La Jurisdicción Especial para la Paz fue diseñada para durar 15 años, de los cuales le restan siete.
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Sentencias a victimarios del conflicto armado, tarea pendiente de la JEP
Víctimas y expertos llaman la atención sobre la tardanza de esta jurisdicción en sancionar a los jefes de las Farc y a miembros de la fuerza pública por los graves crímenes que cometieron. Todos siguen libres. El presidente de la JEP dice que los proyectos en los que trabajarán los sentenciados deben tener certeza técnica y financiera.
Han pasado ocho años desde que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) comenzó a funcionar en medio de la fuerte oposición del uribismo a que se convirtiera en el tribunal encargado de sentenciar a los exjefes de las Farc por los graves crímenes que cometieron en más de 50 años de guerra contra el Estado. También, a los miembros de la fuerza pública que incurrieron en delitos atroces durante el combate a esa exguerrilla.
A estas alturas, este tribunal, que pondrá a prueba un modelo de justicia restaurativa inédito en el mundo, tendría que haber dictado sus primeras sentencias. Pero esto no ha ocurrido.
En septiembre pasado, el entonces presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, le dijo a CAMBIO que los primeros veredictos tendrían lugar entre marzo y abril de este año. Pero más recientemente, el actual presidente, Alejandro Ramelli, ha dicho que las primeras sentencias se darán en el segundo semestre de 2025.
La existencia de la JEP, que tiene la inmensa responsabilidad de cerrar el conflicto armado con las antiguas Farc, es temporal y transitoria. Fue diseñada para durar 15 años, de los cuales le restan siete.
Entre víctimas, expertos y partidarios de esta justicia transicional, que desde su nacimiento ha enfrentado feroces ataques de la derecha colombiana, hay preocupación por la tardanza que ha tenido para dictar las sentencias. Por ser una justicia restaurativa, la pena no incluye cárcel, pero a cambio los exjefes de las Farc y exintegrantes de la fuerza pública deben trabajar en obras que beneficien a las zonas que más sufrieron el impacto de la guerra.
Las sentencias incluyen, además, restricción de circulación para los sancionados por el tribunal.
Parte de las inquietudes que hay por la demora de la JEP en dictar sentencias tienen que ver con que, mientras tanto, siguen libres y sin sanciones los exjefes de las Farc y los miembros de las Fuerzas Armadas que se han acogido a esta jurisdicción especial, varios de los cuales ya tenían condenas de la justicia ordinaria y obtuvieron su libertad mientras el tribunal para la paz lleva a cabo los procesos.
Esto, precisamente, incrementó la expectativa por los veredictos de la JEP, institución que, hay que recordar, arrancó su trabajo en medio del triunfo del ‘No’ al acuerdo de paz con las Farc, manifestado en las urnas por la mayoría de los votantes en el plebiscito del 2 de octubre de 2016. Un resultado que, en todo caso, estuvo marcado por la desinformación del líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, según el cual la JEP iba a ser un tribunal para “la impunidad de las Farc”.
Con este contexto como telón de fondo, las condenas de esta jurisdicción especial tienen un papel protagónico en la reivindicación del acuerdo de paz con las Farc; en el impacto de la justicia restaurativa en víctimas y victimarios -con Colombia como referente mundial- y en la propia legitimidad de la JEP.
Algunas de las tareas previstas para los autores de graves crímenes en el cumplimiento de las llamadas sanciones restaurativas son buscar desaparecidos, desminar caminos que llenaron de explosivos durante la guerra, construir vías, levantar monumentos que contribuyan a la memoria y reforestar.
Víctimas hablan de la larga espera
Hasta marzo pasado, este tribunal de paz, según sus propias cifras, había acusado a 38 máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra, lo que constituye el paso previo a la imposición de las sentencias. Entre los imputados están siete exjefes de las Farc y 31 exintegrantes de la fuerza pública.
Y si bien era previsible que las sentencias no ocurrirían de la noche a la mañana, porque la JEP, como cualquier alto tribunal, tiene diversas instancias, las víctimas ya sienten larga la espera.
Entre algunas existe la percepción de que no hay agilidad en los procesos.
“Todo va muy lento -dice Odorico Guerra, quien fue vocero de las víctimas durante el trámite fast track de las leyes de la paz en el Congreso-. Las víctimas aceptamos que no hubiera cárcel como pena, pero seguimos también sin la sanción restaurativa. Entendemos que los procesos judiciales se demoran y nos han dicho que han tenido problemas presupuestales, pero vemos que parte del problema son los procesos internos de la JEP. Hacen cambios y se demoran en contratar a los investigadores territoriales; a una persona le toca hablar primero con un funcionario, y después con otro nuevo que no lo entiende igual”.
Lo más grave, afirma el ahora delegado de las víctimas de desplazamiento forzado, como él, es que en la medida en que pasa el tiempo aumentan las víctimas que no quieren hablar porque el conflicto en los territorios se ha recrudecido.
“Eso no depende de la JEP -agrega Guerra-, pero nos dijeron que el acuerdo nos iba a dar paz estable y duradera y ahora hay más confinamiento, más reclutamiento y asesinatos selectivos”.
