‘Pronto habrá sentencias contra exjefes de las Farc’: presidente de la JEP

En sus ocho años de existencia, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) nunca ha estado exenta de tensiones, presiones y polémicas. Al actual presidente, Roberto Carlos Vidal, quien deja el cargo en poco más de un mes, le ha tocado enfrentar las más recientes, como el debate político y jurídico que provocó la decisión de esa justicia especial de aceptar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y los señalamientos de los exFarc, según los cuales, con la demora en dictar sentencias y aplicarles las sanciones restaurativas, la JEP se estaba convirtiendo en un obstáculo, no solo para su participación en política, sino también para la paz.

El presidente de la JEP afirma que el voto de confianza que le dio la Corte Penal Internacional (CPI) a esta jurisdicción, al cerrar el examen preliminar que hizo sobre Colombia por 17 años, fue clave para darle estabilidad tras las dificultades que le crearon las tensiones con los expresidentes Álvaro Uribe e Iván Duque y con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, quienes, dice, pusieron a este tribunal “en la picota pública durante mucho tiempo”.

CAMBIO: La más reciente de las polémicas sobre la JEP tiene que ver con el señalamiento de los ex-Farc, quienes dicen que la tardanza en aplicarles las sanciones restaurativas por los crímenes que han reconocido se está convirtiendo en un obstáculo para que ellos participen en política. Sostienen que si esas sanciones coinciden con la campaña, no van a poder hacer política. Y el senador de Comunes, Julián Gallo, afirmó incluso que la JEP se está convirtiendo en un obstáculo para la paz… 

R.C.V.: De las más o menos 14.000 personas de las antiguas Farc que están sometidas a la jurisdicción, el 95 por ciento reciben amnistías de la JEP. Esto, por los delitos políticos que cometieron cuando eran un ejército irregular. Nosotros nos concentramos en los crímenes más graves y en juzgar a los máximos responsables, un grupo relativamente reducido de personas. En el caso de las Farc, los estamos investigando en cinco macro casos. Estamos en fase de juicio contra los miembros del antiguo secretariado, porque ellos reconocieron responsabilidad y estamos próximos a emitir la sentencia.

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“Estamos en fase de juicio contra los miembros del antiguo secretariado, porque ellos reconocieron responsabilidad y estamos próximos a emitir la sentencia”.

CAMBIO: ¿Por qué no ha llegado esa sentencia? Al fin de cuentas va a ser una sola sanción por todo lo que hayan cometido… 

R.C.V.: Técnicamente no se trata de una sola sentencia. Es previsible que sean alrededor de siete grandes sentencias en todos los casos en los que están involucradas las Farc. Nosotros hemos acelerado de muchas maneras el trámite. En el cálculo que teníamos, esa sentencia debió estar lista en octubre. O sea, estaríamos próximos a la sentencia, pero en los procedimientos judiciales estamos sometidos al litigio. Ha habido un litigio muy fuerte de los abogados de las Farc y hemos tenido que resolver muchos asuntos. Tendríamos una sentencia en marzo o abril del año entrante, salvo que haya nuevos incidentes en el litigio.

CAMBIO: ¿Los propios abogados de los ex-Farc han contribuido a la tardanza de una sentencia para ellos?

R.C.V.: Sí. Pero también tendría que advertir que ellos están en todo su derecho. Son abogados y están haciendo su trabajo, pero debido a que tenemos que tramitar todos esos recursos, el tiempo de la sentencia se ha ido alargando. Sí resulta sorprendente que haya reclamos de las Farc respecto a la temporalidad de la sentencia, cuando ellos y nosotros somos conscientes de las implicaciones de las que estamos hablando. 

CAMBIO: Habla de marzo o abril para la primera sentencia sobre los exjefes de las Farc, ¿puede adelantar en qué va a consistir la sanción y quiénes serían el objeto de esa sanción?

