Guerra en el Catatumbo: un año sin frenar las confrontaciones entre ELN y disidencias de las Farc

La Defensoría del Pueblo volvió a alertar sobre la crítica situación de derechos humanos en el Catatumbo, donde persisten los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc. Según la entidad, las confrontaciones han derivado en desplazamientos masivos, confinamientos, reclutamiento forzado de menores y múltiples formas de violencia contra la población civil.

El organismo reiteró su llamado urgente al Estado para que adopte acciones que permitan proteger a las comunidades, prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, y fortalecer las medidas de prevención frente a las violencias basadas en género.

“Un año después del desplazamiento masivo registrado a causa de la agudización del conflicto armado, la población civil continúa enfrentando graves afectaciones derivadas del control territorial de actores armados ilegales, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) y diversas formas de violencia”, se lee en el informe.

La Defensoría exhortó a las entidades del Gobierno nacional a garantizar una presencia institucional efectiva, con infraestructura adecuada, capacidades operativas, inversión social y garantías reales de derechos para los pueblos y comunidades del territorio.

“Si bien esta subregión ha estado atravesada por dinámicas de violencia desde la década de los años 80, a partir del 16 de enero del año anterior la disputa territorial entre estos grupos armados ilegales concentró la atención nacional por la magnitud de sus impactos humanitarios”, indica el documento.

La entidad recordó que, como respuesta a la crisis, se adoptaron medidas como la declaratoria del estado de conmoción interior, orientadas a fortalecer la institucionalidad, aumentar la presencia de la fuerza pública, recuperar el control territorial, proteger a poblaciones vulnerables y avanzar en procesos de desarrollo rural, sustitución de cultivos ilícitos e implementación del Pacto Catatumbo.

Sin embargo, muchos de estos compromisos no se materializaron. “Persiste el abandono estatal histórico en la subregión. La población del Catatumbo mantiene la expectativa de que se concreten proyectos estratégicos que les permitan superar el abandono profundo y prolongado por parte del Estado”, afirmó Iris Marín, defensora del Pueblo.

Violencia sin fin en el Catatumbo

La Defensoría del Pueblo recogió testimonios que evidencian la profundidad del drama humanitario que ha dejado un conflicto entre personas que antes compartían el territorio como vecinos, familiares y amigos, y que hoy se enfrentan bajo la lógica de la guerra.

El informe detalla que las confrontaciones han generado desplazamientos masivos, confinamientos y múltiples hechos de violencia que continúan afectando a la población civil y transformando profundamente las dinámicas sociales y las formas de vida en el territorio.

Según datos de la Unidad para las Víctimas, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025 105.203 personas fueron incluidas en el Registro Único de Víctimas, principalmente por desplazamiento forzado (101.587), seguido de amenazas (7.777), confinamiento (3.772) y abandono o despojo forzado de tierras (2.948).

“Les hemos pedido al Frente 33 y al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y al derecho internacional humanitario. Esta guerra es de ellos, no de la gente. Ninguno de los dos grupos va a ganarla; ambos ya la están perdiendo al atacar a la población sin ningún respeto por sus derechos, mientras también pierden a muchos de sus hombres en los combates”, afirmó la defensora del Pueblo.

La entidad identificó que el reclutamiento forzado y la vinculación de menores mediante engaños continúan siendo una práctica recurrente en el Catatumbo. Los grupos armados utilizan regalos, promesas de un futuro mejor y presiones directas para atraer a niños, niñas y adolescentes.

Entre enero y noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó la desvinculación de 49 menores de edad en distintos municipios de la subregión.

“La Defensoría del Pueblo, con el apoyo de la Iglesia católica, ha contribuido a la recuperación de adolescentes vinculados al ELN y al Frente 33, lo que evidencia la urgencia de fortalecer las acciones de prevención y protección integral de la niñez”, enfatizó la funcionaria.

Transformación del conflicto

En su informe sobre el Catatumbo, la Defensoría advirtió que el conflicto armado ha incorporado nuevas dinámicas, como el uso de drones, artefactos explosivos improvisados y minas antipersonal, prácticas prohibidas por el derecho internacional humanitario (DIH). Estas acciones han convertido amplias zonas rurales en campos minados y han permitido un mayor control territorial por parte de los actores armados ilegales.

“Según personeros municipales, estas prácticas impiden que los campesinos trabajen sus tierras y afectan gravemente al pueblo indígena Barí, al restringir su movilidad, sus actividades productivas y sus prácticas culturales, debido al riesgo permanente de explosiones. A ello se suma el impacto emocional generado por la zozobra constante”, señala el informe.

La expansión de las economías ilegales, especialmente los cultivos de uso ilícito concentrados en municipios como Tibú, continúa alimentando el conflicto armado y fortaleciendo a los grupos ilegales.

La Defensoría también ha recibido denuncias de comerciantes que reportan prácticas de control como la carnetización obligatoria, el uso de chalecos con insignias y la imposición de normas por parte de los grupos armados. Estas dinámicas están ligadas a economías ilícitas como la extorsión, el contrabando, la trata de personas y el control del tránsito de migrantes, principales fuentes de financiación de estas estructuras.

Respuesta de las autoridades

Para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales y proteger a la población civil, el Ejército Nacional puso en marcha hace un año la Operación Catatumbo, que cuenta con la participación de más de 11.000 uniformados en la región.

“Como resultado de la operación, se destaca la evacuación de 3.633 personas, incluidas 57 firmantes de paz, así como la entrega de 352,5 toneladas de ayudas humanitarias. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad, la desmovilización de 161 integrantes de estructuras armadas ilegales y la captura de 167 personas responsables de múltiples afectaciones a la población civil”, señaló el Ejército en un comunicado.

Según la institución, la operación también permitió la incautación de 178 armas cortas y 161 armas largas, y la neutralización de 2.514 artefactos explosivos, 3.202 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersonal, 62.544 municiones y seis drones.

De igual manera, se reportó una afectación al narcotráfico superior a 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, con un impacto económico estimado en más de 208.000 millones de pesos, lo que, según las autoridades, ha contribuido a reducir los riesgos para las comunidades rurales y las vías de comunicación.