Alerta en la SAE: bienes de narcos podrían regresar a manos de la mafia

La situación que encontró el gobierno Petro en la Sociedad de Activos Especiales no podría ser peor. Además de que los listados entregados son apenas unos exceles vulnerables e inconsistentes, y de que los bienes incautados al narcotráfico se los han feriado entre políticos y particulares, ahora una ligereza por parte de la Fiscalía General de la Nación pone en riesgo los bienes que el Estado le ha extinguido a las mafias.    
  

El asunto es que la Ley 1579 de 2012, que contiene las disposiciones para que los bienes en proceso de extinción de dominios no puedan ser vendidos, negociados u ocultados, debía ser prorrogada a petición de la Fiscalía en octubre de este año. El ente acusador, que es la parte procesal que representa al Estado, no hizo la solicitud y la ley se encuentra sin vigencia. La falta de esta norma pone en riesgo los procesos de extinción de dominios que, sin la inscripción de medidas cautelares, permite que las personas a las que se le decomisaron los bienes retomen su control.

La alerta la elevó el presidente de la Sociedad de Activos Especiales, Daniel Rojas, ante el fiscal Francisco Barbosa mediante una comunicación enviada el pasado 21 de octubre a su despacho. En la carta, Rojas le pide al fiscal que actúe de acuerdo a su calidad de sujeto procesal y “solicite a la autoridad registral la renovación de todas las medidas cautelares que cuentan con más de 10 años de inscripción”. 

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“Es importante mencionar que tenemos conocimiento de que, en diferentes Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos del país, ya existen solicitudes de esta naturaleza elevadas por los afectados pretendiendo la aplicación del efecto normativo, por lo que es de suma importancia que se desplieguen todas las medidas necesarias para evitar su materialización”, advierte el presidente de la SAE.

Asimismo, Rojas conminó al fiscal Barbosa a que informe de este hecho a los fiscales delegados para la extinción de dominio y solicite a la autoridad registral la renovación de todas las medidas cautelares que cuenten con más de diez años de inscripción. La Ley 1579, conocida como el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos, fue decretada por el presidente Juan Manuel Santos el primero de octubre de 2012 y su vigencia debe ser renovada cada diez años. Renovación que el fiscal Barbosa habría dejado vencer. 

El asunto es tan sensible que ya abogados de los narcotraficantes y sus testaferros se percataron del vacío jurídico y han empezado a llegar a las oficinas de registro e instrumentos públicos, para exigir el levantamiento de las medidas y así poder retomar la administración de los bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.