¿Nuevo conflicto de interés?: funcionario que tomó medidas contra el GEA tiene relación con los Gilinski

El pasado 4 de noviembre el Grupo de Inversiones Suramericana (Sura) informó, a través de un comunicado oficial, que dos integrantes de su junta directiva habían sido inhabilitados por parte de la Superintendencia de Sociedades para votar en la decisión de la cuarta Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la compañía de alimentos Nutresa, que es pretendida por el fondo kuwaití IHC, detrás del cual está la familia real de los Emiratos Árabes Unidos, quienes son socios de la familia Gilinski y financiadores de la toma que hicieron del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Luis Javier Zuluaga Palacio y Sebastián Orejuela Martínez fueron los dos directores bloqueados por la entidad debido a conflictos de intereses derivados de nexos familiares en cuarto grado de consanguinidad.

Siendo así, de los siete miembros de la junta directiva, solo cinco están habilitados para votar y es acá donde está el conflicto de interpretaciones del que depende el futuro de Nutresa.

Por un lado, los Gilinski argumentan que, al haber un nuevo quorum, solo harían faltan tres votos para decidir, y como ellos ya tienen tres miembros en la junta directiva, podrían consolidar la mayoría suficiente para que se ordene vender a los emiratíes las acciones que el Grupo Sura tiene en Nutresa.

En la otra orilla está la versión de Sura, la cual señala que, según el Código de Comercio en Colombia, así como los estatutos de la sociedad, el quorum necesario para decidir es de cuatro votos, por lo que a los Gilinski, al solo tener tres por el momento, siguen impedidos para vender las acciones al fondo IHC.

¿Nuevo conflicto de intereses?

Pero además del debate jurídico que se ha suscitado sobre la cantidad de votos suficientes, un nuevo dato fue revelado sobre el funcionario de la Superintendencia de Sociedades que ordenó la medida cautelar contra los dos miembros de la junta directiva anteriormente mencionados.

Se trata de José Nicolás Mora Alvarado, encargado de la Dirección de Jurisdicción Societaria, una instancia que sirve para resolver conflictos que se presenten entre accionistas de una compañía. Este funcionario tiene una relación de larga data con la firma de abogados Gómez Pinzón, la que a su vez tiene a su cargo la representación de la familia Gilinski.

Hasta hace poco, Mora Alvarado era asociado sénior del equipo de resolución de conflictos y protección de inversiones de dicha firma, aún así nunca mencionó este hecho al tomar la decisión sobre la junta del Grupo Sura.

Además, el funcionario fue fotografiado el pasado fin de semana cuando asistió a una reunión social junto con la doctora María Valentina Díaz Gómez, su pareja sentimental y abogada asociada de la firma Gómez Pinzón, así como con otros miembros activos de esta compañía.

Por esta razón, el Grupo Sura envió el pasado 8 de noviembre un derecho de petición a la Superintendencia de Sociedades para conocer cuáles son las relaciones profesionales y comerciales de Nicolás Mora con la firma Gómez Pinzón, pues esto lo habría inhabilitado legal y éticamente para tomar la decisión de hace unos días en relación con la OPA por Nutresa.

Otras coincidencias

Además de la relación del funcionario Mora con los Gilinski, en el reporte Coronell también se revelaron otras interesantes coincidencias alrededor de la puja de los emiratíes por comprar las acciones del Grupo Sura en Nutresa.

José Nicolás Mora es subalterno de Billy Escobar, actual superintendente de Sociedades, quien fue nombrado en el gobierno de Iván Duque y ratificado en la actual administración de Gustavo Petro.

En su momento, Escobar fue posesionado por la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, quien lo elogió a través de cuenta de Twitter el primero de diciembre del 2021. 

Lombana, por ese entonces, estaba enfocada en dejar listo el Tratado de Libre Comercio con los Emiratos Árabes Unidos, cuya familia real está detrás del fondo que quiere entrar en la compañía más grande de alimentos en Colombia.

Pero eso no es todo, la exministra Lombana, después de salir de su cargo en el gobierno de Iván Duque, entró a la junta directiva del Grupo Sura y es uno de los tres votos que tienen asegurados los Gilinski a favor de la venta.