El Petro senador es muy distinto del Petro presidente

“El que la filiación política del contralor sea la misma del gobierno, acelerará los procesos de corrupción en el Estado”, escribió el 7 de agosto de 2018 el entonces senador Gustavo Petro, tras la confirmación de Carlos Felipe Córdoba en la Contraloría General de la Nación. El líder del Pacto Histórico cuestionó públicamente la supuesta injerencia del recién posesionado presidente Iván Duque, de quien dijo “había puesto un contralor de bolsillo”.

En sus críticas a Duque, Petro recordó su época como alcalde de Bogotá, entre  2012 y  2015, cuando, según él, no quiso tener un contralor amigo aunque le trajera problemas. “Me pareció que así se construía democracia y se prevenía la corrupción. ¿Por qué Duque no lo hace?", se preguntaba el senador de la Colombia Humana.

En Colombia, una de las primeras pruebas que enfrentan los nuevos presidentes es la elección del contralor. Petro, como nuevo gobernante, no fue la excepción y el examen lo superó con creces. Eso sí, ayudado de prácticas políticas que en el pasado le había criticado tanto a Duque como a otros miembros de la clase política en Colombia. El término “mermelada”, que se hizo tan famoso durante la época de Juan Manuel Santos, regresó a punta de cuotas en el nuevo gobierno.

Petro no se conformó con un guiño sutil y mediado, como solían hacerlo los presidentes de antaño, para influir en la elección del contralor, sino que lo hizo de frente. El mandatario dio órdenes expresas a Roy Barreras, presidente del Congreso; Alfonso Prada, ministro del Interior, y Mauricio Lizcano, director del Departamento Administrativo de Presidencia, para organizar reuniones con los jefes de los partidos y encaminar un proceso que se daba como perdido y que podía poner en entredicho la supuesta fortaleza de la “coalición más grande de la historia”.

La balanza se inclinó esta semana. Mientras se acercaba la fecha de la votación en la plenaria del Congreso este jueves, el gobierno movió sus fichas con rapidez para influir en un proceso en el que todo apuntaba al nombre de María Fernanda Rangel, ficha del saliente contralor Córdoba y preferida de los partidos tradicionales. El lobby petrista logró, en cuestión de horas, voltear a los liberales, conservadores y a La U, que a comienzos de agosto estaban firmes con la cucuteña, para optar por el abogado vallecaucano Carlos Hernán Rodríguez, quien nunca figuró dentro de los favoritos sino hasta que Petro vio en él un salvavidas. Rodríguez se convirtió en el favorito del gobierno por carambola, cuando no pudieron meter en la lista al candidato Julio César Cárdenas, a pesar de haberlo intentado. El puntaje del examen de conocimientos no le alcanzó a Cárdenas.

El resultado fue aplastante: 260 de los 288 votos posibles le dieron a Rodríguez una holgada victoria que confirmó la buena salud de la coalición de gobierno. Los tres partidos comentaron que su cambio de posición obedeció a una cuestión de “mérito”, pues Rodríguez fue el mejor calificado en el proceso de elección. El senador Roy Barreras dijo, tras terminar la votación, que era “la primera vez que no habrá un contralor de bolsillo” y que “ganó la meritocracia”.

Sin embargo, lejos del discurso altruista de Roy y de los partidos, la elección casi unánime de Rodríguez tiene otra explicación. Para los primeros días de agosto, cuando los tres partidos anunciaron su apoyo a la candidatura de Rangel, ninguno de estos movimientos tenía representación dentro del gabinete del presidente, algo que ahora sí tienen y que se comenzó a gestar días antes de la posesión del presidente Petro.

El 5 de agosto empezó la frenética campaña por Carlos Hernán Rodríguez. El presidente Petro, acompañado de quien sería su ministro del Interior, Alfonso Prada, se reunió con los emisarios liberales –Lidio García, Andrés Calle y Simón Gaviria– para hablarles de gabinete y de contralor. De ahí salieron los ministerios de Vivienda y Justicia. También se reunieron con Dilian Francisca Toro, del Partido de la U, con quien hablaron del ministerio de las TIC y del contralor, y terminaron el día reunidos con el senador conservador Carlos Eduardo Trujillo, jefe de ese partido, con quien conversaron del ministerio de Transporte y del contralor.

En todas las conversaciones el guiño poco sutil fue que había que votar por el del mayor puntaje y que bienvenidos al gobierno. Fue así como terminaron Guillermo Reyes (conservador) en el Ministerio de Transporte, Catalina Velasco en el Ministerio de Vivienda (liberal), Néstor Osuna en el Ministerio de Justicia (liberal) y Mery Gutiérrez en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (La U). Estos nombramientos fueron las cuotas con las que el gobierno “pagó” a los partidos para asegurarse una buena gobernabilidad. 

La campaña tomó casi diez días y la favorita de ese momento, María Fernanda Rangel, a quien acusaban de ser la candidata del contralor Carlos Felipe Córdoba, vio pasar sus apoyos de más de 200 congresistas a prácticamente cero por cuenta del lobby petrista.

Pero con estas acciones, el mandatario rompió con una opinión expresada por él mismo en 2018, cuando el entonces presidente Duque entregó los nombres de sus ministros y de otros funcionarios que harían parte de su gobierno.  El senador de la Colombia Humana manifestó en ese momento que dicho gabinete representaba “a los feudos de la plutocracia agremiada”, dando a entender que el mandatario estaba pagando favores a los gremios económicos que le apoyaron en la campaña.

De ese modo, así como Petro acusaba a Duque de pagar con cuotas en su gabinete a los gremios económicos (Guillermo Botero en Mindefensa y Andrés Valencia en Minagricultura), el nuevo presidente terminó haciendo lo mismo que su antecesor, pero esta vez con favores a los partidos tradicionales. 

En su primera entrevista como presidente electo, Gustavo Petro le dijo a CAMBIO que era imperativo luchar contra los sectarismos de izquierda y de derecha, y concluyó: “Nosotros podemos izquierdizarnos, y decir que todo es para nosotros, el poder es para nosotros (…)  si la izquierda se ensoberbece nos aislamos, y si nos aislamos nos tumban”. El presidente tiene muy presente sus años en la alcaldía, en los que una difícil relación con el Concejo y con los entes de control lastimaron gravemente sus planes de gobierno. 

Así las cosas, las razones pragmáticas del futuro mandatario son enteramente claras: garantizar la buena salud de cara a las importantes reformas que el gobierno plantea presentar en este primer año. Sin embargo, contrario a lo propuesto en campaña, con Petro no llegó el cambio de esa tradición de interferencia del Ejecutivo. Lo sucedido con el contralor y con las cuotas dentro de su gabinete solo muestran que una cosa es estar en la oposición y otra en el gobierno, con todo lo que ello implica.