Las alertas críticas del equipo de empalme sobre la Colombia que recibirá Gustavo Petro

El equipo de empalme designado por el presidente electo Gustavo Petro entregó este lunes un informe ejecutivo que resume algunas de las claves que encontró en dicho proceso con el gobierno saliente del presidente Iván Duque.

En una rueda de prensa, Mauricio Lizcano, Daniel Rojas y Carolina Corcho, encargados de coordinar el empalme, relataron las conclusiones que dejaron las últimas cinco semanas de trabajo. Cerca de 30 equipos de empalme diagnosticaron cada sector y definieron alertas, recomendaciones, acciones urgentes y reformas legales.

Uno de los puntos más relevantes del informe es el de las alertas críticas, las cuales, de acuerdo con el equipo de empalme, son “asuntos coyunturales y riesgos significativos que podrían impactar el desempeño del nuevo Gobierno en los programas prioritarios de Presidencia”. Frente a esto, el reporte contempla varios sectores:

La primera alerta presentada por el equipo de empalme tiene que ver con una revisión urgente del estado financiero del Departamento para la Prosperidad Social. De acuerdo con Daniel Rojas, quien presentó este punto, los recortes realizados por parte del Departamento Nacional de Planeación a los proyectos de inversión de la entidad para 2023, que ascienden a 10 billones de pesos, podrían afectar programas de transferencias monetarias como “Ingreso solidario”, el cual el gobierno Petro planea mantener.

Otra de las preocupaciones del Gobierno es la salud de las EPS. Carolina Corcho, ministra designada de Salud, fue la encargada de explicar este punto y afirmó que el sistema actual “es insostenible”. Según la funcionaria, las EPS tienen deudas acumuladas por aproximadamente 20 billones de pesos, un déficit de 6,4 billones en el presupuesto de 2022 y otro de 4,6 billones en 2023. Además, anotó que 14 EPS estarían en riesgo de liquidación. 

En materia de educación, señalaron que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene contratos de diez operadores que vencen el 30 de octubre por 8 billones de pesos.

En cuanto al tema de paz, la comisión de empalme reveló que se revisará la política de paz con legalidad del presidente Duque y de los fondos que la integran, entre los cuales señalan que están comprometidos 8,2 billones de pesos.

En Ciencia y Tecnología, el presupuesto adjudicado para 2023 tiene una inflexibilidad del 93,4 por ciento. Este techo, dice el reporte, dejaría al sector solo con un 6,6 por ciento para su funcionamiento.

Otra de las alertas que se destacaron durante el evento fue el del Catastro Multipropósito, uno de los puntos de desencuentro entre el Dane, dirigido por Juan Daniel Oviedo, y el sector encargado del empalme de Petro en materia estadística.

“La ejecución de recursos de los créditos provenientes del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se encuentra en estado crítico, a tal punto que de no ejecutarse la programación que se tiene a la fecha, ambos bancos darían calificación negativa al proyecto de Catastro Multipropósito”, aseguraron los coordinadores.

El equipo designado por Petro también hizo una revisión a lo que tiene que ver con la pandemia, tema sobre el cual señaló que 1,8 millones de personas en afiliación por emergencia están en incertidumbre y no hay fuentes claras de financiamiento. 

En cuanto al sector de Minas y Energía, el reporte señala que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles está en déficit y manifiesta que es “de suma urgencia” tomar definiciones sobre la hoja de ruta de esta entidad.

Igualmente,  dicen que con la salida de tres comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el respectivo nombramiento de sus reemplazos por el actual gobierno, el gobierno Duque mantiene el poder en la gestión de esta entidad.

Por último, frente al tema de minas, el gobierno Petro buscaría detener la venta de Invercolsa por parte de Ecopetrol.

En cuanto a temas de justicia, la coordinación de empalme contempla la suspensión del otorgamiento de licencias para el cultivo de cannabis debido al alto número de licencias entregadas a empresas multinacionales. 

“El enfoque que se pretende en este nuevo Gobierno es la priorización del cultivo para las organizaciones campesinas (y sin costo), suprimiendo la dirección de política de drogas adscrita al Viceministerio de Política Criminal para trasladar sus funciones a una alta instancia presidencial especializada en el tema, con enfoque de DDHH”, reza el documento.

En temas ambientales, la Comisión estima “insuficiente” la preparación y respuesta con consideraciones ambientales y de cambio climático para la atención de amenazas y riesgos climáticos en áreas altamente vulnerables, tales como el fenómeno de La Niña y la temporada de huracanes, entre otros.

Sobre el sector comercio, si bien nombraron que era necesario “equilibrar la balanza” con distintos socios comerciales con los que hay Tratados de Libre Comercio, el equipo de empalme destacó como urgente revisar el que se firmó con los Emiratos Árabes Unidos. 

Frente al deporte y la cultura, el Gobierno entrante planea hacer una auditoría a varias obras deportivas, pues el presente año tiene como presupuesto 523.000 millones de pesos, la cifra más alta en la historia. La coordinación también alerta sobre varios conflictos jurídicos y riesgo de embargo en obras para la construcción de museos, casas de la cultura y centros históricos.

Un sector en el que hay preocupación es en el agropecuario. El equipo de empalme señala que hay varios problemas en la Agencia Nacional de Tierras, pues, dicen, 1,9 millones de hectáreas han sido incorporadas al Fondo de Tierras, cuando solamente en 18.000 hectáreas se ha podido verificar que no hay ocupaciones; y, por lo tanto, no las ha adjudicado. 

La comisión reporta que encontró que el Banco Agrario tendría una descapitalización por el orden de los 700.000 millones de pesos y dice que se deben revisar las importaciones de arroz que se firmaron con Perú y que comenzarán a partir del próximo mes.

Sobre el tema transporte, el equipo dice que es urgente una solución al contrato del Runt, debido a que estará nueve meses sin garantía de continuidad. El actual acuerdo vence en septiembre y el nuevo comienza en junio de 2023. También pide que haya un acuerdo para solucionar, después de varios años de promesas, los proyectos de navegabilidad del río Magdalena y el Canal del Dique.  

De la misma manera, en cuanto a los aeropuertos del país, pide que se establezca “con urgencia” una estructura administrativa y operativa para retomar la operación de los aeropuertos de Cartagena y Cali ante la finalización de sus contratos de concesión y prestar especial atención al proyecto del Aeropuerto del Café, el cual está en riesgo ante la liquidación unilateral del contrato con la empresa OHL. 

En lo que tiene que ver con las TIC, la coordinación habla de la renovación de la licencia del uso del espectro, en particular con la empresa Tigo, así como la renovación de las concesiones de espectro y banda de 6 GHZ.

Por último, frente a la Presidencia de la República, el equipo de empalme alertó sobre el proyecto de la Mojana, del que, señalan, no tiene estudios ni diseños que lo soporten a vigencias futuras hasta 2026. La obra tiene un compromiso de 1,8 billones de pesos.

Con respecto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la comisión indicó que esa entidad tiene insuficientes recursos para funcionamiento y poca capacidad operativa para atender emergencias previstas en el segundo semestre de este año.