Las violencias invisibles que sufren los indígenas embera en Bogotá

El 19 de octubre Bogotá vivió una potente manifestación indígena en el centro de la ciudad. Hombres, mujeres y niños de la comunidad embera se confrontaron directamente con el Esmad; el episodio dejó 27 heridos, entre ellos 14 policías.

Los videos masivamente compartidos en redes sociales de los ultrajes a miembros de la Policía indignaron a cibernautas y líderes de opinión que rápidamente optaron por lanzar juicios que, más allá de los repudios a la violencia, cayeron en la discriminación y el racismo.

Los indígenas argumentaron que su protesta era perentoria debido a las desatenciones recurrentes del Distrito en la Unidad de Protección Integral La Rioja, el albergue al que fueron trasladados luego de estar asentados por meses en el Parque Nacional.

Entre los incumplimientos denunciados por los indígenas está la falta de agua potable, el hacinamiento de casi 200 por ciento, la propagación de enfermedades en el albergue e incluso la muerte de 21 personas en el último año, 80 por ciento de ellos niños.

Para Laura Quintana, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes, hay un desnivel en la visibilidad que se le da a una agresión física -como la que ocurrió contra patrulleros y gestores de convivencia el pasado miércoles a manos de indígenas-, y las violencias “estructurales lentas”.

Quintana explicó en entrevista para CAMBIO que la desigualdad social, el racismo, y abandono del Estado de los que vienen siendo víctimas desde hace décadas los embera se traducen en promesas incumplidas, condiciones de vida indignas, olvido, y deshumanizaciones que, con el tiempo, van sumando gotas al vaso que se rebozó.

“Es muy injusto que se enfoque la atención solo en el gesto agresivo, perdiendo de vista todas las condiciones desesperadas y contexto de violencia lenta hacia los indígenas”: Laura Quintana, filósofa que ha dedicado parte de su carrera a estudiar la rabia y el resentimiento.

Para Quintana, quien expresamente señala que la violencia es injustificable, una medida para dar solución a la confrontación compleja entre Policía e indígenas en Bogotá es que la respuesta a las protestas con violencia escalada no sea únicamente el castigo a los responsables de las agresiones, sino, con una visión más ampliada, una atención a las afectaciones estructurales hacia la comunidad.

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“Esas sanciones penales siempre quedan insuficientes desde el punto de vista de la justicia, porque oculta el hecho de que estas personas también reaccionan a violencias sistemáticas que han padecido”.

Por la misma línea, Alhena Caicedo, directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, también destaca entre las violencias contra los embera -una de las etnias más afectadas por el conflicto armado- el despojo y desplazamiento, el asedio de los grupos armados en Chocó, Risaralda y Antioquia, las afectaciones ecológicas a sus tierras, y la urbanización obligada producto de todo lo anterior.

El racismo contra los embera

La antropóloga Caicedo explica que las desigualdades hacia este grupo poblacional vienen, en parte, de un racismo arraigado que tiene origen desde hace siglos, cuando en la época colonial se debatía si los indígenas eran considerados humanos o personas de segunda categoría.

“La vestimenta, la manera de interactuar, el no saber español hacen que haya una serie de prejuicios que los miran como poblaciones precarias y salvajes. Esto se reproduce porque no hay un correlato que permita al ciudadano de a pie comprender que son una población desplazada y qué los hace empobrecido”.

Para Alberto Benavides, autor del libro Tiempos de vida y muerte: Memorias y luchas de los pueblos indígenas en Colombia, el racismo hacia los pueblos ancestrales se sostiene en el país porque las diferencias culturales no se ven desde la diversidad de maneras de ver el mundo, sino desde el señalamiento de una inferioridad.

Además, según Benavides, en Colombia persiste la idea errónea de que lo que se sale de lo normal, debe ser tratado de forma represiva o violenta, una teoría que encaja con las realidades que afrontan la mayoría de las etnias en Colombia.

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“Es como volver a pensar que son anomías, y a las anomías se les encarcela, hospitaliza o lleva a un manicomio”

En días posteriores a la protesta en el centro de Bogotá, en redes sociales se vieron varios mensajes que apelaron al discursos repetitivos y estigmatizadores. Incluso la misma alcaldesa Claudia López dijo que los indígenas del albergue La Rioja "se gastan las ayudas que el Distrito les da en licor", una oración que lejos de aportar a la compleja situación de derechos humanos y confrontación, contribuye a reforzar los estereotipos y el rechazo hacia esa comunidad.

Hasta el momento se han planteado soluciones a la situación de precariedad desde las ayudas humanitarias enviadas por el gobierno y la alcaldía -empezando por el suministro de agua potable y energía eléctrica y pasando por contemplar otros lugares que puedan servir como albergues más dignos, entre ellos bienes de la SAE-, pero los expertos consultados por CAMBIO argumentaron que, si bien este tratamiento es necesario, también se necesitan soluciones que se tracen a largo plazo.

Una alternativa puede ser la proyección y cumplimiento de acuerdos para la inclusión urbana o retorno a sus territorios (con garantías de seguridad), teniendo como eje principal de la política pública que los miembros de la comunidad indígena son sujetos políticos en la realidad del país y no solamente un grupo poblacional que necesita asistencia humanitarias.