Paz total, ¿sueño o pesadilla?

La revelación del proyecto de ley que servirá de marco jurídico para intentar el desmantelamiento de las organizaciones criminales activó la polémica nacional alrededor de la iniciativa de paz total del presidente Gustavo Petro. Mientras el jefe de Estado y una buena parte de sus aliados piensan que este sería el principal legado de su administración, otros creen que puede terminar estimulando la violencia y dándole reconocimiento político a bandas criminales. Sobre el tema, todo el mundo tiene opiniones fuertes pero casi nadie quiere expresarlas públicamente. Algunos de los partidarios de la paz total consideran que es necesario tener un marco legal previo para lograr el sometimiento de las bandas criminales. En cambio, hay otros convencidos de que las normas deben ser un resultado de la realidad a la que se llegue en el proceso.

En la discusión del proyecto de ley han participado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, algunos miembros del gabinete y juristas que han tenido visiones divergentes sobre la ley. El primer borrador fue elaborado por el exfiscal Jorge Perdomo, en asocio con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Según quienes conocieron el documento, se planteaba la existencia de una corte de justicia transicional, parecida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para manejar los procesos de quienes se acogieran. Fue entonces cuando surgió la preocupación porque una iniciativa de esas características podría contradecir el Acuerdo de Paz con las Farc, que está integrado a la Constitución Nacional.

Quedó pactado que cualquier acercamiento futuro con disidentes o desertores debería hacerse en el marco de la justicia ordinaria. Esto en plata blanca quiere decir que no puede existir una negociación política con disidencias de las Farc, como el Frente Primero, que el pasado fin de semana se reunió y firmó un manifiesto conjunto con el alto comisionado para la paz. Para muchos se encendieron las alarmas porque el gobierno, a través del alto comisionado, aceptó en el comunicado que esta disidencia era el Estado Mayor Central de las Farc-EP, cuando el Estado colombiano determinó que las Farc habían dejado de existir con el Acuerdo de Paz del Teatro Colón en 2016.

La tácita aceptación de esta disidencia como vocería de las Farc tiene consecuencias políticas y jurídicas. Las políticas se hicieron sentir rápidamente, aunque el partido Comunes, que agrupa la mayor parte de las antiguas Farc, dijo que es partidario de la paz total, aclaró que estas disidencias de ninguna manera pueden hablar en nombre de las Farc.

También hubo cuestionamientos de miembros del gobierno Santos, como el exministro Juan Fernando Cristo, quien resaltó que aunque ve con buenos ojos la iniciativa de la paz total, no considera admisible que mediante un comunicado se revivan las extintas Farc. “Las Farc como movimiento armado desaparecieron desde el 2016 y ahora es totalmente equivocado revivirlas con una foto y un comunicado. Esas son disidencias que se dedicaron al narcotráfico sin propósito político”. El exministro también dijo: “El acto legislativo que creó la JEP señala claramente el camino de la justicia ordinaria para aquellos que no están dentro del Acuerdo de Paz”.

Paradójicamente Iván Márquez, quien estaría en acercamiento con el gobierno, para desmovilizarse, fue el firmante del acuerdo que determinó que la justicia ordinaria sería el camino para quienes desertaran del proceso de paz, como terminó haciéndolo él mismo.

En efecto, el acuerdo con las Farc integrado al bloque de constitucionalidad estipula que la única vía para estas disidencias sería la justicia ordinaria. Quizás pensando en eso, un nuevo equipo de asesores jurídicos, liderados por el abogado Mauricio Pava y el profesor de la Universidad de los Andes Libardo Ariza, fueron invitados por el presidente del Senado Roy Barreras. Ellos, junto con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, redactaron un nuevo proyecto de ley que se concentra en ampliar la política de sometimiento a la justicia para que sirva para el desmonte de las organizaciones criminales. Lo complicado es que para que esto funcione están planteando reformas al Código Penal, al Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario y Carcelario que tienen alcance general y que, por lo tanto, podrían ser invocadas por todos los presos del país y aún por los que están procesados. Uno de los principios claves del derecho en Colombia es el de favorabilidad, que establece que la ley permisiva favorable prevalece sobre la restrictiva o desfavorable en cualquier punto del proceso. Es decir, que estas reformas a los códigos podrían significar la salida masiva de presos que se beneficiarían de las nuevas normas y un impacto incalculable sobre la política criminal del país.

