Petro busca que Colombia sea el nuevo México y está dispuesto a pagar las consecuencias

La ausencia del gobierno de Gustavo Petro de la sesión extraordinaria del consejo permanente de la OEA para votar la resolución que condenaba la violación de derechos humanos en Nicaragua ha sorprendido a políticos, internacionalistas y diplomáticos colombianos. 

Aunque en un comienzo circuló la tesis de que había sido un error de logística, pues según Luis Ernesto Vargas, designado por el mandatario como nuevo embajador del país ante la OEA, para ese momento no se había posesionado en el cargo, esta semana se supo que esa no fue la excusa, sino que fue una decisión completamente deliberada y consultada con el canciller Álvaro Leyva.

Una investigación de Noticias Caracol reveló que la ausencia de Colombia se relacionaba con “delicados aspectos de política exterior que tienen carácter confidencial”, de acuerdo con la respuesta de la Cancillería. Unos aspectos de los que no se tienen muchos detalles, pero que tendrían que ver con el litigio que en este momento enfrenta al país con Nicaragua. Las críticas, sin embargo, llegaron por todos lados.

“​​Tengo claro que tenemos delicadas controversias con Nicaragua. Pero esta decisión es muy grave. Colombia le ha hecho un esguince a la Carta Democrática”, escribió el senador Humberto de la Calle. “El cambio fue para apoyar Dictaduras. Muy grave para Colombia”, dijo el excandidato presidencial Federico Gutiérrez.

Las razones para condenar el régimen de Ortega abundan: hay persecución a la prensa independiente; hay 1.800 presos políticos; monseñor Rolando Álvarez, el obispo de Matagalpa que se ha atrevido a alzar su voz contra los atropello, cumple 10 días detenido, sin que se conozcan los cargos.

Pero tal parece que es un precio que Petro está dispuesto a pagar. Desde que asumió el poder el pasado 7 de agosto, el mandatario ha enviado señales de paz con Nicaragua y Venezuela, dos países con los que Colombia lleva enemistada un buen tiempo y con los que, además, tiene varios asuntos pendientes. Así, la nueva administración estaría desmarcándose de la “doctrina Duque” de no sostener relaciones con países “enemigos”, a cambio de una política de no intervención, más cercana a la ejercida por México en los últimos años. 

“Colombia parece querer adoptar la estrategia diplomática que ha adelantado el gobierno de México –a través de Andrés Manuel López Obrador– de no intervenir en asuntos internos de los países. Puede sonar crudo, pero todo indica que el gobierno Petro no va a condenar tanto a países de izquierda como de derecha en organismos multilaterales. Una decisión polémica, pero que, parece, es la que va a primar”, asegura Mauricio Jaramillo Jassir, profesor de la Universidad del Rosario.

La política a la que hace referencia el profesor Jaramillo es conocida como la doctrina Estrada, la norma de oro que orientó la política exterior de México durante la mayor parte del siglo XX, que coloca los principios de libre autodeterminación de los pueblos y de no injerencia en los asuntos internos de otros países como elementos rectores de la diplomacia mexicana.

Sin embargo, la política de “no intervención” aplicada por México en los últimos años ha sido cuestionada dentro y fuera de su país por, supuestamente, tener un “doble racero”. Al gobierno de López Obrador se le ha cuestionado por tomar partido en temas como los procesos judiciales recientes contra Cristina Fernández en Argentina y el asilo de Evo Morales en Bolivia en 2019, y no pronunciarse respecto de temas varios como las violaciones de derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua. De hecho, México fue uno de los países que se abstuvo de votar la resolución que firmaron 27 de los 34 países que hacen parte de la OEA. 

Y es ahí donde está el problema de este tipo de posturas, como lo anota la internacionalista Sandra Borda. “La política de autodeterminación de los pueblos está algo trasnochada”, explica la académica, pues, según dice, esta ha sido revaluada en los últimos años por distintos organismos multilaterales. Si bien se debe respetar la política interna de los países, Borda anota que “hay mínimos que no se pueden tolerar”.

“Resulta paradójico que hoy sea la izquierda la que tome este tipo de decisiones cuando los líderes sociales e incluso el presidente de la república han sido protegidos por los mismos mecanismos internacionales que hoy dicen no sirven o están politizados. Que hoy digan que el sistema interamericano no sirve para nada es algo hipócrita”, asegura Borda en conversación con CAMBIO.

De hecho, como sucede con México, dice Borda, Colombia estaría manejando la estrategia de no intervención, precisamente, como una herramienta política. El gobierno colombiano estaría, con su silencio, elevando una bandera blanca para cerrar una posible conciliación con Nicaragua y llegar a un arreglo bilateral que permita a los pescadores raizales de San Andrés seguir trabajando en las aguas disputadas entre los dos países. Una decisión que la académica considera como “ingenua” teniendo en cuenta que el proceso está cerca de terminar.

“Un gesto de buena voluntad que equivale a condonar, o al menos a mirar para otro lado cuando se discute la persistente violación de derechos que tiene lugar en un régimen que dejó de ser democrático hace mucho tiempo, es una estrategia de negociación más bien poco sofisticada y medio ramplona y se pone a Colombia en una posición muy cuestionable en materia de derechos y de defensa de la democracia”, agrega.

Nasstasja Rojas, profesora de la Universidad de los Andes, considera que este tipo de decisiones pueden ser un arma de doble filo para Petro, quien estaría corriendo un grave riesgo al querer adoptar una postura más cercana a la de México, sobre todo teniendo en cuenta la impredecibilidad de los países con los que Colombia estaría buscando reconstruir una relación amistosa o cordial.

“Hay un problema y es que a nivel regional no todas las izquierdas son democráticas y es ahí donde le puede pasar factura a Petro. Nos quieren hacer ver que las relaciones son más institucionales y no pasan por las personas, pero en estos dos casos es imposible, pues sus gobernantes son los regímenes en sí mismos”, explica Rojas en referencia a los acercamientos entre Colombia y el gobierno de Nicolás Maduro.

"Lo que se vende es que todo va a ser armónico y que todo va a depender de Venezuela, pero también depende de cómo se actúe al otro lado y para mí eso no es tan claro. Restablecer las relaciones, como lo desea Colombia, implica que Maduro asuma su responsabilidad en el tema migratorio, en las deudas con el empresariado, el tema de Monomeros... esto no va a funcionar como mediáticamente se ha dicho", explica.

En esta posición coincide Borda, quien asegura que sus críticas a esta decisión del gobierno no necesariamente implican regresar a la época de Duque, en la que no había relaciones con los países porque no había garantías democráticas. “La política exterior es mucho más compleja que un juego de buenos y malos, pero sí se debe pensar en los términos que se deben manejar con este tipo de países”, explica.

Desde que Colombia se ausentó de la sesión del 12 de agosto, el silencio del gobierno ha sido ensordecedor. Las excusas del petrismo quedaron sin piso y ya se sienten los efectos políticos de la decisión. Cambio Radical y el Centro Democrático estarían pensando en un debate de control político al canciller Álvaro Leyva para que explique la ausencia que –ahora se sabe– se tomó con total conciencia.