Asonadas: la estrategia de los grupos ilegales para usar civiles y frenar operaciones militares

En la vereda La Samaria, zona rural de La Macarena, Meta, tropas de la Fuerza de Tarea Omega llegaron junto con funcionarios de la Fiscalía para hacer efectiva la captura de Oliver Lozano Serna, conocido con el alias de Chimbo de Oro, integrante de las disidencias.

Lo que parecía un procedimiento judicial rutinario se transformó en un enfrentamiento cuando decenas de pobladores llegaron de manera violenta para impedir la detención. En minutos, el capturado fue forcejeado entre uniformados y civiles: unos intentaban subirlo al helicóptero, mientras otros buscaban liberarlo.

Al menos tres campesinos se aferraron al disidente para evitar que lo trasladaran, mientras otros se sujetaban de sus pies. En medio de la disputa, varios labriegos —al parecer instrumentalizados por la estructura ilegal— desenfundaron machetes y palas para amenazar a los militares.

Tras más de 15 minutos de tensión, los pobladores lograron arrebatar al detenido y, entre gritos e improperios contra los uniformados, Lozano se camufló entre la multitud y escapó.

La maniobra frustró la captura de este cabecilla, con más de 12 años en grupos ilegales y órdenes judiciales por reclutamiento de menores, extorsión y homicidios selectivos en al menos 15 veredas del Meta.

Estrategias similares se han registrado en otras regiones. En La Plata, Huila, dos pelotones del Ejército —unos 64 militares— fueron rodeados por cerca de 600 personas que exigieron su salida del área. Para evitar una confrontación, los soldados se retiraron, mientras la guerrilla observaba a lo lejos.

De acuerdo con altos mandos, en la mayoría de estos casos la población civil es presionada o amenazada por los grupos armados para enfrentarse a la Fuerza Pública.

¿Por qué ocurren las asonadas y quién está detrás? 

Casos en el país

Según cifras del Comando del Ejército, en lo corrido de 2025 se han presentado 38 asonadas, principalmente promovidas por las disidencias de las Farc en los últimos tres años.

Las regiones con más casos son Cauca, Nariño y Valle del Cauca, con 27 incidentes en nueve meses. Les siguen Putumayo, Caquetá y Guaviare (4), La Macarena-Meta (3) y finalmente Tolima, Huila y Vaupés con dos cada uno. En promedio, cada ocho días se registra una asonada en el país.

Esta situación encendió las alarmas del Ministerio de Defensa, que busca nuevas herramientas de disuasión para proteger a los uniformados sin poner en riesgo a la población civil.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, advirtió que se estudian medidas legales y operacionales: “La parte legal es primero colocar las denuncias. También se analiza llevar a la justicia a los responsables, quienes tendrán que demostrar si fueron obligados o no. Pero lo cierto es que cometieron delitos. En segundo lugar, se revisan estrategias como las que se utilizan en Perú, donde las autoridades pueden actuar trasladando a las comunidades a áreas de protección o, en casos extremos, disparando a los miembros inferiores”.

Sánchez agregó que se contempla usar armas de menor letalidad para evitar que las comunidades rodeen a los militares y los obliguen a salir de zonas estratégicas. También calificó la táctica como “cobarde y desesperada”, asegurando que la incapacidad de los grupos ilegales para enfrentar directamente a la fuerza pública los lleva a escudarse detrás de mujeres y niños.

Control operacional

El analista militar Andrés Saldarriaga considera que se requiere una reestructuración en la forma en la que actúa la fuerza pública frente a esta nueva realidad del conflicto, “hay que hacer cambios para que los uniformados no sientan temor de terminar en problemas legales y puedan actuar con firmeza”.

Para el profesor Carlos Escobar, urge restablecer el respeto por la autoridad: “No se pueden naturalizar las agresiones contra soldados, policías y la misma población civil. Si esto sigue creciendo, llevará a la inoperatividad en zonas clave y pondrá en riesgo la seguridad nacional”.

Por su parte, el coronel (r) Francisco Guevara advirtió que las asonadas se han convertido en un mecanismo de presión que expone gravemente a los uniformados “aunque estén armados, su disciplina y respeto por la población los obliga a actuar bajo los principios del Derecho Internacional de los Conflictos Armados (DICA). Solo pueden emplear la fuerza en casos de legítima defensa frente a un ataque inminente”.

Los analistas coinciden en que es urgente identificar y judicializar a los responsables para enviar un mensaje claro: no habrá tolerancia frente a estos crímenes.