Un año de la Operación Perseo: presencia militar, pero escasa acción del Estado

En la madrugada del sábado 12 de octubre de 2024, vehículos blindados del Ejército ingresaron por las calles del corregimiento de El Plateado, en el municipio de Argelia, Cauca, para realizar una toma sorpresa y ejercer control. Con temor, los pobladores se refugiaron en sus casas ante la posible reacción armada de los integrantes del frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc.

Durante cerca de cuatro horas se escucharon detonaciones y ráfagas de disparos provenientes de la parte alta de la montaña, desde donde los guerrilleros intentaban resistir. Finalmente, huyeron del lugar.

Ese día se dio inicio a la Operación Perseo, una estrategia militar orientada a recuperar el control del Cañón del Micay y capturar a los principales cabecillas de las disidencias de las Farc.

Para las autoridades, esta es una de las zonas con mayor presencia de cultivos ilícitos. Además, se le acusa a las estructuras ilegales de amenazar y extorsionar a la población civil para impedir no solo la presencia de la Fuerza Pública, sino también de las instituciones del Estado.

El Cañón del Micay está ubicado en el centro del Cauca, donde la economía gira principalmente alrededor de la coca. En Argelia existen cerca de 6.000 hectáreas de cultivos, y en El Tambo unas 10.000, lo que explica la importancia estratégica que representa para las estructuras ilegales el control de las rentas del narcotráfico.

“La economía en la zona depende en un 90 por ciento de los cultivos de coca. Argelia es un botín para los grupos ilegales. Por este cañón se mueven entre 3.000 y 6.000 kilos mensuales de cocaína lista para exportar, lo que genera enormes recursos. Hablamos de entre 10.000 y 15.000 millones de pesos semanales solo en impuestos. Controlar este territorio es controlar todo ese dinero”, asegura un líder social de la región.

Según el analista Carlos Puentes, las organizaciones ilegales utilizan el discurso de la pobreza para oponerse a la presencia del Gobierno Nacional, buscando mantener la dependencia económica de los cultivos ilícitos, mientras los cabecillas se benefician de los millonarios ingresos del narcotráfico.

“Durante décadas, las comunidades en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño han sido presionadas por los grupos ilegales para lucrarse del botín que representan las economías ilícitas. Las autoridades saben que esta es una zona estratégica para las estructuras que controlan la salida de cargamentos de droga, obteniendo enormes ganancias. Cada hectárea de coca produce considerables sumas de dinero, lo que se convierte en su principal motor para subsistir y expandirse”, explica el analista.

Durante las últimas dos décadas, esta región ha estado bajo el dominio de la guerrilla, primero del Frente Sexto y actualmente del Frente Carlos Patiño, que obedece las órdenes de alias Iván Mordisco.

Falta de compromiso estatal

En los primeros días de la operación ingresaron cerca de 1.400 uniformados de las fuerzas especiales y de la Tercera División del Ejército, con el propósito de cerrarles el paso a las disidencias y permitir la entrada de las instituciones del Estado.

Los habitantes creyeron que ese compromiso sería una realidad tras el mensaje publicado en la cuenta de X del presidente Gustavo Petro, quien horas después del inicio de la operación afirmó: “Iré al Plateado con todo el gabinete para, junto con los habitantes del Micay, trazar el plan de inversiones inmediato”.

El gabinete llegó en la mañana del domingo 13 de octubre, y, protegidos con cascos y chalecos antibalas, conversaron con algunos habitantes como primer paso del compromiso presidencial.

Allí, en medio de las calles polvorientas, la entonces directora del DAPRE, Laura Sarabia, presentó más de 41 proyectos de inversión social que serían financiados por el Fondo Colombia en Paz. Parecía el comienzo de una oportunidad para recuperar la confianza de la comunidad.

“Venimos con toda la oferta institucional de los fondos de paz. La instrucción del presidente es lograr una transformación integral del territorio, donde las Fuerzas Militares han hecho un trabajo excepcional, pero se necesita una oferta social para alcanzar una transformación real”, afirmó la funcionaria.

El compromiso fue ratificado por el presidente Petro: “Agradezco el trabajo de las Fuerzas Militares y la Policía por facilitar la visita de seis ministros y varios directores de entidades a El Plateado, en Argelia, Cauca. El Gobierno hace presencia para llevar salud, educación, conectividad y servicios básicos”.

Sin embargo, las semanas pasaron y la anunciada visita del presidente a caminar por las calles de El Plateado nunca se concretó. Los compromisos quedaron a medio camino, y los habitantes solo ven los combates entre los uniformados y las disidencias de las Farc.

Según cifras del Ejército, actualmente hacen presencia en la zona más de 9.000 integrantes de la Fuerza Pública, distribuidos en más de doscientos pelotones, con apoyo de ocho helicópteros del Ejército y la Fuerza Aeroespacial de Colombia, doce vehículos blindados y cuatro obuses, con la misión de recuperar el control del Cañón del Micay.

La operación ha permitido la recuperación de 13 menores reclutados ilegalmente, la destrucción de 400 drones y 339 minas antipersonal, así como la incautación de más de 288.000 municiones de diferentes calibres.

El trabajo militar también ha contado con el apoyo de ingenieros del Ejército, quienes han contribuido al mantenimiento de vías, redes de acueducto, construcción de viviendas y mejoramiento de escuelas.

Un panorama preocupante

Después de un año, el analista Andrés Valenzuela considera que, aunque los uniformados han consolidado algunas zonas y resistido ataques diarios con drones y asonadas en las que incluso han sido secuestrados temporalmente, la presencia institucional sigue siendo casi nula.

“En el campo militar hay avances, pero falta una mayor presencia del Estado, que llegue con la misma velocidad con la que lo hace el Ejército. Eso no está ocurriendo. Los compromisos han sido insuficientes. No basta con donar computadores o instalar antenas de comunicación; se requiere una presencia integral, especialmente para la sustitución de cultivos”, afirma el analista.

El profesor Jairo Valderrama coincide en que hace falta más apoyo para mejorar la infraestructura básica.“Los habitantes piden condiciones dignas para vivir: seguridad alimentaria, centros de salud, colegios y escuelas. La realidad es que la zona cuenta con una fuerte presencia militar, pero está sola enfrentando un conflicto que se volvió tecnológico por el uso de drones”, asegura.

Para los analistas, la tarea de retomar el control del Cañón del Micay ha recaído únicamente en las Fuerzas Militares, ante la preocupante indiferencia de las instituciones del Estado y la falta de herramientas de las autoridades locales.

“La zona controlada por organizaciones ilegales que se lucran del narcotráfico y la minería ilícita, se requiere un mayor compromiso de la Presidencia. Es necesario que todas las instituciones trabajen como un solo equipo, porque hoy solo las tropas están presentes brindando seguridad para recuperar el control territorial”, concluyeron.