Algunas víctimas, incluso, perciben que cada sala y sección de la JEP tiene su propia dinámica y que eso impide el avance de los procesos.
“Lo que uno ve es que la autonomía de cada sala ha llevado a un sistema que no habla entre sí”, afirma una víctima que pide omitir su nombre.
Hasta abril pasado, se habían acreditado como víctimas -para participar en los procesos judiciales- algo más de 353.000 personas, de las cuales 11.421 lo hicieron de manera individual.
Sobre las inquietudes que hay por la tardanza de las sentencias el presidente de la JEP, el magistrado Ramelli, sostiene que quieren “hacer las cosas bien” y que para eso es necesario “tener claridad financiera, técnica y legal” sobre los proyectos en los que trabajarán los sancionados.
Explica que desde que asumió la Presidencia de la JEP -el 5 de noviembre pasado- se puso en la tarea de garantizar que las sanciones cuenten con la certeza de proyectos en marcha y sostenibles, para empeñar en ellos a los sentenciados de la antigua guerrilla de las Farc y a exintegrantes de la fuerza pública.
Si bien el principal responsable de echar a andar esos proyectos es el Gobierno nacional, que finalmente este año comprometió 50.000 millones de pesos a través de la Agencia para la Reincorporación (ARN), Ramelli busca que también los empresarios apoyen este proceso. Par ello se reunió con 70, a quienes invitó a invertir en las zonas afectadas por el conflicto armado con las Farc y a que aprovechen los incentivos tributarios contemplados para esos casos.
También ha hecho convenios con nueve gobiernos regionales -Bogotá, Antioquia, Valle, Huila, Norte de Santander, Cesar, Córdoba, Casanare y Tolima- para que los sentenciados cumplan sus sanciones restaurativas ejecutando proyectos que ya están en los planes de desarrollo, y que, por lo tanto, deberían tener la financiación asegurada.
Esa tarea, desde luego, contribuye a respaldar la efectividad de las sentencias.
Sin embargo, un observador internacional que conoce muy bien el acuerdo de paz y que pide la reserva de su nombre, opina que son suficientes los ocho años que la JEP ha tenido para prepararse para las sanciones restaurativas.
“La JEP debe hacer un alto en el camino y revisarse -afirma este observador internacional-, porque se trata de una justicia transicional para cerrar el conflicto con las Farc y no de una justicia ordinaria. A Colombia no le conviene, ni estratégicamente ni económicamente, mantenerse en un estado de transición”.
Parte de las demoras en las sentencias se atribuye a una decisión de la JEP de llamar a mandos medios de las antiguas Farc a declarar en algunos procesos. Esto, a pesar de que el acuerdo de paz estipula que esta justicia debe centrarse en los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos por la exguerrilla. Es decir, en quienes fueron altos mandos.
Justamente, en marzo pasado, los exnegociadores del Acuerdo de Paz con las Farc Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo demandaron ante la Corte Constitucional esa decisión de la JEP. Argumentaron, entre otras razones, que llamar a exguerrilleros distintos a los máximos responsables desvía el propósito de ese tribunal y lo pone ante el riesgo de dilatar indefinidamente las investigaciones, lo cual va en contravía de su carácter de justicia transitoria.
De la Calle le dice a CAMBIO que “ha pasado demasiado tiempo” sin sentencias de la JEP, a pesar de que esta jurisdicción fue diseñada tomando como base las investigaciones y condenas que ya había en la justicia ordinaria. “Todo eso debía acelerar el juzgamiento, pero la JEP se ha venido llenando de procedimientos parecidos a la justicia ordinaria y está perdiendo la oportunidad de lograr unas sentencias mucho más rápidas”, agrega el exjefe del equipo que negoció la paz con las Farc.
En medio de la evidente demora de las sentencias, hay quienes piden que esta situación se resuelva pronto. “Lo que las víctimas esperamos es que la JEP y los comparecientes dialoguen y desaten el nudo que tiene estancadas las sanciones restaurativas”, dice, por ejemplo, Berta Lucía Fríes, sobreviviente del atentado de las Farc contra el club El Nogal de Bogotá, que dejó 36 muertos y 198 heridos.
Críticas desde adentro
Más allá de las preocupaciones de víctimas, expertos, y observadores externos sobre la importancia de que se den pronto las sentencias restaurativas, el tema ha generado debates dentro de la misma JEP.
En uno de los volúmenes de circulación restringida publicados por esta institución como parte de una serie llamada ‘La JEP vista por sus jueces’, quedan claras las inquietudes de la magistrada Caterina Heyck.
En su escrito, la magistrada de la Sección de Revisión del Tribunal cuestiona con especial énfasis que se estén repitiendo investigaciones sobre delitos graves de exintegrantes de las Farc y de la fuerza pública por los cuales ya tenías condenas en la justicia ordinaria, lo que desgasta a la institución en una tarea que ya está hecha y le quita tiempo valioso para investigar hechos nuevos que también merecen sanción.
