Los escandalosos sobreprecios en la compra de artículos para los hospitales de Bogotá

El 21 de diciembre pasado la Secretaría de Salud suscribió un contrato con Comfinagro S.A. para adquirir elementos tecnológicos para las subredes de hospitales del Distrito.

Este contrato motivó un debate en el Concejo de Bogotá el pasado 29 de agosto, en el que la concejal liberal María Victoria Vargas hizo varias denuncias.

Entre ellas, los sobreprecios en la compra de teléfonos fijos, digiturnos y UPS, equipos que permiten tener un flujo de energía eléctrica mediante baterías cuando falla el suministro eléctrico. 

El ítem más escandaloso fue el de teléfonos fijos. En el contrato estaba prevista la compra de 510 teléfonos por un valor de total de 1.774 millones de pesos; es decir, cada teléfono saldría a 3.479.323 pesos.

En su ejercicio de control político, la concejal Vargas cotizó y compró un teléfono idéntico en el mercado y lo consiguió por 196.000 pesos. Ese día el secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, le respondió que no tenía consigo la información que le permitiera responder en ese momento, pero que le respondería por escrito después.

El 14 de septiembre pasado, en continuación del debate, el secretario Gómez se refirió a los precios de los teléfonos, a los que calificó de “ridículamente altos”, y aseguró que a la fecha no se le había pagado al contratista por esos elementos, los cuales fueron mandados a recoger.

Gómez agregó que había solicitado a la oficina de Control Interno de la Secretaría de Salud y a la Fiscalía que iniciaran las investigaciones de rigor.

Curiosamente, dos meses antes, el 21 de octubre, la Secretaría de Salud había suscrito otro contrato a través de la Bolsa Mercantil, con el que se compraron los mismos teléfonos pero por 202.470 pesos cada uno, es decir 2.863.820 pesos más baratos.

La diferencia de precios entre los dos contratos no fue solo en los teléfonos. Mientras en octubre se pagó por un digiturno 41.338.921 pesos, en diciembre la Secretaría de Salud pagó por uno 102.852.558 pesos, es decir un sobreprecio de 61.513.637 pesos.

Y las UPS, que en octubre valieron 25.688.667 pesos cada una, en diciembre costaron 56.307.923 pesos.

Al hacer el comparativo de los artículos, también se detectan a simple vista sobreprecios en portátiles e impresoras. Sobre estos contratos, la concejal María Victoria Vargas aseguró: “Yo creo que esto debía ser un contrato de suministro o de compraventa de bienes. Yo lo que creo es que, presuntamente, lo que quieren es evadir una licitación”. 

¿Cotizaciones para cada necesidad?

Los dos contratos para compra de artículos tecnológicos por la Secretaría de Salud se realizaron a través de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

Algunas entidades públicas prefieren contratar con la BMC  por considerarlo un  mecanismo ágil. En 2021 una investigación de Fedesarrollo calificó ese tipo de procesos como transparentes, eficientes y seguros.

La BMC solicita cotizaciones de productos a empresas inscritas en la bolsa y de ahí se establece un precio promedio para que un comisionista adquiera los productos.

SDT Ingeniería presentó cotizaciones para los dos procesos de contratación.

En octubre los precios presentados fueron los siguientes:

UPS 20KVA: $25.885.338

Digiturno:  $44.922.324

Teléfono IP: $202.382

Dos meses después, SDT presentó una cotización cuyos valores triplicaban a la cotización anterior:

UPS 20KVA: $108.538174

Digiturno: $95.507.331

Teléfono IP:  $7.600.944

El expediente alterado

El pasado 11 de octubre el secretario de Salud, Alejandro Gómez, envió al Concejo de Bogotá las respuestas a un cuestionario formulado por la concejal María Victoria Vargas, con miras a la preparación de un debate por las presuntas irregularidades en el contrato de los teléfonos de 3 millones de pesos.

La concejal solicitó que le fueran enviados los estudios previos, con todos los anexos, del contrato en mención.

