Paz total, ¿sueño o pesadilla?

La revelación del proyecto de ley que servirá de marco jurídico para intentar el desmantelamiento de las organizaciones criminales activó la polémica nacional alrededor de la iniciativa de paz total del presidente Gustavo Petro. Mientras el jefe de Estado y una buena parte de sus aliados piensan que este sería el principal legado de su administración, otros creen que puede terminar estimulando la violencia y dándole reconocimiento político a bandas criminales. Sobre el tema, todo el mundo tiene opiniones fuertes pero casi nadie quiere expresarlas públicamente. Algunos de los partidarios de la paz total consideran que es necesario tener un marco legal previo para lograr el sometimiento de las bandas criminales. En cambio, hay otros convencidos de que las normas deben ser un resultado de la realidad a la que se llegue en el proceso.

En la discusión del proyecto de ley han participado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, los senadores Iván Cepeda y Roy Barreras, algunos miembros del gabinete y juristas que han tenido visiones divergentes sobre la ley. El primer borrador fue elaborado por el exfiscal Jorge Perdomo, en asocio con el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Según quienes conocieron el documento, se planteaba la existencia de una corte de justicia transicional, parecida a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para manejar los procesos de quienes se acogieran. Fue entonces cuando surgió la preocupación porque una iniciativa de esas características podría contradecir el Acuerdo de Paz con las Farc, que está integrado a la Constitución Nacional.

Quedó pactado que cualquier acercamiento futuro con disidentes o desertores debería hacerse en el marco de la justicia ordinaria. Esto en plata blanca quiere decir que no puede existir una negociación política con disidencias de las Farc, como el Frente Primero, que el pasado fin de semana se reunió y firmó un manifiesto conjunto con el alto comisionado para la paz. Para muchos se encendieron las alarmas porque el gobierno, a través del alto comisionado, aceptó en el comunicado que esta disidencia era el Estado Mayor Central de las Farc-EP, cuando el Estado colombiano determinó que las Farc habían dejado de existir con el Acuerdo de Paz del Teatro Colón en 2016.