¿Quién está matando a los awá?

El asesinato de tres indígenas awá, entre ellos un gobernador suplente, en el resguardo awá Inda Sabaleta (cercano a Tumaco, Nariño), ha dejado más incógnitas que certezas. La vicepresidenta Francia Márquez publicó un tuit en el que lamentaba el asesinato del gobernador encargado Juan Orlando Moreno. 

La presencia de grupos armados ilegales se ha convertido en una constante en la zona, que es una de las rutas principales de narcotráfico por el país. Pero además de ser ruta, también es una de las zonas en que se concentra más cultivos ilícitos de coca, lo que ha terminado por sumergir a las comunidades en una constante incertidumbre sobre los actores armados que hacen presencia allí, además de someterlos a lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha calificado como un exterminio étnico y social. Mientras la violencia asciende, los indígenas continúan pidiendo que los protejan de las masacres. 

 

“La masacre de nuestras autoridades es un exterminio contra nuestro pueblo”

Las peticiones por protección llegan desde el mismo resguardo. Luego de que los tres hombres fueron asesinados a bala frente a la comunidad entera, y varios miembros más del pueblo quedaran heridos de gravedad, el miedo regresó. Esta no es la primera masacre que ocurre en el resguardo. 

Ya en agosto del año pasado el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo había advertido sobre el inmenso riesgo que corrían, luego de que hasta el resguardo llegara una incursión armada de al menos 500 hombres. Esto desató un primer combate con los grupos armados ilegales que ya estaban asentados allí desde antes, lo que significó que el 3 de agosto murieran 6 personas, entre ellas una mujer embarazada víctima de una mina antipersonal. 

Pero incluso antes ya había ocurrido una masacre más grande. El 28 de septiembre de 2020, cinco indígenas awá fueron asesinados y otros cuarenta fueron secuestrados. Esto causó un desplazamiento masivo del resto de la comunidad que, desde entonces, aseguró no saber con certeza cuáles eran los grupos que los estaban asesinando. 

“Esta situación ha sido difícil. No hemos conseguido disminuir o solucionar estas vulneraciones que vivimos, día a día tienden a empeorar. En cuestiones de los territorios vemos muy poco la inversión social por parte de la institucionalidad y del Gobierno. Por eso entre más pasa el tiempo, cada vez es peor. Las violaciones a los DD.HH. por parte de los grupos que operan en la región son cada vez peores”, asegura Riber Nastascuas, consejero mayor del pueblo awá que habita en el resguardo. 

Para él, la vida no ha sido lo mismo desde que el conflicto se agudizó en su territorio: “Tenemos amenazas, asesinatos, reclutamientos, minas antipersonal, desplazamientos masivos, hemos vivido en constantes situaciones de amenaza de orden público. Pero también podemos ver en estos últimos 3 o 4 años un aumento en las cifras de esas violaciones a los DD.HH. Tan solo este año llevamos 11 asesinatos y un sinnúmero de otras violaciones”, asegura. 

Sin embargo, lo que más lo inquieta es que, de acuerdo con las autoridades del pueblo, no hay certeza sobre quiénes son los responsables de los asesinatos: “Un día se presentan como una cosa y al siguiente como otra. Eso hace que usted no sepa con quién está hablando, con quién puede negociar para que no le hagan daño. Para nosotros la masacre de nuestras autoridades es un exterminio contra nuestro pueblo”. 

“Quieren quedarse con la joya de la corona”

El 29 de julio de 2020, un fallo emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto otorgó en segunda instancia el derecho al pueblo awá para prohibir el ingreso al resguardo por parte de la fuerza pública para realizar erradicaciones forzadas. 

Luego de que el 22 de abril del mismo año el comunero Ángel Artemio Nastacuas fuera asesinado por un policía antinarcóticos después de un proceso de erradicación, el Tribunal determinó que en el resguardo no se podrían hacer este tipo de actos sin la autorización de la misma comunidad, a través de un proceso de consulta previa. 

“Desde que emitieron ese fallo, las cosas empeoraron porque nosotros quedamos amarrados para proteger a los civiles”, asegura el general Jaime Alonso Galindo, líder de la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules, la encargada de hacer presencia en la zona del Pacífico nariñense. Para el general Galindo, fue justamente el fallo el que terminó de agudizar el conflicto en toda esta región, pues ahora los grupos armados van por lo que él llama la joya de la corona en el narcotráfico. 

“Son al menos cuatro grupos armados ilegales los que hacen presencia acá y todos ellos están peleando por quedarse con la joya de la corona, que son los cultivos de uso ilícito que, con la orden del tribunal, se duplicaron desde hace un año”, dice el general. De acuerdo con los datos que emitió el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), el año pasado, esta región tenía 26.000 hectáreas de cultivo de coca. Para este año, esa cifra se duplicó y el general calcula que ahora deben existir, como mínimo 56.000 hectáreas. 

Una disputa de muchos grupos 

De acuerdo con el general Galindo, los cuatro grupos que se disputan el control de los cultivos son: el ELN, que ha hecho presencia allí desde hace más de 40 años. Dos facciones de las disidencias, una de ellas aliada a la Segunda Marquetalia, y la otra es la columna Oliver Sinisterra. Y, el cuarto grupo fue el que terminó de agudizar la disputa, pues son parte de las disidencias que bajaron desde el Cauca para intentar apoderarse de los cultivos allí presentes. 

Pero, Kyle Johnson, cofundador e investigador de Conflict Responses (CORE), asegura que de acuerdo a lo que han investigado, desde hace más de 10 años los grupos allí presentes han recibido financiación por parte del Cártel de Sinaloa: “El cártel de Sinaloa empezó a operar desde Esmeraldas, en Ecuador, desde hace más o menos 10-11 años, usándolo como una base de operaciones y tráfico con el fin de sacar la coca que venía de Colombia, pasándola por esta ruta. Hay buena parte de esa coca que viene, por ejemplo, desde Putumayo y se trafica por Ecuador, para darle salida hacia el resto del mundo. Ahora en Nariño el Cártel de Sinaloa financia y supervisa envíos de droga desde allá. Lo que uno encuentra ahora es que cuando se detienen las lanchas rápidas que transportan coca, usualmente uno encuentra ecuatorianos, colombianos y alguien de Centroamérica que es quien los va supervisando”, asegura. 

Para el general Galindo, es imposible que los pobladores de la zona no conozcan quiénes son los actores armados: “Porque viven y trabajan con ellos”, dice. Pero el Consejero Nastascuas insiste en que los grupos se han multiplicado tanto, que ya no es posible tener certezas pues algunos días los combatientes se presentan con un nombre, y otros con otro nombre. 

Ante la crisis, los Awá piden una cosa: mayor presencia institucional. Y lo resumen diciendo que cada vez que ha ocurrido una masacre, son ellos mismos quienes han tenido que sacar los cuerpos y llevarlos hasta Tumaco, pues ninguna entidad ha llegado a ayudarlos. Para el Consejero, una intervención humanitaria es más que urgente: “El gobierno saliente no ha intervenido en nada. No hay instituciones pendientes o presentes para ayudar a reactivar las ayudas. No han atendido las desapariciones, ni los desplazamientos, ni los asesinatos. Esperamos que con el gobierno entrante se puedan activar medidas colectivas de protección a nuestros territorios que permitan que podamos vivir en paz otra vez y que pare el exterminio en nuestra contra”.