En su respuesta, el secretario reveló una situación que ya está en conocimiento de la Fiscalía. Según el relato del secretario Gómez, en febrero de 2022 la Contraloría de Bogotá solicitó a la entidad el expediente de dicho contrato, el cual fue remitido en formato digital el 24 de febrero de 2022.

Sin embargo, dicho expediente enviado a la Contraloría es diferente al que ahora reposa en la Secretaría de Salud. Así se lo informó la subdirectora de contratación al secretario Gómez. Hay evidencias de que a partir de la página 237 del expediente físico hubo cambios en la documentación.

En la respuesta al cuestionario de la concejal, el secretario Gómez le anunció que iba a enviar copias de los dos expedientes, tanto el digital que se envió a la Contraloría, como el físico que reposa en la Secretaría de Salud. Sin embargo, nunca envió tales documentos, por lo que la concejal ofició a la Personería de Bogotá para que iniciara una indagación.

En el oficio enviado por la concejal al Ministerio Público de la ciudad, la cabildante aseguró que las respuestas enviadas por la Secretaría de Salud no corresponden a las preguntas formuladas y aseguró que le adjuntaron documentos con información de otros temas. Al respecto, la concejal Vargas dijo: “Eso es supremamente grave. Entonces, yo me pregunto: ¿Ahí hay un concierto para delinquir por parte de funcionarios y gente externa de la Secretaría de Salud?”.

Para añadir un ingrediente más a la extraña situación, la Contraloría de Bogotá, por medio de un oficio, les dijo a los concejales citantes al debate que el contrato por la compra de teléfonos no había sido auditado por la entidad y por tal motivo no había hallazgos sobre el mismo.

CAMBIO consultó a la Contraloría, la cual, a través de su oficina de comunicaciones, informó que el contrato para la compra de teléfonos, que no había sido revisado, fue recientemente incluido en una auditoría.

Ahora la Fiscalía tendrá que esclarecer quién modificó el expediente del contrato con el que se iban a comprar los teléfonos fijos más caros en la historia de Bogotá.

Las actuaciones de la Secretaría de Salud

A través de una comunicación enviada a CAMBIO, la Secretaría de Salud informó cuáles han sido sus actuaciones con respecto al controvertido contrato:

“El contrato para la compra de diferentes elementos de tecnología requeridos por las subredes, entre los cuales están los mencionados teléfonos, fue suscrito el 16 de diciembre de 2021 con la firma Comfinagro S.A., para que representara a la entidad ante la Bolsa Mercantil de Colombia, y en desarrollo de las operaciones comerciales que se adelantan allí, el 28 de diciembre de ese año, se escoge vendedor con la OMA No.46905048 a la Unión Temporal Infraestructura SC 2021 por valor de $22.503.352.871. El contrato fue firmado por la secretaría de salud encargada, Eliana Hurtado. 

"El 18 de julio de 2022 la Subdirección de Bienes y Servicios, al comparar los valores de los teléfonos entregados con una compra anterior, evidencia que existen unos alarmantes sobrecostos y solicita de inmediato a la Dirección TIC, responsable de la supervisión del contrato, una aclaración sobre el valor con el cual deben quedar registrados cada uno de estos elementos. 

El 27 de julio de 2022 la supervisión contractual solicita al estructurador del proceso informe las razones por las cuales los teléfonos reflejan un sobrecosto. Al no encontrar una respuesta justificada, el 1º de agosto de 2022 trasladó el asunto a la Oficina de Control Interno Disciplinario para que se adelanten las respectivas investigaciones. 

El 16 de agosto el supervisor del contrato trasladó el asunto a la Oficina Asesora Jurídica de la entidad para que adelante las acciones pertinentes. 

El 30 de agosto de 2022 la Oficina Jurídica de la Secretaría Distrital de Salud interpuso, ante la Fiscalía General de la Nación, denuncia penal por interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, por actos acaecidos en la ejecución del contrato No. 3123046 de 2021. 

A la fecha no ha sido pagado ninguno de los teléfonos suministrados”.