R.C.V.: Lo que se está juzgando es una política de las Farc de secuestrar, que resultó en el secuestro de más o menos 20.000 personas en un período de diez años. Hay que reconocerles a los comparecientes que han estado dispuestos a hacer grandes aportes a la verdad, y que reconocieron completamente la responsabilidad por estos hechos. Este año terminamos los tres primeros proyectos de sanción, que es el tipo de trabajo que ellos irían a realizar. Uno, en el que participaron miembros de la antigua guerrilla de las Farc y de la Fuerza Pública, en Dabeiba (Antioquia), sobre educación en el riesgo de minas y desminado. Otro, lo hicimos en Nariño. Comparecientes, tanto de las Farc como de Fuerza Pública, construyeron una casa de la memoria que solicitó el pueblo Awá para sanar espiritualmente el territorio. Y un tercero, en la localidad de Usme, en Bogotá. Se está haciendo un cinturón de protección ambiental. Ese es el tipo de proyectos que vamos a estar imponiendo. Entre 5 y 8 años van a estar cumpliendo sus sanciones y resolviendo su situación jurídica.

CAMBIO: Si la sentencia se da en marzo o abril, ¿les va a dar tiempo de hacer campaña política?

R.C.V.: Los acuerdos prevén que las sanciones que impone la JEP son compatibles con el ejercicio de sus derechos políticos, tanto a ser elegidos como a elegir. ¿Cómo se materializa? Eso se define en la sentencia, pero lo que tiene que quedar claro es que ellos van a poder ejercer sus derechos políticos en la próxima campaña, como los están ejerciendo ahora. Algunos han estado yendo al Congreso y han estado sometidos a los procesos en la JEP. 

CAMBIO: La sentencia condenatoria va a decir, por ejemplo: ‘de tal hora a tal hora ustedes pueden hacer campaña o estar en el Congreso, y de tal hora a tal hora van a ir a desminar, a sembrar árboles…

R.C.V.: Eso está por resolverse en la sentencia, pero es algo como lo que usted está diciendo. Ellos van a poder disponer de tiempo para hacer una y otra cosa. Y también durante esos tiempos estarán sometidos a la supervisión. La Misión de la ONU va a hacer la supervisión. 

CAMBIO: En una entrevista con CAMBIO el exministro de Justicia Yesid Reyes le sugiere a la JEP organizarse y agilizar los procesos, para que no se terminen los 15 años que originalmente tiene sin cumplir su misión. ¿Qué dice sobre esta sugerencia?

R.C.V.: Nosotros respetamos mucho la opinión del exministro Reyes, un gran académico que conoció mucho la JEP desde la propia negociación. Sus consejos siempre han sido bien recibidos. Los que estamos más preocupados por los resultados de la JEP somos nosotros, nos genera una angustia muy grande. Estamos tratando de acelerar los procesos. La jurisdicción les ha dicho al Gobierno y al Congreso: nosotros no buscamos prórrogas de la JEP, vamos a trabajar con los tiempos que puso el acuerdo.

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“En la justicia transicional la estricta temporalidad es necesaria, para pasar la página del conflicto. Si esa página no se supera, termina creando una crisis y somos conscientes de que tenemos que contribuir a la estabilidad del acuerdo (de paz)”.

CAMBIO: ¿Con todo lo que tiene la JEP encima, no ve que vaya a necesitar más de 15 años?

R.C.V.: Si uno mira el tamaño del trabajo que tenemos, podríamos necesitar 50 años. Yo creo que la pregunta que hay que hacer es si estamos diseñados para resolver este asunto en los 15 años que nos dieron. Para eso hicimos un proceso de planeación muy delicado y estamos empeñados en cumplir los términos que están en el acuerdo (de paz). En la justicia transicional la estricta temporalidad es necesaria, para pasar la página del conflicto. Si esa página no se supera, termina creando una crisis, y somos conscientes de que tenemos que contribuir a la estabilidad del acuerdo. 

