Aumentan las incautaciones, pero no la erradicación mientras las hectáreas de coca están disparadas

El 16 de diciembre de 2022, cuatro meses después de asumir el poder, el presidente Petro asistió a la primera Cumbre Nacional Cocalera en la región del Catatumbo. El objetivo principal del encuentro era escuchar a los campesinos y plantear soluciones al problema del narcotráfico.

En su discurso ante más de 1.000 cultivadores, el mandatario presentó una propuesta ambiciosa: sustituir los cultivos de coca de manera gradual, alternando la siembra de hoja de coca con otros productos agrícolas. El propósito, dijo, era que las comunidades transitaran hacia la economía formal y abandonaran las siembras ilícitas.

Petro explicó además que la misión de la fuerza pública debía centrarse en identificar a los verdaderos dueños de los narcocultivos, sin atacar a las comunidades campesinas, y enfocarse en otros eslabones del negocio, como el control de los insumos y la comercialización del clorhidrato de cocaína. 

“Este mundo está cambiando. Los dueños del narcotráfico empiezan a ser otros, y sus prácticas gerenciales, entre comillas, también. Por tanto, la capacidad del Estado tiene que adaptarse y transformarse para combatir esa nueva realidad. Estamos ante multinacionales del crimen con presencia en todos los continentes. La violencia que ha crecido en las ciudades y territorios de muchos países americanos tiene que ver con esta nueva realidad”, afirmó el presidente.

Desde su llegada a la Casa de Nariño, el jefe de Estado ha insistido en que las organizaciones narcotraficantes no se derrotan con fusiles, sino con inteligencia. “Necesitamos expertos en redes y tecnología, especialistas en idiomas, finanzas y derecho internacional que comprendan los sistemas financieros del mundo. La lucha contra las drogas debe centrarse en la interdicción, para detener los grandes cargamentos y cortar la cadena que enriquece a las organizaciones criminales, no en la fumigación ni en la erradicación forzada”, aseguró.

Petro también dio la orden de priorizar la defensa de los derechos humanos de los campesinos. “Los estudios internacionales demuestran que en la erradicación forzada hay una resiembra del 62 por ciento. Es decir, si se erradican 100.000 hectáreas, en realidad solo se eliminan 38.000. La sustitución productiva debe generar utilidades y medios de subsistencia adecuados para las comunidades”, enfatizó.

Según Insight Crime, desde 2022 el Gobierno ha dirigido los esfuerzos de la fuerza pública hacia la incautación de drogas y el ataque a los eslabones más lucrativos del negocio, mientras busca promover alternativas legales en las zonas rurales. Sus antecesores, en cambio, se concentraron principalmente en la erradicación forzada, una estrategia que Estados Unidos financió durante décadas.

Aumento de los cultivos

Los informes de las Naciones Unidas indican que las hectáreas cultivadas con coca en Colombia pasaron de 143.000 en 2020 a 253.000 en 2023, lo que representa un incremento del 69 por ciento. Esto se tradujo en un aumento de la producción de cocaína: de 1.228 toneladas en 2020 a 2.660 en 2023.

Desde Catar, el propio presidente Petro, adelantándose a la comunicación de la ONU, reconoció que los cultivos ilícitos continuaron creciendo en 2024. Aunque no se ha divulgado el informe oficial del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), aseguró que “solo aumentaron un 3 por ciento, alcanzando las 262.000 hectáreas”, y ordenó revisar la metodología del estudio para evitar errores.

Según el mandatario, dentro de esa cifra se incluyen 80.000 hectáreas “abandonadas hace más de tres años” y 22.000 que están en proceso de sustitución hacia cultivos lícitos. Añadió que “las zonas de selva amazónica están abandonadas porque el consumo de cocaína en Estados Unidos llegó a su máximo y no crecerá más debido al auge del fentanilo”.

Un alto oficial de la Policía Antinarcóticos, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que la reducción de las tareas de erradicación y la suspensión de la aspersión manual inevitablemente se reflejarán en un aumento de los cultivos: “No es descabellado ver lo que muestran las cifras: estamos cerca de las 300.000 hectáreas de coca en el país”, afirmó.

Cifras de incautación en aumento

Los números que resaltan el presidente Petro y su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, respaldan la política antidrogas establecida por el actual Gobierno.

Entre enero de 2023 y septiembre de 2025, las autoridades han incautado 1.988 toneladas de cocaína, siendo 2025 el año con récord histórico. Según datos del Ministerio de Defensa, en lo corrido de este año se han decomisado 772 toneladas, frente a las 648 del mismo periodo en 2024, un aumento de 124 toneladas.

En comparación con los dos últimos años del gobierno de Iván Duque (enero de 2020 a septiembre de 2022), cuando se incautaron 1.417 toneladas, el actual Gobierno ha logrado 517 toneladas más.

Sobreproducción de coca

De acuerdo con el analista Andrés Valderrama, el país enfrenta una saturación de cultivos en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño y Putumayo. Allí, los grupos ilegales ejercen presión mediante asonadas y ataques contra la fuerza pública para permitir la salida de cargamentos de cocaína.

“Hay un exceso de stock de cocaína debido al aumento de las cosechas, impulsado por la política de no erradicación del Gobierno”, explica Valderrama. En Tumaco, por ejemplo, los campesinos que antes recibían 30.000 pesos por arroba ahora apenas obtienen 10.000, e incluso han tenido que regalar parte de sus cosechas.

Las cifras de erradicación manual confirman la tendencia: entre enero y septiembre de 2023 se eliminaron 13.332 hectáreas de coca, mientras que en el mismo periodo de 2025 solo se erradicaron 5.687, una reducción de 7.645 hectáreas.

Durante el gobierno de Iván Duque, la erradicación fue significativamente mayor: en 2020 se eliminaron 86.446 hectáreas y en 2022 se cerró con 55.576.

Para Valderrama, la disminución de estas tareas también ha permitido la llegada de emisarios de carteles internacionales que buscan invertir en laboratorios y minería ilegal. “Estamos viendo representantes de organizaciones extranjeras estableciéndose en zonas estratégicas para comprar, controlar la calidad e invertir”, aseguró.

Un alto oficial de la Policía Antinarcóticos consultado por CAMBIO coincidió en que los grupos ilegales han aprovechado la política de no erradicación. “Ordenan asonadas no solo para impedir la captura de cabecillas, sino también para evitar la erradicación forzada y exigir que se mantenga el compromiso del Gobierno de no quitarles su sustento. Estamos en una especie de parálisis que puede fortalecer al narcotráfico”, advirtió.

Materia prima

Valderrama también señaló que el ingreso de insumos líquidos y químicos hacia los enclaves cocaleros ha aumentado por la falta de control estatal.

Según el Ministerio de Defensa, en 2023 se incautaron 2.798 galones de insumos líquidos, mientras que entre enero y septiembre de 2025 la cifra cayó a 1.960 galones, una reducción de 838.

Durante el gobierno de Duque también se evidenció una disminución, al pasar de 3.442 galones en 2020 a 2.185 en 2022.

Los analistas coinciden en que, pese a los diferentes enfoques aplicados por los gobiernos, ninguna estrategia ha logrado frenar el negocio de las drogas. Una tarea que, hasta ahora, tampoco ha podido cumplir el presidente Petro, en parte por la falta de una verdadera presencia del Estado en las regiones cocaleras, con proyectos productivos, educación y respaldo social. En esos territorios, el narcotráfico sigue siendo, desde hace décadas, la única alternativa económica para miles de familias campesinas.