El reclutamiento de menores en Colombia no da tregua: Cauca en el centro, las redes al servicio de grupos armados y políticas públicas insuficientes

En Colombia, el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados se ha disparado en los últimos años. Human Rights Watch documentó que al menos 1.500 menores de edad han sido víctimas de esta práctica desde 2021. La organización advirtió, además, que el Estado ha establecido varias políticas públicas y estrategias para prevenir el reclutamiento, pero en la práctica resultan desactualizadas e insuficientes. ¿Cuáles son las razones detrás de este fenómeno?

El informe, titulado "Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá": Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia", identificó al departamento del Cauca como el epicentro del fenómeno y a la población indígena como la más golpeada por el reclutamiento. También sostiene que una de las herramientas más usadas hoy para captar menores son las redes sociales, y advierte sobre los vacíos que enfrenta la institucionalidad encargada de prevenirlo, justo cuando el país atraviesa un cambio de gobierno.

El Cauca, epicentro del reclutamiento

Según datos de la Defensoría del Pueblo revisados por Human Rights Watch, los grupos disidentes de las FARC concentran el 74 por ciento de los casos de reclutamiento documentados entre 2021 y 2025. El Estado Mayor Central (EMC), liderado por Iván Mordisco, aparece como el más activo: solo en 2025 fue responsable del 43,4 por ciento de los reclutamientos reportados en el país.

El Cauca reúne casi el 57 por ciento de todos los casos registrados a nivel nacional. Trece de los veinte municipios con más reclutamientos del país están en ese departamento, según la misma fuente.

La población indígena es la más afectada, pues casi la mitad de los casos documentados corresponde a niños, niñas y adolescentes indígenas, aunque este grupo representa apenas el 4,3 por ciento de la población colombiana, de acuerdo con el censo de 2018. El 80 por ciento de los menores indígenas reclutados en el país entre 2021 y 2025 proviene del Cauca, departamento que alberga la segunda población indígena más numerosa de Colombia.

"Se están llevando a toda una generación", dijo un líder indígena a Human Rights Watch. "Están poniendo en riesgo la existencia de nuestra comunidad y nuestra cultura".

La guerra también se libra en TikTok

Un video muestra las manos de un hombre con un anillo del ELN sosteniendo un fajo de billetes. En los comentarios, varios usuarios preguntan cómo unirse al grupo. Esta es una de las decenas de publicaciones que Human Rights Watch encontró en TikTok y Facebook, donde grupos armados exhiben uniformes, armas y dinero en efectivo para presentar la vida armada como un camino hacia el prestigio y el poder.

La organización identificó 52 cuentas y 37 publicaciones en TikTok, además de 20 perfiles en Facebook, con este tipo de contenido. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, el 44 por ciento de los niños, niñas y adolescentes reclutados en 2025 fueron captados a través de redes sociales.

Para evadir los controles de las plataformas, los grupos disimulan sus nombres con números, por ejemplo F4RC y 3LN en lugar de FARC y ELN, y usan emojis o banderas de otros países cuyos colores se asemejan a sus insignias, como la de Angola para aludir al ELN. Algunas publicaciones incluso ofrecen cubrir los gastos de transporte a quienes quieran unirse.

Human Rights Watch envió a Meta y ByteDance, dueñas de Facebook y TikTok, la lista de cuentas identificadas. Ambas empresas respondieron que las habían eliminado. Sin embargo, entre julio y agosto de 2026, mientras se documentaba este hallazgo, aparecieron nuevas cuentas con contenido similar. La organización advirtió, además, que los algoritmos de estas plataformas, en algunos casos, parecían recomendar activamente este tipo de contenido a los usuarios que interactuaban con él.

Las políticas estatales no han sido suficientes

La Política Pública de Prevención del Reclutamiento, vigente desde 2018, no se ha actualizado y carece de un plan de acción, un presupuesto definido y un sistema de seguimiento, según Human Rights Watch. La Comisión Intersectorial encargada de coordinarla (CIPRUNNA) se reunió apenas 36 veces entre 2007 y 2025, y buena parte de esas sesiones se limitó a acordar procedimientos administrativos.

"La CIPRUNNA no está funcionando (...) no hay una respuesta estratégica al problema", dijo a Human Rights Watch un general del Ejército que participó en las sesiones de la comisión.

El presupuesto asignado a la prevención del reclutamiento también se redujo y pasó de 2,2 millones de dólares en 2025 a 0,9 millones en 2026, según cifras oficiales citadas en el informe. Además, ese monto ya no está destinado exclusivamente a este fin.

El panorama se complica con el cambio de gobierno, según Human Rights Wathc, pues el presidente Abelardo de la Espriella anunció que eliminará la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, la entidad que hoy coordina la CIPRUNNA, sin que hasta el momento se haya designado qué institución asumiría esa función. Human Rights Watch pidió al nuevo gobierno adoptar una política de seguridad y justicia que no dependa únicamente del despliegue militar y que enfrente la pobreza rural, las economías ilícitas y la corrupción que permiten que los grupos armados sigan reclutando menores.