El presidente Iván Duque se raja en derechos humanos
El trabajo del presidente Iván Duque en derechos humanos dejó mucho que desear, sobre todo en la protección de líderes, cuyos asesinatos son considerados por las organizaciones sociales como un exterminio vigente similar a un genocidio.
La manera como el presidente Iván Duque concibió la protección de los derechos humanos no ha dejado satisfechas a las organizaciones sociales, que critican la gestión en temas como la implementación del acuerdo de paz, la respuesta a las protestas urbanas y la difícil situación de seguridad de líderes y lideresas sociales del país.
El informe “Hambre y guerra: el legado del aprendiz”, presentado por más de 500 organizaciones sociales del país agrupadas en la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PCDDHDD), la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), y la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines (Alianza), califica de “exterminio vigente e impune al mismo nivel de un genocidio” la crisis provocada por los frecuentes ataques a defensores de los derechos humanos en el territorio colombiano.
Para profundizar
Líderes sociales desprotegidos
El asesinato de líderes y lideresas pasó de 116 víctimas en 2016 a 171 en 2021, y ocupó el penoso segundo lugar en la lista de países con más ataques a defensores del medioambiente. En lo corrido de este año, la situación sigue pintando mal: 86 registros de crímenes fatales contra liderazgos sociales.
El balance destaca la falta de acción del Gobierno frente a la evidente crisis de seguridad, exacerbada por la intención de grupos armados ilegales de extender su control en las regiones que tradicionalmente han sido más afectadas por el conflicto armado.
Entre los líderes sociales asesinados recientemente se encuentran Jesusita Moreno, defensora del territorio y las comunidades en el Medio San Juan (Chocó), y Jesús Antonio Montano, líder indígena misak que había denunciado amenazas en contra de la población por parte de grupos residuales en el Cauca.
Agresión contra las protestas sociales
A la crítica de las organizaciones sociales firmantes del informe se les suman las cifras documentadas en el estallido social de 2021 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la CIDH, que registró “uso de la fuerza de manera excesiva e indiscriminada” y la muerte de al menos 44 civiles, 28 por acción de miembros de la fuerza pública, y diez víctimas de actores no estatales.
Las alertas y las recomendaciones sobre el manejo de la protesta social de la ONU y la CIDH fueron en su momentos rechazadas por el gobierno Duque.
Incumplimiento del Acuerdo de Paz
El informe “Hambre y guerra: el legado del aprendiz” critica las acciones insuficientes para brindar seguridad a los firmantes del acuerdo de paz, otra de las poblaciones en las que se cuentan más víctimas de asesinatos y amenazas.
Por otro lado, señala como escasos los esfuerzos por implementar puntos del acuerdo como la reforma rural, en la que no se concretó “la ley de Jurisdicción Agraria para tramitar los conflictos de tierras”, y el de las medidas para poner fin al conflicto.
Más de 270 organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta abierta al sucesor del presidente Duque con propuestas de la agenda humanitaria en la que están incluidas la puesta en marcha de un Plan Nacional de Desarrollo con un enfoque transversal e integral de derechos humanos, una reforma estructural e integral a la fuerza pública, retomar los diálogos con el ELN, entre otras iniciativas puestas a consideración del próximo ocupante de la Casa de Nariño.