El proyecto de ley dice que está inspirado en legislación internacional como el Acta contra Organizaciones Corruptas Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Esta norma resultó instrumental en ese país para atacar a las mafias a través del desmantelamiento de sus estructuras financieras y el estímulo de la delación. También revisaron la experiencia colombiana en los decretos de sometimiento a la justicia expedidos en el gobierno de César Gaviria y que fueron el marco para la entrega de los hermanos Ochoa y de Pablo Escobar. Asimismo, consultaron el proceso de Justicia y Paz desarrollado en el gobierno de Álvaro Uribe para el desarme de los paramilitares.

Como la vía es la justicia ordinaria, el proyecto le da un papel preponderante al fiscal general de la nación porque es él, en últimas, quien aprueba el sometimiento, la imputación y las posibles absoluciones. Jurídicamente tiene todo el sentido, pero en el campo estrictamente político significa que el programa bandera de Gustavo Petro quedará en manos del mejor amigo y compañero de pupitre de Iván Duque. El fiscal Francisco Barbosa termina su periodo en febrero de 2024 y esto quiere decir que sería la voz cantante a nombre de la Fiscalía durante el trámite del proyecto de ley y estaría a cargo de atender los primeros sometimientos.

El proyecto determina que la palabra clave no es acogimiento sino sometimiento. Le pone límite de 50 años a las penas máximas que serían rebajadas para quienes se sometan a la ley en un 60 por ciento. Es decir, cuando se habla de 50 años de condena, realmente serían 20. Y de esos 20, pasarían la cuarta parte en algo llamado centro de arraigo. Pasada la cuarta parte, empezarían a gozar de permisos de salida de 72 horas. Cumplidas las dos quintas partes de la condena ingresarían a un período semiabierto en donde estarían en libertad de 15 días cada dos meses. Cuando lleguen a la mitad de la pena podrían salir a algo llamado prisión comunitaria, dentro de una figura que el proyecto denomina “libertad preparatoria”. Y cuando estén sobre las tres quintas partes de la pena se podrían ir en libertad condicional.

La figura sobre el papel suena atractiva pero abre dos preguntas necesarias: ¿Dónde estarán los presos? ¿Y quién los cuidará? La figura del arraigo supone la existencia de múltiples lugares de reclusión especial. Por decir algo, 50 Ralitos a lo largo de la geografía nacional, lo cual para muchos podría ser la proliferación de los centros de criminalidad en manos de presos poderosos que por el uso de la fuerza tienen el dominio de las regiones. En la práctica, lo que ha funcionado para disminuir la influencia de los capos ha sido el desarraigo. Los Rodríguez Orejuela presionaron para ser trasladados a la cárcel de Palmira porque allá jugaban de locales. Pablo Escobar hizo construir su cárcel en lo que había sido una finca suya en Envigado. Y a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, lo tuvieron que trasladar a un buque de la Armada para aislarlo de sus lugartenientes. Así es que la figura del arraigo es buena para los presos, pero no necesariamente para la sociedad.

Otro aspecto importante es la custodia de los jefes de organizaciones criminales que se sometan a la justicia. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es un rey de burlas para los presos poderosos. Recientemente el país vio cómo guardianes del Inpec le servían de choferes y cargamaletas a Carlos Mattos. También es evidente que la disciplina carcelaria es letra muerta en pabellones como el de los extraditables y la parapolítica en La Picota. Si esto sucede en una cárcel de Bogotá no es difícil imaginarse lo que pasaría en los centros de arraigo y las cárceles comunitarias del proyecto.

