Los aprietos del Grupo Aval por Ruta del Sol II

El 11 de diciembre de 2018, el Grupo Aval le informó a la SEC que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le había abierto investigación por su papel  en Ruta del Sol II, proyecto en que Aval fue socio con la firma brasileña Odebrecht.

El reporte de Aval  a la SEC ocurrió un mes después de que Noticias Uno emitió la entrevista póstuma con el desaparecido controller de Ruta del Sol II, Jorge Enrique Pizano. En dicho informe periodístico se reveló, con grabaciones y pruebas documentales, que desde el año 2013, Pizano había advertido a sus jefes en el Grupo Aval y al abogado Néstor Humberto Martínez Neira sobre  pagos por contratos irregulares en el proyecto Ruta del Sol II.

Estos contratos, a los que Pizano llamaba de papel, sumaban unos 23.674 millones de dólares, el doble de lo que Marcelo Odebrecht admitió haber pagado por sobornos en Colombia en su acuerdo con la justicia de los Estados Unidos.
Esas revelaciones, que evidenciaban inconsistencias entre lo que hasta ese momento sabían las agencias de investigación de los Estados Unidos y lo encontrado por Pizano, pusieron los reflectores en el conglomerado colombiano.

Desde ese entonces cursan dos investigaciones en contra del Grupo Aval en los Estados Unidos: una a cargo del Departamento de Justicia y otra a cargo de la SEC.

Al cotizar sus acciones en la Bolsa de Nueva York, el Grupo Aval está obligado a rendir informes ante la SEC sobre sus operaciones. El pasado 21 de abril, el conglomerado colombiano entregó su informe para la vigencia 2021.

El documento, de 222 páginas, da cuenta de la conformación del grupo, información financiera, resultados operacionales y riesgos.

Entre los riesgos enumerados por el Grupo Aval se encuentran los derivados por las investigaciones por su participación en Ruta del Sol II, investigaciones que cursan tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Según Aval, dichos procesos podrían afectarlos de manera notoria. "Podrían causarnos multas y otras sanciones, afectar nuestra capacidad para llevar a cabo nuestro negocio, dañar nuestra reputación e impactar negativamente en nuestros resultados financieros”.

En el informe, el Grupo Aval admite que dichas investigaciones podrían llevar a  juicios, condenas penales e incluso a admitir irregularidades.

“Nosotros y nuestras subsidiarias estamos expuestos a una variedad de posibles consecuencias negativas importantes como resultado de estos procedimientos e investigaciones, que podrían dar lugar a juicios, acuerdos, admisión de irregularidades, condenas penales, multas, sanciones, interdictos, órdenes de cese y desistimiento, inhabilitación u otra reparación y nosotros y nuestras subsidiarias podríamos estar expuestos a otros litigios como resultado de estos procedimientos e investigaciones, incluidas las acciones iniciadas por los accionistas”.

Además del escenario jurídico, las investigaciones por Ruta del Sol II podrían incidir directamente en los negocios de Aval. Así está descrito en el informe presentado por ellos, en el que incluso afirman que la situación podría llegar a ser tan demandante, que la gerencia tendría dificultades para concentrarse en los negocios principales del grupo.

“Dichas investigaciones y procedimientos, que son objeto de una amplia cobertura mediática e interés político en Colombia, también podrían tener importantes consecuencias colaterales para nuestra empresa y nuestras subsidiarias, incluido el daño a la reputación, la pérdida de clientes y negocios, la incapacidad de ofrecer ciertos productos y servicios, inhabilitación o pérdida del permiso para operar ciertos negocios por un período, la difusión de información potencialmente dañina que pueda salir a la luz en el curso de las investigaciones y procedimientos y otros efectos adversos directos e indirectos. La gerencia deberá continuar dedicando una cantidad considerable de tiempo y atención a resolver tales asuntos, lo que podría impedirles concentrarse en nuestros negocios principales”.

En el documento, Aval revela el incremento de las utilidades brutas por sus negocios en infraestructura, que en 2021 fueron de 17,8 por ciento con respecto a 2020, es decir 328.000 millones de pesos más. También dice el informe, que para ese año, Episol, una de sus filiales, gastó 16.900 millones de pesos por la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con las investigaciones por Ruta del Sol II. Según el informe, Corficolombiana también tuvo que gastar ese año 27.800 millones de pesos por la sanción impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio.

En el documento, el Grupo Aval le relata a la SEC que por sus participación en Ruta del Sol, está siendo investigado por la Fiscalía Colombiana y que también hay otros procesos iniciados por otras autoridades, como el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Transporte y la Procuraduría General de la Nación. Confirma que en estos procesos están incluidos miembros de la gerencia de Aval, Corficolombiana y Episol y no descarta que otros funcionarios puedan ser investigados más adelante.

“Grupo Aval, Corficolombiana y Episol y miembros de su gerencia fueron incluidos o han intervenido voluntariamente en algunas de estas investigaciones y procesos y no puede asegurarse que Grupo Aval o cualquiera de sus subsidiarias y empleados no serán incluidos en futuros procesos adicionales o participar voluntariamente en tales u otros procedimientos adicionales futuros para la defensa de sus derechos e intereses”.

Aval también le cuenta a la SEC que tiene apropiados los recursos para responder ante los posibles resultados de estos litigios y asegura que estas provisiones serían suficientes para responder a reclamos y procedimientos legales.

En el documento, Aval también entrega una relación sobre la investigación que abrió la Procuraduría General de la Nación en contra del Consorcio Ruta del Sol, empresa conformada por Odebrecht, CSS constructores y Episol, del Grupo Aval, por presunta vulneración a los derechos colectivos, a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio público. 

El conglomerado colombiano cuenta que ya hubo un fallo de primera instancia que obligó al consorcio al pago de 800.156 millones de pesos al Ministerio de Transporte, pero que en febrero de 2019 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca corrigió errores aritméticos y redujo el monto de la multa a 715.656 millones de pesos.

En los dos procesos, tanto el de la SEC como el del Departamento de Justicia, el Grupo Aval ha manifestado su intención de colaborar con las autoridades.