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Ofrecen recompensa para dar con los responsables del atroz crimen de Sara Millerey.
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Caso Sara Millerey: familia y alcaldesa de Bello alertan que dos procesados podrían quedar libres por retrasos judiciales

Más de un año después del asesinato de la mujer trans en Bello, sus familiares denuncian que los aplazamientos reiterados en las audiencias ponen en riesgo la continuidad de la detención de los dos únicos capturados.

Por: Juan David Cano

Sara Millerey González Borja, mujer trans de 32 años, cuya muerte en el municipio de Bello generó indignación en todo el país, cumplió más de un año sin que el proceso judicial haya alcanzado una decisión de fondo.

Ahora, sus familiares denuncian que los constantes aplazamientos de las diligencias pusieron en riesgo la permanencia en detención de los dos únicos procesados por el crimen, y tanto la familia como la alcaldesa de Bello reclaman a la Fiscalía que actúe con mayor rapidez.

Lo que se sabe hasta ahora del asesinato de Sara

Sara Millerey fue asesinada el 4 de abril de 2025. Según la Fiscalía, los presuntos responsables la retuvieron, la llevaron a una vivienda donde la golpearon hasta fracturarle las extremidades y causarle lesiones graves en todo el cuerpo.

Luego arrojaron su cuerpo a la quebrada La García. Tras ser trasladada a un centro médico, murió por la gravedad de las lesiones.

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El asesinato de Sara Millerey generó indignación y múltiples manifestaciones en contra de la violencia contra el género trans. Crédito: Colprensa.

Las autoridades identificaron que en el crimen habrían participado entre cuatro y cinco personas, y señalaron que los hechos estarían vinculados al control territorial que una estructura delincuencial ejercía en esa zona del norte del Valle de Aburrá.

Los dos hombres capturados y formalmente acusados por el caso son Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido con los alias Teta o Teté, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, presuntos integrantes de la banda criminal El Mesa.

Ambos enfrentan cargos de homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad.

El riesgo de libertad por vencimiento de términos

Juan Camilo González, tío de la víctima, explicó en TeleMedellín que el proceso acumula una serie de aplazamientos que pusieron a los procesados cerca de cumplir el tiempo máximo de detención preventiva que permite la ley sin que haya una decisión judicial de fondo.

El hombre atribuyó parte de los retrasos a la fiscal que llevaba el caso antes de pensionarse.

"Se han aplazado debido a que anteriormente una fiscal tenía este caso y estaba próxima a pensionarse y por sus cumpleaños, entonces hubo unas celebraciones y ella pospuso las audiencias", señaló González.

El familiar indicó que con la llegada de un nuevo fiscal el ritmo tampoco mejoró y que una audiencia prevista para esta semana tampoco se realizó.

Según la Ley 906 de 2004, la detención preventiva no puede exceder un año, por lo que la acumulación de aplazamientos genera la posibilidad de que la defensa solicite la libertad de los procesados antes de que haya una sentencia.

La madre de Sara Millerey, Sandra Borja, también habló: "Ha pasado más de un año desde la muerte de mi hija y todavía no veo que se tomen decisiones. Eso me entristece mucho, eso me duele mucho, y por eso le pido, por favor, a la Fiscalía, a los jueces y a la justicia que obren rápidamente".

La alcaldesa de Bello exige celeridad

También habló la alcaldesa de Bello, Lorena González, quien reconoció que el proceso no ha avanzado al ritmo que el caso exige e hizo un llamado a la Fiscalía para que actúe antes de que los términos procesales se conviertan en un obstáculo para la justicia.

"Hacemos un llamado urgente ante el ente acusador para que no eluda la tipificación adecuada del delito. Los hechos de público conocimiento por su extrema crueldad configuran un transfeminicidio y no pueden ser tratados simplemente como un homicidio agravado", dijo.

La audiencia que debía celebrarse el 9 de junio, considerada clave para el futuro de la detención de los procesados, no se realizó y deberá ser reprogramada.

Ese aplazamiento, señalaron tanto los familiares como fuentes jurídicas, aumenta la presión sobre los tiempos del proceso en un caso que sigue sin llegar a juicio más de catorce meses después del crimen.

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