¿Qué tan conveniente es fusionar los ministerios de Ambiente y Cultura?

Por Juan Pablo Ruiz*
La intención de Rodolfo Hernández de fusionar los ministerios de Cultura y Ambiente es preocupante, pero puede interpretarse en dos sentidos opuestos: o está asociada a cierto desdén por lo ambiental y a un posible recorte en los recursos asignados al ambiente, que es lo más probable; o, al contrario, piensa convertir el Ministerio del Ambiente en un superministerio e integrar otros temas que, como la cultura, son esenciales para enfrentar la crisis climática, lo cual sería deseable y necesario.
Veamos los argumentos que llevan a pensar en las bondades de la segunda alternativa y lo pernicioso de la primera.

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El cambio climático nos obliga a una mejor planificación en la ocupación del espacio, a pensar la ubicación y crecimiento de pueblos y ciudades, a rediseñar trazado, desagües y manejo de pendientes en las carreteras.

La ciencia ha enviado al mundo una alarma y un llamado urgente a la acción. Me refiero al Sexto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC por su sigla en inglés), titulado Cambio Climático 2022: Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad(https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/), en el que es claro que, si queremos evitar efectos económicos, sociales y ambientales catastróficos, tenemos que actuar con premura y contundencia para mitigar el calentamiento global y adaptarnos al cambio climático.
De otra parte, el Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, en el documento Cambio Climático y seguridad nacional(https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/NIE_Climate_Change_and_National_Security.pdf), señala a Colombia, por los efectos físicos y la falta de capacidad institucional y financiera para su adaptación frente a los climas extremos, como uno de los once países en el mundo más vulnerables frente al cambio climático. Ya estamos viviendo los efectos de climas extremos, con crecientes y desbordes de ríos y quebradas, destrucción de carreteras e inundaciones rurales y urbanas, con costos en vidas humanas, desplazamientos y empobrecimiento. Entre los eventos recientes, podemos mencionar: las crecientes súbitas en Medellín y varias zonas del Eje Cafetero; las inundaciones en La Mojana (Sucre), en San Pablo (Nariño) y en Sevilla (Valle); los vendavales en Uribia (La Guajira) y buena parte de la costa caribe; y el verano en la Amazonia, uno de los más intensos de los últimos años, que favoreció la quema de extensas zonas de bosque.
Esto no sucede solo en Colombia. Un diluvio cerca de Río de Janeiro (Brasil), ocurrido el 25 de febrero de 2022, hizo que en pocas horas cayera más agua que en meses completos de invierno, causando la muerte de más de cien personas y millones de dólares en pérdidas de viviendas e infraestructura. Fenómeno similar acaba de repetirse en Pernanbuco, en el noreste de Brasil. Al otro lado del mundo, en Australia, las fuertes lluvias obligaron al desplazamiento de decenas de miles de habitantes de Sidney, su capital.
También hay sequías. El periodo 2001-2021, en el suroeste de Estados Unidos, ha sido el más seco de los últimos 1.200 años. En Chile se vive una angustiante sequía. En noviembre de 2021 el 45 por ciento de la población del país se encontraba bajo escasez hídrica, que obligó incluso a limitar el agua de uso doméstico.
 

Una mejor planeación
El cambio climático nos obliga a una mejor planificación en la ocupación del espacio, a pensar la ubicación y crecimiento de pueblos y ciudades, a rediseñar trazado, desagües y manejo de pendientes en las carreteras, entre otras muchas acciones. El próximo plan nacional de desarrollo tendrá que asignar importantes recursos para mejorar nuestra capacidad institucional orientada a la adaptación al cambio climático, al punto de que deberíamos modificar el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y convertirlo en el Departamento Nacional de Planeación Ambiental (DNPA). Todos los temas están transversalmente determinados por lo ambiental: educación, salud, vías, minería, agricultura y ocupación y manejo del territorio, entre otros.

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La regulación hídrica y climática y el potencial para educación y turismo de naturaleza son argumentos para que los nacionales transfiramos recursos a las comunidades e instituciones que conservan el bosque.