CAMBIO: ¿No es un contrasentido eso que dice con la decisión de la JEP de ampliar los interrogatorios a otros exintegrantes de las Farc, más allá de los máximos responsables? El exministro Reyes, a quien ustedes respetan, demandó esa decisión de la JEP…

R.C.V.: En la jurisdicción nos toca hacer un balance muy complejo con la demanda de verdad que tienen las víctimas. El caso de secuestro es un buen ejemplo. Cuando una víctima llega a la JEP dice: ‘está bien el reconocimiento del secretariado, pero lo que quiero saber es dónde está el cadáver de mi papá, por qué lo secuestraron, en qué situación estuvo’. Los miembros del secretariado nos dijeron: ‘no tenemos ni idea de eso. Yo daba órdenes, pero no estaba en esa región ni ejecuté ese secuestro’. Eso nos llevó a la idea de hacer audiencias con mandos medios, de las regiones, que han podido hacer aportes de verdad muy grandes a las víctimas, y ellas lo aprecian muchísimo. Como lo señala el exministro, eso tiene un costo en tiempo, pero nosotros tratamos de responder a las demandas de las víctimas.

CAMBIO. Claramente la búsqueda de la verdad no es fácil, ¿aun así la apuesta suya y del conjunto de la JEP es que va a durar 15 años, de los cuales le faltan solo 7?

R.C.V.: La pregunta es ¿qué podemos hacer en 15 años? Tramitar todos los crímenes del conflicto, que se cuentan por millones en un país como el nuestro, en el pasado asfixió a la justicia ordinaria. Con los 15 años que tenemos y los recursos que tenemos, la JEP solo puede investigar 11 macro casos y no más. No investigamos a todo el mundo, sino que nos concentramos en los máximos responsables.

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CAMBIO: ¿Qué piensa de que la decisión de la JEP de aceptar al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso haya sido criticada, tanto por exfuncionarios del gobierno de Juan Manuel Santos, que firmó el Acuerdo de Paz con las Farc, como por el expresidente Álvaro Uribe, detractor de ese acuerdo? 

R.C.V.: Justicia y Paz solo podía investigar a los paramilitares, a nadie más. Si encontraban a los paramilitares vinculados con otro actor, tenían que parar la investigación y enviarla a la Fiscalía, en lo que se llamó compulsa de copias. Enviar a la Fiscalía lo que ellos no podían investigar, que era la competente. Solo en Justicia y Paz, hasta hoy, se han sumado 18.000 compulsas de copias de informaciones que tuvieron y no pudieron investigar. La preocupación que nosotros tenemos y nos han manifestado las víctimas, es que no se pueda investigar a la Fuerza Pública sin entender los vínculos que tuvo con el paramilitarismo, verdades que están en esas compulsas de copias. Y estamos buscando caminos para llegar a esos lugares de verdad. No son disputas con Justicia y Paz, porque ellos no podían investigar eso, pero nosotros sí lo podemos investigar.  Es la disputa por la verdad de la guerra. Hay reclamos de las víctimas para que la JEP ofrezca verdades que se han quedado ocultas con el paso de los años.

CAMBIO: Los expresidentes quedaron por fuera de la obligación de presentarse a la JEP, pero en las declaraciones que ustedes han recibido de ex-Farc, exintegrantes de la Fuerza Pública, y de otros, han salido a relucir nombres de expresidentes. Pensemos solo en el caso de Mancuso y la mención a Uribe. ¿Qué está pasando con esa información?

R.C.V.: Cuando encontramos una mención a un expresidente, paramos la investigación nuestra y enviamos esa información a la autoridad competente.

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“Respetamos las garantías, no solo del expresidente (Uribe), sino de todas las personas que concurran a la jurisdicción. El país ha entendido que la JEP no era un sitio de cacería de brujas, ni de jueces ideologizados persiguiendo a uno u otro bando de la guerra”.

CAMBIO: A propósito del expresidente Uribe, tengo la impresión de que se ha calmado en sus críticas a la JEP. ¿Ha habido alguna gestión política para que él disminuya los ataques, o atribuye esto a su vehemente defensa de la independencia de la JEP cuando él la criticó por recibir declaraciones de Mancuso?

