Los grupos armados están utilizando el cese al fuego para fortalecerse

Los colombianos han sido testigos de los acuerdos que ha realizado la oficina del Alto Comisionado para la Paz, tras acordar ceses al fuego con las disidencias de las Farc y el ELN. Al igual de la disposición de los integrantes de la Segunda Marquetalia para formalizar una mesa de negociaciones.

Pero la violencia durante el año y medio de gobierno no se ha detenido. Las organizaciones al margen de la ley han incrementados su número de integrantes y de armas. 

Una radiografía que recuerda lo que vivió el país a finales de la década de los noventa, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana, en la llamada zona de distensión, cuando las Farc ampliaron su poder armado.

Según el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, Las dos disidencias de las Farc, Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia han aumentado su dominio, pasando de 230 municipios en 2022 a 299 en el 2023.

En la actualidad, la que más se ha expandido es el Estado Mayor Central (EMC), con más trece frentes que operan en 19 departamentos, mientras que la Segunda Marquetalia, con seis estructuras, hace presencia en 15.

Los departamentos de Antioquia, Guaviare, Meta, Caquetá y Cauca son los más afectados por la llegada de hombres armados, el incremento de las extorsiones y el reclutamiento de menores.

En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en 2022 este grupo tenía injerencia en 189 municipios, pero durante el 2023 su presencia se extendió a 231 en 19 departamentos. 

De otro lado el Clan del Golfo, que opera en 24 de los 32 departamentos del país, también se ha expandido al aumentar sus acciones armadas de 253 municipios en 2022 a 392 en 2023

Para el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, el Gobierno no ha tenido en cuenta las recomendaciones formuladas por el Sistema de Alertas Tempranas, ya que de los 205 informes de seguimiento que ha emitido, solo el 1 por ciento ha sido resuelto. El el 65 por ciento se ha agravado y el 32 por ciento restante aún está vigente. 

“Hacemos un llamado a las entidades del Gobierno Nacional para que den respuesta de manera preventiva y proactiva al aumento de las conductas vulneratorias de derechos humanos de los grupos armados al margen de la ley, y recuperen, con el concurso de las Fuerzas Militares y de Policía, la seguridad en todo el territorio nacional, aspecto fundamental que también contribuye a la consolidación de la paz”, dijo el Defensor del Pueblo.

Camargo Assis afirma que la paz debe tener reglas claras "porque en el desarrollo de un cese al fuego bilateral, no se les puede permitir a los alzados en armas que le hagan fraude al pueblo colombiano y sigan combatiendo, como de manera lamentable ha venido ocurriendo. La víctima principal es la población civil, porque tiene que confinarse o desplazarse y ser susceptible de la vulneración de sus derechos fundamentales”

El alto funcionario agrega que "los grupos armados ilegales le están haciendo "pistola" al Gobierno nacional y al anhelo de paz de todos los colombianos. Contrario a ello, lo que deben hacer es cumplir lo pactado”.

Según un documento de inteligencia, esta expansión ilegal se ve reflejada en un aumento de las confrontaciones contra las Fuerzas Militares y otras organizaciones ilegales por tener el control de las zonas, en especial donde hay presencia de cultivos ilícitos.

Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA denunció que, entre el primero de enero y el 30 de junio de 2023,  los crímenes más recurrentes fueron los homicidios, el reclutamiento forzado de menores de edad, las amenazas, los secuestros, las extorsiones y el uso de artefactos explosivos. En contraste, el que más disminuyó fue el desplazamiento forzado, que se redujo el 58 por ciento frente a los mismos meses de 2022.

Según el organismo internacional, en Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, La Guajira, Nariño y Valle se concentraron la gran mayoría de disputas entre grupos armados ilegales. Por otro lado, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Norte de Santander encabezaron las afectaciones a civiles, con imposición de paros armados y otras restricciones a su movilidad.

Según la OEA, en Antioquia, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Magdalena y Meta se coaccionó a la población civil para para “obtener apoyo a favor de los distintos acercamientos con el Gobierno Nacional”.

Qué está pasando

Para Andrés Villamizar, profesor de la Universidad Central, los grupos ilegales están adquiriendo armas y reclutando integrantes para poder expandirse en las zonas donde no hacían presencia para obtener más territorios.

“La nueva estrategia es no perder el control en sus zonas de injerencia, pero moviéndose con más hombres, entre ellos menores de edad, para obtener mayores recursos con nuevas rutas para la salida de cargamentos de droga y el aumento de las extorsiones”, dice Villamizar.

Para Felipe Ortiz, experto en conflicto armado, esta expansión de los grupos armados se debe en gran medida a la  falta de operatividad de la fuerza pública, que no está haciendo presencia  para no afectar las negociaciones con los grupos en armas. "Los grupos ilegales siguen con sus negocios y son el Estado en sus zonas de injerencia. Son quienes ofrecen empleo y solucionan los problemas entre las comunidades”.