Desde 2021, Heyck alertó a sus colegas sobre el impacto que la tardanza en dictar sentencias podría tener sobre la expectativa de las víctimas, sobre la seguridad jurídica de los exguerrilleros y, también, en la percepción del país sobre la JEP.
De hecho, cuando arrancó esta justicia transicional, en la justicia ordinaria ya había 933 sentencias contra miembros de las Fuerzas Armadas por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Entre los condenados había 11 coroneles.
Uno de ellos es Publio Hernán Mejía, quien, a pesar de tener una condena de 39 años y seis meses de prisión, entró a un juicio adversarial en la JEP para rebatir su culpabilidad. Hubo 13 sesiones de testimonios y ahora faltan los alegatos finales.
Cuando despegó la JEP también había 157 sentencias de la justicia ordinaria contra miembros de las Farc por secuestro, terrorismo y otros delitos, particularmente contra integrantes del secretariado. De esas condenas, 30 eran contra el máximo jefe del antiguo grupo armado, Rodrigo Londoño, Timochenko.
La magistrada Heyck plantea en su texto que “ningún compareciente condenado por graves violaciones de los derechos humanos en libertad condicionada ha solicitado que se sustituya su sentencia (la de la justicia ordinaria por la restaurativa), por el simple hecho de que ya está gozando de ella (de la libertad)”.
Pero quizás lo más llamativo es que habla de “ausencia de una planeación transversal en la JEP”, de “excesivo procesalismo”, de “desarticulación” y de “federalismo entre salas, secciones, órgano de gobierno y comisiones”.
Sobre la supuesta desarticulación de las salas y secciones de la JEP, a la que han hecho referencia también algunas víctimas, el magistrado Ramelli le dijo a CAMBIO que, como en todo cuerpo colegiado, en la institución hay distintas visiones. Son 38 magistrados.
Pero destaca un acuerdo que lograron el pasado 13 de febrero para articularse en torno a las sanciones restaurativas.
Según ese acuerdo, “al momento de emitir las sentencias (…), la magistratura procurará seleccionar aquellos proyectos que cuenten como mínimo con los respectivos estudios legales, técnicos, financieros, sociales y ambientales que permitan definir su viabilidad técnica y financiera, así como su sostenibilidad”.
Ramelli recuerda que la justicia ordinaria no había investigado a ningún general, y que a la JEP han acudido 40. También dice que la JEP ha investigado la violencia sexual y el reclutamiento de menores en las Farc, hechos que nunca habían sido abordados por la justicia ordinaria.
Resalta, además, que por el trabajo de la JEP las víctimas han obtenido verdad, que es una de sus mayores demandas.
De eso da fe Ruth Sánchez, hermana de un comerciante de Ibagué asesinado en 2006 junto con otras cuatro personas por miembros del Gaula del Ejército, que los presentó luego como muertos en combate.
“Los militares ya tenían condenas en la justicia ordinaria porque reconocieron las ejecuciones extrajudiciales -cuenta ella-, pero no habían limpiado la imagen de los muertos, y en la JEP los mayores y los tenientes reconocieron que movieron los cuerpos y les pusieron armas para hacerlos parecer como muertos en combate”.
Ella dice sentirse aliviada con esa verdad, pero también afirma que está pendiente de la sentencia de la JEP para los asesinos de su hermano. “Si a esos militares los ponen a picar piedra -agrega Ruth-, eso no me va a devolver a mi hermano, pero sigo pendiente de la sentencia”.
Más allá del impacto positivo que suele tener la verdad en la sanación de las víctimas, la investigación de los hechos atroces del conflicto armado, su juzgamiento y la imposición de las sentencias restaurativas son obligaciones constitucionales e internacionales de la JEP.
No hay que olvidar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) cerró el examen preliminar que tenía sobre Colombia por la existencia de la JEP, pero una reapertura de su vigilancia sobre el país depende de que las sanciones restaurativas sean impuestas y se cumplan.
O sea, no solo está pendiente de que los exjefes de las Farc y exintegrantes de la fuerza pública hagan el trabajo que se les asigne en las sentencias de la JEP, sino también de que cumplan a cabalidad con la restricción de libertad, que debe traducirse en la limitación del espacio geográfico por el que podrán movilizarse.
Según explica la experta en justicia transicional y derecho internacional Juana Acosta, “está en juego el examen preliminar de la CPI, pero también la actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hace seguimientos a todos los procesos de justicia internacional y que, hasta ahora, le ha dado un compás de espera a Colombia”.
Acosta, quien es profesora de Derecho de la Universidad de la Sabana, señala que la labor de sancionar los graves crímenes internacionales es una obligación derivada de los tratados de derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
En suma, la urgencia por las sentencias de la JEP tiene que ver con los derechos de las víctimas y con la seguridad jurídica de los exguerrilleros, pero también con el cumplimiento de Colombia con compromisos internacionales. Y después de haber superado los obstáculos que le pusieron el uribismo y la derecha colombiana, la JEP tiene pendiente el cumplimiento de la crucial tarea que le dejó el Acuerdo de Paz con las Farc.
