Preguntas agrarias
7 Octubre 2022

Preguntas agrarias

La extrañísima decisión que anunciaron el presidente Gustavo Petro y su ministra de Agricultura, consistente en lanzar el programa de adquisición de tierras para cumplir con el punto número uno de los acuerdos de paz, del brazo de Fedegan, suscita varias preguntas:

Por: Juan Camilo Restrepo

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

¿Por qué y a qué título se le otorga a un gremio privado como Fedegan el papel de socio privilegiado para la adquisición, por el Estado, de 3 millones de hectáreas, tema incluido en el punto número uno de los Acuerdos de Paz, acuerdos a los que siempre se opuso Fedegan?

En repetidas oportunidades se había dicho por boca del presidente Petro, que, para comprar esas 3 millones de hectáreas se requería cambiar el marco fiscal de mediano plazo (MFMP), pues había que acelerar el proceso de endeudamiento público toda vez que la operación costaría 60 billones de pesos que no los tiene el Estado. ¿Quedó superada esa dificultad en el acuerdo con Fedegan?

El acuerdo consiste en que toda la tierra requerida para cumplir con el punto número uno de los acuerdos de paz (3 millones de hectáreas) provendrán de compras que a los ganaderos les haga el Estado colombiano. ¿Esto significa que tierras no ganaderas, o de ganaderos que no pertenezcan al consorcio de Fedegan no calificarán como parte idónea dentro de los programas agrarios del Gobierno de Petro?

¿A qué precio se comprarán las tierras del consorcio ganadero que está organizando Fedegan entre sus afiliados? ¿Se utilizarán los precios catastrales actuales de estas tierras, protuberantemente alejadas de sus valores comerciales? ¿O habrá una actualización previa de los precios catastrales? ¿Y en tal caso, quién hará esa actualización? ¿El Igac? ¿O se levantará previamente el catastro multipropósito en todas las áreas de las tierras del consorcio ganadero que van a negociarse?

¿El Estado hará previamente inversiones de bienes públicos en las tierras que adquiera (adecuaciones de riego, carreteras, etcétera) en las tierras que negocie, antes de entregarlas a los campesinos, pues se entiende que la reforma no consiste en entregar tierras “peladas” sino vestidas con servicios públicos para provecho de los campesinos que las reciban?

¿El Estado se limitará, para los fines agrarios, a adquirir tierras provenientes del consorcio ganadero Fedegan (se habla de 3 millones de hectáreas), o adquirirá tierras provenientes de otro tipo de vendedores? Dicho en otras palabras: ¿habrá un monopolio vendedor, o se trata de negociaciones abiertas a todo aquel que desee poner sus tierras en venta?

¿Qué controles se van a establecer para verificar la limpieza de los títulos de las tierras que se ofrezcan en venta al Estado? ¿Y cómo se procederá cuando se trate de baldíos ocupados que, según fallo reciente de la Corte Constitucional, pueden utilizarse solamente para fines de reforma agraria, sin costo fiscal para el Estado?

¿Qué papel va a desempeñar en el funcionamiento del consorcio vendedor de tierras el fondo parafiscal de la carne y la leche (que se nutre con fondos públicos provenientes de los aportes parafiscales que realizan los ganaderos)? ¿Es diferente de la agremiación de derecho privado (Fedegan) que maneja ese fondo parafiscal?

Como sucede en la generalidad de los negocios atinentes a la compraventa de inmuebles, ¿está prevista algún tipo de comisión para quien pone en contacto vendedores y comprador? ¿Si tal fuera el caso, quién va a recibir y quién va a pagar dichas comisiones? ¿La Contraloría ha sido consultada sobre la viabilidad jurídica de este acuerdo?
Estas y muchas otras preguntas suscita este extraño acuerdo anunciado. Sería bueno que tuvieran una pronta respuesta.

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí