La DEA, la Fiscalía y un coronel entramparon el proceso de paz

Una de las mayores revelaciones de la Comisión de la Verdad pasó casi desapercibida esta semana. Un anexo de 56 páginas, titulado “Los obstáculos para la continuidad de los procesos de paz en Colombia”, revela detalles inéditos de la operación de entrampamiento que terminó con la captura de Jesús Santrich y el rompimiento de un sector de las Farc, encabezado por Iván Márquez. La Comisión pudo documentar el papel que jugó Marlon Marín, sobrino del exjefe negociador de las Farc, en su intención de conducir a su tío o, en su defecto, a Jesús Santrich a que se involucraran en un negocio ilícito que deslegitimara el proceso. Asimismo, el documento deja claro que la DEA diseñó la operación, ejecutada por Marín y el coronel retirado del Ejército.  

El informe tiene tres secciones: la primera, se centra en los efectos que tuvo la captura del exnegociador de las Farc Jesús Santrich; la segunda, revela cómo se planeó y ejecutó esta operación, así como el papel que cumplieron Marlon Marín y un oficial retirado del Ejército, que puede ser identificado como el teniente coronel Gustavo Adolfo Calvache Prado. Y  el tercer apartado aborda el debate jurídico que produjo la captura del comandante guerrillero, que llevó la Jurisdicción Especial para la Paz a una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado desde su nacimiento. El informe expone además las transcripciones de las llamadas interceptadas y deja en evidencia que el fiscal Néstor Humberto Martínez puso al ente investigador al servicio de esta operación, al punto de haber autorizado usar cocaína incautada para el montaje.

Para la Comisión de la Verdad resultó importante esclarecer las motivaciones políticas detrás de la captura de Santrich por parte de la Fiscalía. Según el informe, el entrampamiento desató un nuevo ciclo de violencia y puso en riesgo la implementación del Acuerdo de Paz. Al mismo tiempo, empujó a cientos de exguerrilleros a retornar a las armas y envió a la ciudadanía el mensaje de que el Acuerdo de Paz había fracasado.

Uno de los hallazgos más valiosos sobre esta operación está relacionado con otros dos intentos para entrampar el acuerdo. Uno, realizado contra Giovanny Álvarez Santoyo, fiscal de Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, que involucró al exfiscal Julián Bermeo; y otro contra Pilar Rueda, entonces asesora de despacho del director de la UIA y esposa del senador Iván Cepeda. El coronel Calvache fue protagonista de los dos intentos por provocar una crisis que desacreditara el Acuerdo de Paz. 

La Comisión de la Verdad también revela una carta de 2017 que fue entregada a Iván Cepeda en la que le advierten de una operación de desprestigio: “están siendo objeto de seguimientos y de interceptaciones técnicas por parte de un grupo especial conformado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación y coordinados bajo la supervisión de la DEA en Colombia, esta unidad se llama Grupo SIU (Special Investigative Unit), cuya misión es la de recaudar pruebas para relacionarlos con la actividad de narcotráfico y lavado de activos de las bandas criminales que operan en el país”.

La carta agrega que “posiblemente les van a hacer montajes para relacionarlos en conductas de crimen organizado y concierto para delinquir. Este grupo está siendo dirigido por Mauricio Nieto, quien es funcionario del CTI y hermano del general Nieto, director de la Policía Nacional. Este grupo opera por fuera de la Fiscalía General de la Nación, tienen plena autonomía operativa y los equipos de interceptación y técnicos son móviles y cuentan con inmunidad y protección del gobierno de los Estados Unidos”.

La Comisión de la Verdad le hizo seguimiento al coronel retirado y por cinco fuentes ratificó su participación en la conspiración contra la JEP y también en el caso Santrich. “Sobre su papel en la operación encubierta de Santrich, las versiones señaladas por las fuentes apuntan a que este exteniente coronel tiene una relación de vieja data con la DEA y con miembros del CTI de la Fiscalía a quienes les vende información. Según una de estas fuentes, tras su salida del Ejército, se hizo contratar por la DEA para apoyar operaciones especiales al propio Ejército y un año después participaría en la operación contra Santrich”, revela el informe.

