Los millonarios contratos que la Registraduría quiere dejar firmados antes de año nuevo

Después de perder la puja en el Congreso por el nuevo Código Electoral, la Registraduría Nacional, dirigida por Alexander Vega, vuelve a estar en el centro de atención, esta vez por cuenta de dos multimillonarios procesos de contratación que estarían listos antes de finalizar el año.

El primero, y más cuantioso, es por 205.000 millones de pesos. El objeto es "prestar el servicio de una solución tecnológica y logística para la implementación y puesta en marcha del proceso de inscripción de ciudadanos y el registro virtual de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes de voto en blanco", todo esto para las elecciones regionales de octubre de 2023.

La convocatoria fue publicada el pasado 23 de noviembre y, según el cronograma, el próximo 20 de diciembre, menos de un mes después, se sabrá a qué ofertante se le adjudicó.

El objetivo de la Registraduría, según la documentación del proceso, es hacer más eficiente el proceso de inscripción de cédulas para las próximas elecciones, para lo cual tiene un plazo de diez meses, que empezaron a contar desde octubre de este año. Este proceso será virtual y manual, aunque los registros que se hagan en papel deben ser digitalizados. Además, con la optimización de las inscripciones, la Registraduría quiere combatir la trashumancia electoral, es decir, cuando se inscribe la cédula en un lugar distinto al que se reside, una de las formas más tradicionales de corrupción al votante en Colombia.

Sin embargo, el multimillonario valor del contrato no pasa inadvertido y más aún cuando un proceso similar fue llevado a cabo por un monto mucho menor al que se quiere adjudicar este mes. Así lo alertó la representante Catherine Juvinao, quien afirmó que un contrato con un objeto casi idéntico fue firmado en 2018 pero por una tercera parte de lo que costará el de este año.

Se trata de un contrato adjudicado en octubre de 2018, antes que Alexander Vega fuera designado como registrador, y cuyo objeto fue "contratar una solución integral que proporcione los bienes y servicios necesarios para llevar a cabo el proceso de inscripción de ciudadanos" para las elecciones regionales de 2019. Dicha "solución integral" se refiere al suministro de tecnonolgía de hardware y software para la inscripción de ciudadanos a las elecciones, tal como se lee en parte del pliego de condiciones de ese proceso:

Los servicios contratados en esa época son similares a los que se quieren contratar este 2022. La única diferencia es que en el contrato de 2018 no se hace mención a la inscripción de grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y comités independientes. Aún así, ese proceso de hace cuatro años costó 65.000 millones de pesos, es decir, 140.000 millones de pesos menos que el contrato para las elecciones de 2023. Por esto, en el Congreso cuestionan los motivos de un incremento tan alto en el costo respecto a lo que se adjudicó para las elecciones pasadas.

El segundo gran contrato

El otro contrato millonario que la Registraduría adjudicará en los próximos días es uno cuyo valor asciende a los 92.000 millones de pesos. Su objeto es el de "implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información misional y ciberseguridad para la infraestructura tecnológica de la Organización Electoral", un asunto crítico para las entidades públicas en Colombia en el último año por los sofisticados ataques informáticos de los que han sido víctimas el Invima, el Ejército Nacional, la Fiscalía y EPM.

El proceso inició hace tan solo 15 días (primero de diciembre) y será adjudicado el 26 de diciembre próximo. Para la congresista Juvinao, es llamativo que el valor de este contrato sea superior al costo de otros sistemas de ciberseguridad contratados por entidades públicas como la Policía Nacional (4.000 millones de pesos) y de la Dian (68.000 millones de pesos).

Otro caso es el del proceso que adelanta la Contraloría para contratar los servicios de seguridad de la entidad por un costo de 13.000 millones de pesos. Aparte de tener un valor inferior al de la Registraduría, también llama la atención la duración de cada uno de los contratos. Mientras que el de la Contraloría está fijado para tres años, el de la Registraduría irá solamente hasta diciembre de 2023.

Lo mismo sucede con el contrato que recientemente adjudicó la Fiscalía para el mismo objeto a la empresa Claro por un valor de 179.000 millones de pesos. Aunque el monto supera al de la Registraduría, la duración es por tres años y no por uno solo.

Por ahora, la Registraduría no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre los cuestionamientos a los millonarios procesos de contratación que están próximos a adjudicarse.