El articulado también habla de la posibilidad de que los miembros de bandas criminales entreguen voluntariamente los bienes que posean y que los declaren como resultado directo o indirecto de su actividad ilícita. Como premio por declarar sus fortunas, podrán quedarse con el 10 por ciento de ellas. Esta norma ya existía en la Ley de Extinción de Dominio, que establecía la posibilidad de que los capos conservaran el 6 por ciento. Con el proyecto de ley se amplía este porcentaje pero, además, se abre una puerta para que ellos participen en la determinación del origen lícito o ilícito de sus bienes. Esto podría significar la legalización de fortunas provenientes del crimen.

Algunos ven el proyecto de ley como excesivamente generoso con las organizaciones criminales. Sin embargo, los abogados que han actuado como voceros de bandas criminales y las organizaciones no gubernamentales que han facilitado los acercamientos con el gobierno tampoco quedaron conformes. “Desde el punto de vista del esfuerzo, es loable realizar las respectivas reformas al ordenamiento. Sin embargo, esa norma no va a servir al propósito del Gobierno Nacional. Es una norma que habla de un tema totalmente diferente a la propuesta que ha hecho el Movimiento Sinergia y yo creo que a las intenciones del gobierno. Entiendo que el origen de la norma es de un bufete de abogados, pero tiene desconocimiento de las causas del conflicto de la sociedad colombiana”, aseguró Álex Morales, miembro del movimiento Sinergia, un proyecto que agrupa varias organizaciones sociales y que ya había intentado un controvertido proceso de paz entre las bandas y la alcaldía de Federico Gutiérrez en Medellín.

El abogado Michell Pineda, quien representó en el pasado al jefe de la Oficina de Envigado, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, y ahora trabaja para facilitar el desmonte de esas bandas criminales en la capital antioqueña, cree que también para ellos debe haber justicia transicional. “La oportunidad histórica del gobierno para construcción de la paz total requiere modificar el criterio punitivo de derecho penal del enemigo y permitir solucionar los conflictos mediante herramientas de justicia restaurativa, conciliación y mediación”, afirmó.

Otra enorme preocupación es que grupos armados en todo el país arrecien sus ataques contra la población y miembros de la fuerza pública solo para demostrar que tienen la capacidad de desestabilización que exige el gobierno para tenerlos en cuenta en este proceso. Muchos han calificado esto como un incentivo perverso que podría convertir la iniciativa de paz en un motor de violencia.

El proyecto de ley está en manos del presidente Petro. El abogado Mauricio Pava, asesor de la presidencia del Congreso, viajó a Nueva York para entregarlo a la jefa de gabinete Laura Sarabia. Si obtiene el visto bueno del mandatario sería presentado este martes al Congreso.

El presidente del Senado Roy Barreras considera que es necesario un marco legal para la desmovilización de las bandas criminales. “Sin duda, la discusión legislativa va a enriquecer la iniciativa y el proyecto crecerá durante el debate”, apuntó.

Otros miembros de la coalición del gobierno piensan que cualquier ley que se tramite debe ser, más bien, consecuencia del proceso y que los negociadores deben tener libertad para discutir las condiciones de sometimiento de los disidentes del Frente Primero de las Farc, de la Nueva Marquetalia de Iván Márquez, de los narcotraficantes del Clan del Golfo, que se hacen llamar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y de bandas criminales como La Oficina, La Terraza, El Mesa, Los Chata y Los Triana.

En una posición intermedia está el senador Iván Cepeda, quien asegura que la presentación del proyecto de ley esta semana puede ser prematura. “Radicar una iniciativa sin haber desarrollado aún un debate público que la enriquezca puede resultar inconveniente. Cabe entonces la hipótesis de que continúe el debate, se enriquezca el proyecto y en ese momento sí poder presentarlo al Congreso”, señaló.

Aunque prácticamente no hay nadie que defienda al proyecto tal como está, tampoco hay muchos que se opongan a la soñada y difícil paz total propuesta por el presidente Petro. El exministro Juan Fernando Cristo resumió la situación en una declaración a CAMBIO. “Todos debemos apostar al éxito de la política de paz total. Pero el desafío es tan grande y tiene tantos enredos que ahora resultamos con que las conversaciones con el ELN, históricamente difíciles, son las más sencillas”.