La funcionaria de la Personería que habría colaborado con las disidencias para matar a los líderes religiosos en Calamar, Guaviare

En Calamar, Guaviare, muchos la conocían como la Crespa. Desde su escritorio en la Personería, la joven funcionaria cumplía con tareas propias de su cargo: ejercer control sobre la administración pública y tramitar las quejas y peticiones de los ciudadanos. Su posición también le permitía conocer algunos de los movimientos del Ejército en la zona. A simple vista, parecía un trabajo común, pero, según la Fiscalía, detrás de esa apariencia tranquila se ocultaba algo mucho más oscuro.

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El pasado 27 de octubre, el ente acusador destapó una historia lúgubre: Angie Liseth Jaramillo Arias habría sido pieza clave en el asesinato de ocho líderes religiosos y sociales el 4 de abril de este año, en una vereda rural del municipio.

El crimen de ocho líderes religiosos que estremeció a Calamar

Todo empezó cuando Miller Leonardo Garrafa Neira, alias Miller o el Tuerto, un curtido cabecilla del frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc, ordenó reunir a los líderes religiosos que habían llegado desde Arauca. Los señalaban –erróneamente– de querer montar una célula del ELN en el Guaviare. Los citaron para “hablar”, pero la cita terminó en masacre.

Los ocho hombres fueron retenidos, llevados a la zona rural conocida como Cofre, cerca del río Itilla, y allí les dispararon. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común. 

El papel de la funcionaria en los asesinatos

Fue meses después, en julio, cuando las autoridades lograron exhumar los cuerpos y reconstruir el rompecabezas. En medio de las pruebas, aparecieron llamadas, mensajes y testimonios que apuntaban a la funcionaria. Ella, según la Fiscalía, habría “cantado” todo sobre los sitios donde vivían las víctimas.

Los investigadores aseguran que la Crespa, como la llamaban incluso los hombres armados, no solo conocía los horarios y las rutinas de los líderes, sino que entregó información sobre los lugares donde operaba la fuerza pública para facilitar la emboscada.

La justicia la presentó ante un juez junto a Miller y Yucape –otros integrantes de la estructura Armando Ríos–, bajo los cargos de concierto para delinquir agravado, desaparición forzada, homicidio agravado y porte ilegal de armas de uso privativo. Ninguno aceptó los cargos.

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