Los países que conservan el bosque tropical biodiverso son –hasta ahora– proveedores gratuitos de servicios ecosistémicos y asumen costos para adelantar su conservación. Una circunstancia favorable es que, por su aporte a la regulación climática, la conservación de la biodiversidad y la disminución del riesgo de nuevas pandemias, el bosque biodiverso se está valorizando. Conservarlos cuesta y genera un efecto económico y social positivo para el planeta. Este es el argumento para negociar transferencias financieras del mundo, y de las personas que se benefician con los servicios ecosistémicos de estos bosques, a los países y las personas que los conservan. Colombia debe negociar canje de deuda externa por gestión climática, como mecanismo de compensación por los servicios ecosistémicos que le aportamos al mundo, e invertir buena parte de estos recursos para frenar la deforestación. Otra opción es con transferencias directas. Un ejemplo es la transferencia que Noruega hace a Gabón (África) de US$10 por cada tonelada de CO2 que el bosque tropical biodiverso fija; este cubre el 80 por ciento de la superficie de ese país. Estas transferencias son compensaciones o pagos por un servicio, no simple voluntad de cooperación o donaciones internacionales. Estas fuentes pueden contribuir a financiar procesos de adaptación y mitigación frente al cambio climático.
 

Las estrategias de compensación
A nivel nacional también tenemos que definir estrategias de compensación. La regulación hídrica y climática y el potencial para educación y turismo de naturaleza son argumentos para que los nacionales transfiramos recursos a las comunidades e instituciones que conservan el bosque. Naciones Unidas acaba de publicar el informe “Evaluación de la Amazonia 2021”, y, en referencia al ciclo hidrológico, enfatiza que las precipitaciones en la cuenca del Amazonas, 6.000-7.000 mm/año en la base de los Andes, son en buena parte consecuencia de la inyección permanente de vapor de agua a la atmósfera por el propio bosque, que con la ayuda de la elevación mecánica del aire por la cordillera de los Andes y la existencia de los denominados “ríos aéreos”, desplaza el vapor de agua que luego se transforma en lluvia. Esto alimenta los acueductos de las ciudades colombianas, empezando por Bogotá.

El Fondo Monetario Internacional, en el documento “Una propuesta para ampliar los precios mundiales del carbono” (2021), propone elevar los precios por tonelada de CO2 emitida a US$75, US$50 o US$25, según el grado de desarrollo del país emisor, para que el impuesto disminuya la demanda y estimule el desarrollo de alternativas tecnológicas menos contaminantes. Hoy en Colombia ese precio es de solo US$5. Adelantar con éxito estas negociaciones requiere una institucionalidad fuerte y técnicamente bien dotada.

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Los países que conservan el bosque tropical biodiverso son –hasta ahora– proveedores gratuitos de servicios ecosistémicos y asumen costos para adelantar su conservación.

La propuesta ambiental de Rodolfo Hernández
Volviendo a Rodolfo Hernández, entre los objetivos ambientales de su programa de gobierno, dice: “Fortalecer el modelo institucional ambiental en su acción preventiva y correctiva para asumir los compromisos de las políticas requeridas para disminuir los efectos del cambio climático, proteger la biodiversidad y las áreas de reserva. Igualmente, para implementar la economía circular y desarrollar planes y estrategias de descontaminación atmosférica y, en general, para asumir los retos de la COP 26 y de la agenda de los ODS 2030”. También se compromete a establecer un plan de protección especial de la Amazonia y definir una renta básica a quienes trabajen en la protección de los bosques, para que esta actividad resulte más atractiva económicamente que la de deforestar. Propone convertir los bonos verdes en una acción permanente y encauzar el capital recaudado para financiar proyectos relacionados con la sostenibilidad, que produzcan un efecto positivo en las tareas frente al cambio climático. Cierra la sección de ambiente comprometiéndose a actualizar los POT, para la protección del agua, la generación de energías limpias y el desarrollo productivo sustentable. Para cumplir con la propuesta anterior, y además mejorar la infraestructura vial y recuperar la navegabilidad del río Magdalena, requerirá importantes insumos desde la institucionalidad ambiental. Los programas de gobierno de Hernández y Petro      –siendo este más extenso y preciso–, para ejecutar los compromisos ambientales, requieren mayor y mejor institucionalidad y mayor presupuesto.
El documento "Análisis institucional y de las finanzas del sector ambiental" (Fescol & Foro Nacional Ambiental, 2022) analiza todas las fuentes de ingresos de las entidades del Sistema Nacional Ambiental y concluye que los recursos de la política ambiental crecen muy poco en los últimos años y que, en relación con el PIB, no alcanzan todavía los precarios niveles de períodos anteriores. En gestión ambiental y en relación con el PIB, Colombia invierte una tercera parte de lo que en promedio invierten los países de la Ocde, siendo un país con mucho más potencial por su riqueza biodiversa y sus recursos naturales, pero también de mayor fragilidad, riesgos y retos. Se requiere una política ambiental transversal que integre sociedad civil y gobierno para, entre todos, gestionar el nuevo modelo de desarrollo y bienestar que requiere el país. ¿Cómo enfrentará el próximo gobierno este reto? Está por verse.
* Profesor de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Externado y de la Universidad del Rosario