Otro de los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad sostiene que el militar retirado “fue el que grabó el video de Bermeo” y lo define como “un tipo torcido, medio informante de la DEA, que para quitarse los líos en Fiscalía, ayuda con las vueltas. Lo botaron del Ejército por narco, luego se va de informante de la DEA”. Más adelante el informe lo presenta como “un tipo que trabajó en inteligencia del Ejército, viene de un grupo que salió bravo con el expresidente Santos, tiene vínculos con la Fiscalía y tiene una oficina con un grupo de personas en la que transmiten información a varias agencias norteamericanas sobre temas de narcotráfico”.

Según los datos de Migración Colombia que le fueron entregados a la Comisión de la Verdad, el coronel retirado viajó 51 veces a Estados Unidos entre 2017 y 2021. La Comisión de la Verdad no registra en el informe el nombre de este exmilitar por la imposibilidad de acceder a él para que diera su versión. Sin embargo, CAMBIO estableció claramente su identidad a partir de los documentos de la investigación.

Calvache es un oficial de inteligencia militar de larga trayectoria. Ingresó a la Escuela José María Córdova, estuvo en la Regional de Inteligencia Militar 7. A finales de 2012 pasó a la IV Brigada con sede en Medellín, siendo comandante de la unidad, el general Nicasio Martínez, quien llegó a ser comandante del Ejército y salió del servicio en medio del escándalo por los documentos revelados por The New York Times sobre el regreso de los falsos positivos. En 2013 fue comandante del Batallón de Inteligencia Estratégica (BINTE). A pesar de su trayectoria, en 2017, Calvache no fue convocado a curso de ascenso y, por el contario, fue llamado a calificar servicios, a pesar de que, según unas fuentes,  el propio fiscal Néstor Humberto Martínez habría intercedido por él.

Gustavo Calvache es hermano de Jaime Enrique Calvache Prado, capitán del Ejército condenado por falsos positivos que después se integró a los grupos paramilitares, y fue detenido en Florencia, Caquetá, en el año 2002. Y según fuentes que dan cuenta de su trayectoria, el coronel Calvache fue uno de los implicados en el caso de la sala de interceptaciones Andrómeda, donde se les hizo seguimiento ilícito a los negociadores del gobierno y las Farc que se encontraban en La Habana. 

El teniente coronel también figura en algunos líos judiciales, como en las denuncias del condenado exsenador Otto Bula, quien declaró que Calvache y el fiscal Rodrigo Aldana lo estaban presionando para cambiar su testimonio en el caso de Odebrecht. Calvache ha tenido cuatro procesos en la Fiscalía pero hoy todos aparecen como inactivos. 

“Más allá de la participación de este excoronel, asunto sobre el que falta mucho por esclarecer, el personaje sobre el que se sustenta todo el proceso judicial contra Santrich es Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez”, concluye el documento.

Marlon Marín 

Según el anexo, la operación de entrampamiento se valió de una histórica fractura entre Timochenko e Iván Márquez. Esta fricción entre el comandante de la guerrilla y el jefe negociador del Acuerdo de Paz fue vista como una oportunidad por las agencias de inteligencia estadounidenses que, desde antes de 2016, ya tenían ubicado su objetivo: Luciano Marín, más conocido como Iván Márquez. 

La vía para llegar a él fue su sobrino Marlon Marín, quien era conocido como “pirulo” en las Farc pero nunca perteneció a la organización. Marín era un negociante inescrupuloso que básicamente traficaba favores valiéndose de su lazo familiar con el comandante guerrillero. Según los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad, Marlon Marín servía de apoyo en algunas tareas y, al parecer, habría colaborado con la DEA desde 2015, cuando recibió la visa americana. 

El primer eslabón del entrampamiento se registra en 2016, cuando la Unidad de Delitos contra la Salud Pública de la Fiscalía interceptó el celular de Guillermo Grosso, presidente de Cafésalud procesado por presuntos actos de corrupción.  En una de esas llamadas Grosso habla con otra persona de que requiere una cita con Márquez. El interlocutor del directivo de la EPS menciona a Marlon Marín como el conducto para llegar al exjefe guerrillero. 

