Así han aumentado los ataques de grupos ilegales contra la fuerza pública en Colombia

En la tarde de este martes 2 de septiembre de 2025, tropas de la Tercera División del Ejército fueron alertadas por la comunidad sobre el presunto hurto de una tractomula en la vereda La Fonda, municipio de El Patía, Cauca.

Durante el procedimiento de reconocimiento y verificación en la vía terciaria que conduce al sector de Estanquillo, las tropas fueron víctimas de un ataque terrorista mediante la activación de un vehículo cargado con explosivos.

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La detonación generó una fuerte onda expansiva que impactó a los uniformados desplegados en el sector. Como resultado, un suboficial y un soldado profesional sufrieron heridas leves. Ambos fueron evacuados de inmediato al centro médico de la unidad militar, donde los estabilizaron, y se encuentran fuera de peligro.

Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por el frente Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, grupo que ha utilizado de manera reiterada métodos violentos que ponen en grave riesgo a los soldados y también a la población civil que transita por este importante eje vial.

Según las Fuerzas Militares, este sería el décimo ataque ocurrido en las últimas dos semanas contra miembros de la fuerza pública, evidenciando un incremento significativo con respecto al mismo periodo de 2024.

Cifras alarmantes

Entre el 1° de enero y el 2 de septiembre de 2025 han sido asesinados 153 uniformados en acciones de grupos armados ilegales: 71 pertenecientes a las Fuerzas Militares y 82 a la Policía Nacional.

El incremento en los ataques es notable. En comparación con el año 2024, el número de militares muertos aumentó 97 por ciento, pasando de 36 a 71 en lo corrido de 2025. En cuanto a los heridos, el aumento fue del 173 por ciento: de 132 en 2024 a 361 en 2025.

En el caso de la Policía Nacional, en 2024 se registraron 7 homicidios de uniformados fuera de servicio, cifra que se elevó a 21 en 2025. Además, los asesinatos de policías en servicio pasaron de 15 el año anterior a 61 durante el presente año.

Según las investigaciones, los uniformados han sido blanco de enfrentamientos directos, ataques con explosivos lanzados por drones y campos minados.

Una de las modalidades más preocupantes es el denominado 'Plan Pistola' —ataques selectivos contra policías y militares—, así como el uso de francotiradores, especialmente en los departamentos de Norte de Santander, Antioquia, Cauca y Nariño.

Dimensión política del conflicto

Para el analista Carlos Sanabria, los grupos ilegales se han modernizado en sus formas de operar durante los últimos tres años:

“Las Fuerzas Militares están siendo atacadas diariamente con drones operados por dos o tres guerrilleros, causando graves daños. Hasta ahora, el Gobierno apenas presentó un proyecto de ley para regular su compra y uso”.

Sanabria también advirtió sobre la necesidad de fortalecer la cooperación con países vecinos para controlar el ingreso de drones, armas y explosivos a través de las fronteras.

Por su parte, el profesor universitario Andrés Saldarriaga afirma que los grupos armados ilegales han aprovechado el proyecto de Paz Total para fortalecerse:

“Las estructuras criminales envían representantes a las mesas de diálogo para mostrar intenciones de paz, mientras en sus zonas de injerencia continúan reclutando menores y extorsionando a los pobladores”.

Saldarriaga agrega que los uniformados están cumpliendo con su deber constitucional de brindar seguridad, pero el resto del Estado no los acompaña en las zonas dominadas por estructuras armadas.

“El Ministerio de Defensa hace presencia con sus tropas en zonas donde operan las disidencias, el ELN y el Clan del Golfo, pero allá no llegan ni los ministerios de Agricultura, Salud, Educación o Transporte, dejando solos a los uniformados”, concluye.