R.C.V.: No quisiera especular sobre las razones del expresidente. En la JEP siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones que él manifiesta, a las cuales tiene derecho. Sabemos que hay un sector muy importante del país que atiende sus opiniones. Hemos procurado transmitirles a todas las personas, empezando por él, que la JEP tiene un cuidado enorme en ser garantista. Respetamos las garantías, no solo del expresidente, sino de todas las personas que concurran a la jurisdicción. El país ha entendido que la JEP no era un sitio de cacería de brujas, ni de jueces ideologizados persiguiendo a uno u otro bando de la guerra. Ninguna de nuestras investigaciones ha sido cuestionada en su contenido.

CAMBIO: Durante su presidencia, la JEP ha hecho alianzas con gobiernos locales para la aplicación de las sanciones restaurativas. Hace unos días firmó un convenio con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, conocidos en el país como uribistas. ¿Hay disminución en la tensión del uribismo con la JEP?

R.C.V.: Las circunstancias han cambiado mucho desde el debate cuando se firmaron los acuerdos, del plebiscito, de la renegociación de los acuerdos… Antioquia es la región del país que concentra los índices más altos de violencia del conflicto armado, la mayor cantidad de víctimas está ahí. Pero, al tiempo, Antioquia es donde las víctimas están más organizadas y hay más iniciativas de paz. Hemos encontrado a un alcalde de Medellín y a un gobernador de Antioquia muy comprometidos en la construcción de la paz. Ellos han empezado a comprender que podemos poner un grano de arena para estabilizar la paz en el departamento de Antioquia o en Medellín.

CAMBIO: Algunos abogados de comparecientes en la JEP han pedido que se llame como testigos a expresidentes. Por ejemplo, a Andrés Pastrana y el mismo Uribe. ¿Puede la JEP obligar a un expresidente a ir como testigo?

R.C.V.: Lo que podemos hacer es invitarlos. Tal vez les interese que su lectura de la historia quede reflejada en la jurisdicción. Su parte de la verdad, que sin duda la tienen, porque han tenido las más altas responsabilidades. No se trata de traer a las personas forzadamente a declarar, sino de abrir espacios para completar las verdades. 

CAMBIO: ¿Hasta ahora ninguno ha ido? 

R.C.V.: Hasta ahora han dicho: ‘remítanse a nuestras declaraciones en la Comisión de la Verdad’.

CAMBIO: Se resisten a ir siquiera como testigos…

R.C.V.: No descarte que en el futuro puedan venir como testigos en algún procedimiento.

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“Tanto el gobierno del presidente (Iván) Duque como el fiscal general de la nación (Néstor Humberto Martínez) utilizaron todas las herramientas institucionales para adelantar ese debate sobre la JEP, y cuestionarla. Por supuesto que para nosotros fue muy difícil, porque nos puso en la picota pública durante mucho tiempo”.

CAMBIO: Sé que hubo en la JEP un debate intenso sobre la tensión con el exfiscal Néstor Humberto Martínez, por el supuesto ocultamiento de información a esta jurisdicción en el caso del guerrillero Jesús Santrich, ya fallecido. ¿Hubo presiones para que ese debate se cerrara, dada la influencia que tiene el exfiscal en sectores económicos y políticos del país?

R.C.V.: Fue un debate muy difícil para la jurisdicción. Solo puede entenderse en el contexto en el que se dio, el de un gobierno y unas autoridades que estaban poniendo en cuestión los acuerdos. Tanto el gobierno del presidente (Iván) Duque como el fiscal general de la Nación utilizaron todas las herramientas institucionales que tenían para adelantar ese debate sobre la JEP, y cuestionarla. Por supuesto que para nosotros fue muy difícil, porque nos puso en la picota pública durante mucho tiempo. Hasta que no logró definirse, también de manera institucional el asunto, esto no pudo avanzar. Tal vez lo que más estabilizó la jurisdicción fue una decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), cuando cerró el examen preliminar de 17 años a Colombia, porque existía la JEP. La jurisdicción le transmitía al mundo la convicción de que Colombia tenía la voluntad y la capacidad para investigar los más graves crímenes. Ese fue un parteaguas en la historia de esta institución. 

CAMBIO: ¿El exfiscal Martínez actuó como fiscal o como opositor del Acuerdo de Paz?

