El agridulce informe de la Fundación Paz y Reconciliación sobre la seguridad en Buenaventura

La Fundación Paz y Reconciliación (PARES) presentó un informe sobre el panorama de seguridad en Buenaventura. El documento advierte que, al comparar las cifras de violencia del último año, el escenario es desolador: picos muy marcados seguidos de breves descensos que reflejan la fragilidad del control institucional sobre la violencia en el distrito.

“El año se inició con 15 homicidios en enero, el doble frente al mismo mes de 2024. En febrero se registraron 13 casos, lo que triplicó las cifras históricas. El punto más crítico se presentó en marzo, con 20 homicidios, que duplicaron los registros del año anterior y consolidaron el primer gran pico del año. En abril y mayo se reportaron 9 homicidios en cada mes, un descenso relativo que sugirió un reacomodo temporal en las dinámicas de confrontación. Sin embargo, en junio la cifra volvió a subir a 13. En julio se alcanzaron 19 homicidios, el segundo pico más alto del año, que confirmó el recrudecimiento de la violencia en el inicio del segundo semestre. Finalmente, en agosto se reportaron 12 homicidios, frente a solo 3 del mismo mes en 2024. Y, hasta septiembre, se registran 9 homicidios, lo que equivale a un aumento del 100 por ciento”, señala el informe.

Según PARES, estos indicadores confirman que Buenaventura atraviesa un momento crítico. “Con una tasa de 33,88 homicidios por cada 100.000 habitantes, el distrito no solo duplica el promedio nacional (17,0), sino que también se ubica por encima de la ya elevada tasa departamental del Valle del Cauca (32,82). Esto significa que, en lo corrido del año, el territorio concentra un nivel de violencia letal más alto que el promedio de un departamento históricamente golpeado por el crimen organizado”, advierte la organización.

Violencia y operativos

El contraste se da con los operativos de las autoridades, que han reportado un aumento en la incautación de armas de fuego y capturas. “Durante 2025 se ha registrado un incremento del 82 por ciento en incautaciones de armas, pasando de 79 en 2024 a 144 en lo corrido del año. Además, se contabilizan 347 capturas, que se suman a las 530 realizadas en 2024 y a las 845 en 2021”, precisa el documento.

Para la fundación, este patrón de picos y descensos refleja que la violencia en Buenaventura opera en ciclos reactivos que responden a los reacomodos de los Shottas y los Espartanos, más que a transformaciones sostenidas del conflicto urbano.

“La ruptura del 14 de enero desató un repunte de homicidios que solo se contuvo parcialmente con la tregua del 2 de abril. Sin embargo, el pacto solo aplica en el área urbana entre Shottas y Espartanos. En las zonas rurales siguen presentes otros actores armados que mantienen dinámicas violentas. Más grave aún, facciones disidentes como ‘Los Chiquillos’, surgidas de divisiones internas, concentran cerca del 90 por ciento de los homicidios esclarecidos, lo que evidencia que los acuerdos no logran contener todas las expresiones criminales”, concluye el análisis.

Comunidades en resistencia

Pese al recrudecimiento de la violencia, PARES identificó que Buenaventura sigue mostrando un anhelo de paz, gracias a los esfuerzos colectivos que sostienen el proceso. “Con el apoyo de la Alcaldía, la Iglesia católica y la cooperación internacional —como la Unión Europea en Colombia— se alcanzaron acuerdos iniciales, aunque no formales, que marcaron un punto de inflexión: el levantamiento de las llamadas fronteras invisibles”.

Las comunidades también han impulsado iniciativas de paz. Ollas comunitarias, torneos deportivos y la recuperación de espacios públicos se han convertido en herramientas para reducir tensiones, abrir canales de confianza y fortalecer el tejido social.

“Esta hoja de ruta parte de una convicción clara: la paz en Buenaventura no depende únicamente del desmantelamiento de estructuras criminales, sino también de la capacidad de fortalecer procesos comunitarios, impulsar transformaciones estructurales y abrir caminos legales de transición. Por eso, la paz sigue siendo una prioridad para los líderes y lideresas del territorio”, sostiene la investigación.

Desescalamiento de la violencia

El informe resalta como avance más visible el acuerdo de no reclutamiento y no utilización de niños, niñas y adolescentes, alcanzado entre Shottas, Espartanos y el Gobierno, con acompañamiento del ICBF.

“Este es el único acuerdo real con el Gobierno en los dos años de espacio socio jurídico. Es importante recordar que las treguas han sido pactos únicamente entre estructuras. A esto se suma la propuesta de acuerdo contra la violencia hacia mujeres, niñas y adolescentes, así como el compromiso de cero extorsiones en mercados campesinos, lo que busca evitar la cartelización de la canasta básica. Aunque estos logros enfrentan enormes desafíos de cumplimiento y monitoreo, muestran que existen rutas posibles para contener el daño y abrir puertas a una paz tangible. Ahora es necesario que estos acuerdos sean respetados por las estructuras criminales”, recalca el documento.

Acogimiento a la justicia

Para PARES, el aporte más significativo es el informe que elabora el Centro Nacional de Memoria Histórica, que recoge testimonios de víctimas, líderes y comunidades sobre la gobernanza criminal en Buenaventura.

“Este insumo se articula al debate nacional sobre la Ley de Sometimiento, cuyo futuro será decisivo para que los diálogos en curso con estructuras criminales tengan una salida jurídica. Aunque aún no hay resultados concretos de implementación, la construcción de memoria y la discusión legislativa son pasos necesarios para sentar los fundamentos de un desmantelamiento real de Shottas y Espartanos”, indica el informe.

La fundación concluye que la experiencia de Buenaventura demuestra que la paz no se sostiene únicamente en acuerdos puntuales o esfuerzos fragmentados. Para avanzar en su consolidación se requieren condiciones estructurales que brinden bases jurídicas, institucionales y sociales. “La aprobación de una Ley de Sometimiento en el Congreso es un paso indispensable: sin un marco legal sólido, el espacio socio jurídico queda atrapado en un limbo, facilitando acuerdos simbólicos, pero sin capacidad de garantizar transiciones sostenibles de las estructuras armadas hacia la legalidad”, enfatiza el informe.