El ELN dice que es mentira que reclute menores, pero el defensor del Pueblo lo contradice

El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció hace una semana que, según información de organismos de inteligencia, el ELN había reunido a varios habitantes en los municipios de Yarumal y Campamento con la intención de reclutar a 12 menores de edad.

“Desde hace varios meses venimos denunciando esta grave situación que se presenta en el norte de Antioquia, para lo cual estamos propiciando una mesa especial con el Gobierno nacional. ¿Son estos gestos de paz?”, afirmó el  gobernador.

En respuesta a la denuncia, el lunes 24 de abril Eliécer Herlinto Chamorro, alias Antonio García, máximo cabecilla del ELN, desestimó a través de su cuenta de Twitter lo expresado por el gobernador Gaviria. “Hemos hecho claridad que el ELN no hace reclutamientos. Las personas se vinculan voluntariamente. No vinculamos menores de edad a nuestras filas de combatientes”.

La polémica se acrecentó con las declaraciones de Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno en la mesa de paz con el grupo guerrillero, quien a su salida este martes 25 de abril de una reunión en la Casa de Nariño, aseguró que desconoce si el  ELN recluta forzosamente a menores de edad.

Las cifras del reclutamiento

Para el defensor del Pueblo, las declaraciones del cabecilla del ELN van en contravía con la realidad. “Negar que el ELN ha reclutado niñas, niños y adolescentes es negar una realidad evidente y preocupante para quienes habitan en los territorios. Se trata de la misma práctica repetida por grupos armados organizados. Esta guerrilla ha cometido múltiples y sistemáticos hechos de reclutamiento forzado de menores de edad en el país”.

Según información de la Defensoría, entre 2021 y lo que va de 2023 se han conocido 199 casos de reclutamiento en todo el territorio nacional, 24 de los cuales tienen como presunto responsable al ELN. De estos, seis ocurrieron en 2020, tres en 2021 y 15 en 2022. Arauca es el departamento en el que más casos se han presentado, con nueve; le sigue Nariño, con cinco; Norte de Santander, con tres; Antioquia, con dos; Valle del Cauca, con dos; y Bolívar, Boyacá y Caldas, con uno.

Las cifras pueden ser más altas porque la mayor parte de las familias afectadas no denuncian por el temor a ser objeto de represalias por parte de los actores armados.

“Más preocupante aún es que esta afirmación, hecha en el marco de un proceso de diálogo para la paz, da muestras de que no existe una voluntad clara y sincera de decir la verdad y buscar la justicia y la reparación para las víctimas, que, siendo menores de edad, fueron involucrados en actividades relacionadas con las hostilidades, lo que a todas luces va en contravía del Derecho Internacional Humanitario”, dijo Camargo.

Desde 2018 hasta la fecha, la Defensoría del Pueblo ha emitido un total de 131 alertas tempranas sobre esta situación. “La paz no se construye sobre mentiras, y el futuro del país depende de que las niñas y los niños que fueron víctimas de este delito sean atendidos y reparados. De otra manera, no vamos a poder salir del círculo vicioso de la guerra”, puntualizó el defensor del Pueblo.