva de la compañía canadiense de cannabis Khiron), Mauricio Santamaría y Tomás González, hablaba de un potencial de exportaciones de $17.700 millones de dólares (superior al del petróleo), lo cual generaría más empleos que la industria de las flores y el cacao, e implicaría mayores recaudaciones de impuesto sobre la renta que las generadas por todo el sector agrícola. Sin embargo, estas promisorias cifras no se han concretado. 

Como si fuera poco, la reglamentación aún es insuficiente para otros usos. Como menciona Diana Valenzuela, directora jurídica de Anandamida, todavía falta que el Invima avance con la reglamentación de emergencia de otros usos del cannabis como el alimenticio, que podría significar una salida para la industria nacional y las comunidades.

Para sobrevivir, los productores también esperan una ampliación del mercado de la medicina cannábica en Colombia, ya que se calcula que hasta 5 millones de pacientes podrían beneficiarse. Otros han preferido mirar hacia el mercado del cannabis no psicoactivo (cáñamo), puesto que sirve como materia prima para otros insumos que van desde plásticos hasta telas, y tiene una menor carga burocrática. 

Sin embargo, el verdadero horizonte de la industria colombiana sería la regulación del uso adulto del cannabis, porque permitiría ampliarse hacia otros horizontes de producción relacionados con mercados de nicho que aprecian aspectos como la denominación de origen y las técnicas de cultivo propio. Además, abriría posibilidades reales para los productores campesinos y, así, podría haber, por otra parte, una abundante oferta de empleo y producción propia en las zonas de conflicto.