R.C.V.: En ese momento el debate institucional político era muy grueso. El fiscal lo que manifestó, con los recursos institucionales que tuvo, fueron las dudas que tenía sobre la existencia de la JEP y sobre los acuerdos de paz.

CAMBIO: ¿Van a terminar en la cárcel comparecientes como el coronel Publio Hernán Mejía, el general Mario Montoya o el excongresista Luis Fernando Almario, que se niegan a reconocer los delitos que tienen en los expedientes y se dan la pela de ir a un juicio adversarial?

R.C.V. Las personas en la jurisdicción tienen el derecho de reconocer o no reconocer su responsabilidad. En el caso de las personas que usted menciona, han ejercido su derecho y nosotros nos encargamos de garantizar que tengan un juicio justo. Si son encontrados culpables, tienen una sanción de hasta 20 años de cárcel. El coronel hizo uso de su derecho a reclamar un juicio para que, si es el caso lo derroten, o si es el caso lo condenen. A pesar de que tenemos habilitado ese camino, la apuesta de la JEP es por el reconocimiento, porque les hace más honor a los derechos de las víctimas. Hasta hoy, el ciento por ciento de los miembros de la antigua guerrilla de las Farc sometidos al a JEP han reconocido su responsabilidad, y en el caso de los miembros de la Fuerza Pública, más del 90 por ciento han reconocido su responsabilidad. 

CAMBIO: ¿Cuántos empresarios, políticos y particulares se han presentado voluntariamente a la JEP?

R.C.V.: Hay una diferencia muy grande entre los que vienen obligatoriamente y los que vienen voluntariamente. Los comparecientes obligados son alrededor de 20.000, y los voluntarios son como 300. Es una diferencia enorme. 

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“Más allá del castigo, tenemos la función de ayudar a pasar la página, tanto a las víctimas como a quien fue victimario, para que pueda normalizar su vida. Esa es la función más profunda de un tribunal transicional”.

CAMBIO: La voluntad le da un valor enorme…

R.C.V.: Muchos particulares que se acercan a la JEP entienden que es un lugar donde se pueden resolver problemas jurídicos. Hemos encontrado mucha gente que se vio involucrada en hechos graves del conflicto, que tiene procesos abiertos durante décadas, o bienes congelados durante décadas, en los que no pudo volver a trabajar. Más allá del castigo, tenemos la función de ayudar a pasar la página, tanto a las víctimas como a quien fue victimario, para que pueda normalizar su vida. Esa es la función más profunda de un tribunal transicional.

CAMBIO: Entiendo que el presidente Gustavo Petro se comprometió con 500.000 millones de pesos para poner en marcha la justicia restaurativa, y aún no llegan. ¿Eso puede retrasar las tareas del a JEP?

R.C.V.: Desde el año pasado ofrecieron a la jurisdicción un monto importante del presupuesto, y lo pusimos en el Plan de Desarrollo para que esos proyectos se garantizaran, pero esos recursos están en un momento muy difícil. Se lo atribuimos a las nuevas decisiones que ha tomado el Gobierno sobre el cumplimiento de los acuerdos. Creo que hay que analizarlo en el contexto de la llegada de (Juan Fernando) Cristo al Ministerio del Interior y las decisiones que han tomado. En esas discusiones, los recursos para la JEP se han refundido. Estamos haciendo un llamado al Gobierno para que de manera urgente esos recursos lleguen, para poder aplicar nuestras sanciones. 

CAMBIO: ¿Podría la falta de plata terminar afectando los tiempos de la JEP?

R.C.V.: Absolutamente. Podríamos llegar a un escenario que no queremos de ninguna manera, y es que salgan nuestras esperadas sentencias y no se puedan aplicar porque los proyectos a cargo del Gobierno no están financiados.

CAMBIO. ¿Qué fue lo más difícil para usted en estos dos años de Presidencia de la JEP?

R.C.V.: Para serle muy sincero, la muerte de nuestra colega Heydi Baldosea, porque era una de las personas que sostenían espiritualmente la cohesión del grupo de los magistrados. Nos ha hecho mucha falta.