Con la renuncia de Rodolfo Hernández al Senado ¿qué pasará con el caso Vitalogic?

La renuncia de Rodolfo Hernández a su curul de senador se materializó. El pasado 21 de septiembre, el ingeniero anunció que dejaría el Congreso debido a que no se sentía cómodo con su nueva posición y sugirió que planea buscar un nuevo cargo popular en las elecciones regionales de 2023. Sus allegados aseguran que le apunta a la Gobernación de Santander, después de haber gobernado Bucaramanga durante el periodo 2016-2019 y abandonar la Alcaldía con altos índices de popularidad, pese a ser el protagonista de múltiples polémicas. Finalmente, el exalcalde de la capital santandereana radicó su carta de dimisión ayer, 11 de octubre, la cual le fue aceptada.

Después de dos meses y tres semanas en el Capitolio, se va sin pena ni gloria y soportando las críticas de millones de electores que votaron por él con la esperanza de que fuera presidente y, tras su derrota, confiaban, como mínimo, en que realizara control político al Gobierno de Gustavo Petro.

Pero la salida de Hernández tiene otra arista que va más allá del impacto mediático. Se trata del camino que tomarán los diferentes procesos judiciales que se adelantan en su contra y que ahora reposan en la Corte Suprema de Justicia. Luego del sorpresivo paso del ingeniero a la segunda vuelta, mucho se habló sobre lo que ocurriría con estas investigaciones y sobre cómo pasarían de la Fiscalía a la Corte en caso de que perdiera. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Por ser el perdedor de la segunda vuelta y gracias al Estatuto de Oposición, Hernández accedió al Senado y se posesionó el 20 de julio junto con los demás congresistas. Su investidura como legislador obligó a que la Fiscalía enviara todos sus procesos a los despachos de la Corte Suprema, el órgano de cierre que es el único facultado para investigar a los miembros del Congreso.

Es decir, la comisión de presuntos delitos en el caso Vitalogic, el expediente más sonado que involucra al ingeniero, no estará más a cargo de un magistrado sino de un fiscal. A Hernández se le acusa de haber direccionado un contrato por más de 700.000 millones de pesos durante su etapa como alcalde de dicha ciudad. En esa época, presuroso por solucionar los problemas alrededor de las basuras en la ciudad, abrió una licitación que terminó beneficiando a Vitalogic, una compañía con experiencia en reciclaje y manejo de residuos. El meollo del asunto es que uno de sus hijos, Luis Carlos, había celebrado previamente un acuerdo con esta empresa mediante el cual recibiría una comisión si el contrato les era adjudicado. La 'jugadita' se hizo pública justo antes de que la adjudicación quedara en pie y el entonces alcalde echó para atrás todo el proceso. 

Eso no lo libró, en todo caso, de que la Fiscalía abriera una investigación y recolectara pruebas que demostrarían que tenía conocimiento del proceder de su hijo. Hernández insiste en su inocencia y asegura que la corrupción tocó en su casa y él le cerró las puertas. Esas pruebas pasaron a la Corte Suprema, una vez se posesionó como senador, y ahora volverán al ente acusador a raíz de su renuncia.

“Los procesos deben pasar a la jurisdicción ordinaria ya que se concretó su salida del Congreso. La Corte Suprema de Justicia pierde el fuero ya que esos delitos no se cometieron con ocasión a su función como senador. De lo contrario, la Corte sí debería mantener competencia”, advirtió José Luis Moreno, socio fundador de la firma Muva Legal. 

En el mismo sentido se pronunció Juan Carlos Álvarez, coordinador de la especialización y maestría en derecho penal de la Escuela de Derecho de Eafit, quien también enfatizó en el cambio de sistema por el que se debe regir el proceso con el traslado del expediente a la Fiscalía. 

“La Corte Suprema pierde competencia para continuar las investigaciones y debe remitirlas a la Fiscalía General de la Nación, con el añadido de que la Fiscalía las deberá tramitar conforme a la Ley 906 de 2004 y no la Ley 600 de 2000, que es el sistema que aplica la Corte para los aforados”, puntualizó. 

Poco se avanzó en los meses en los que estuvo el expediente en la Corte Suprema. Hernández fue citado a versión libre el pasado 27 de septiembre, pero presentó excusa para no asistir. La celebración de la diligencia se postergó para noviembre, aunque no llegará a tener lugar, dado que ahora el caso volverá a la Fiscalía.