La siguiente aparición de Marín es en noviembre de 2016. El sobrino de Márquez buscaba patinar unos proyectos en las zonas veredales donde se concentraron los guerrilleros. La propuesta tenía un valor de un millón de dólares mensuales y ya Grosso figuraba en la operación. Con estos elementos se ordena interceptar el teléfono de Marín. La Fiscalía registra entonces que Marín hace parte de una estructura de corrupción para desviar recursos de la paz. Y aquí entra en escena el entonces fiscal general de la nación.

“Según relata un exalto funcionario, Néstor Humberto Martínez, fiscal general, le pidió cita al presidente durante el segundo semestre de 2017 para contarle sobre interceptaciones en las que Marín estaba haciendo tráfico de influencias con la plata de la paz. Como se trataba de plata internacional, era muy delicado porque involucraba recursos de la Comunidad Internacional que apoyó el proceso. Aparte de lo anterior, Néstor Humberto Martínez menciona, tanto en su libro, como en una carta dirigida al presidente Juan Manuel Santos el 19 de octubre de 2017 que estaban investigando a Marín”, cita el informe. 

Desde este momento, la Fiscalía empieza a oír llamadas en que Marín habla con "empresarios extranjeros de negocios raros". "Una voz masculina de acento extranjero (posiblemente de México o de Centroamérica) (....) se hace referencia a una aparente negociación ilícita consistente en movimientos de dinero (“documentos”) desde Estados Unidos hacia Colombia, para el traslado o entrega de 5.000 paquetes o “televisores” (podría tratarse de elementos ilícitos o dinero) desde Colombia al exterior, posiblemente hacia México o Estados Unidos. Para tales efectos hablan de realizar una negociación inicial por 300 con el objeto de tener confianza y luego si efectuar otras más grandes (mencionan 1, 2, 3, 4 o 5; podrían ser miles o millones de dólares)", consigna el documento.  

Una fiscal subalterna le advirtió a Néstor Humberto Martínez que "en su criterio, podría tratarse de una actuación judicial internacional porque en las conversaciones eran demasiado explícitas, como si deliberadamente quisieran dejar huella de lo que acontecía".

Otro testimonio advierte que Marlon Marín apareció en Caquetá un mes después de la captura de Santrich “lleno de plata. A mí me dio 500.000 pesos, a otros familiares cositas”, agregó. "A Marlon le dieron después de la captura de Santrich un delegado estadounidense acá en Colombia para ofrecerle protección y nosotros nos comunicamos con él”, detalla el informe, que, además, basa una buena parte de su investigación en un trabajo de El Espectador  de noviembre de 2020, y afirma que la revelación del medio coincide con los testimonios recavados, pues al parecer los mexicanos que se presentaron como inversionistas eran agentes de la DEA, la droga que se utilizó como adelanto del “negocio” la entregó la fiscal 14 especializada Bertha Neira, y recibió $22.500.000 para la compra de 5 kilos de coca. Las explicaciones de Marín al respecto son contradictorias y poco creíbles. 

“De acuerdo con información oficial de Migración Colombia Marlon Marín salió del país el 16 de abril de 2018, siete días después de su captura, con destino a Montreal en Canadá y ese mismo día aterrizó en Nassau, la capital de Bahamas. Marín viajó a Estados Unidos con hombres de una agencia federal de ese país para colaborar con la justicia. El gobierno gringo desistió de una petición de extradición en su contra y eso llevó a que se presentara voluntariamente ante los agentes de ese país. Marín terminó ofreciendo colaboración en el proceso contra Santrich a cambio de beneficios judiciales”.

Al final, el informe de la Comisión de la Verdad concluye que el país aún no conoce lo que en realidad ocurrió en la trasescena de la captura de Jesús Santrich. Deja en evidencia que la DEA y la Fiscalía General de la Nación se asociaron para dar un golpe al corazón del Acuerdo de Paz. Señala  que después de la operación de entrampamiento se multiplicaron las disidencias, que pasaron de 7 a 20; 338 firmantes del acuerdo han sido asesinados, al menos la mitad por sus excompañeros de armas que se retiraron del proceso.