Los estragos que deja la minería ilegal en el bajo Cauca
Crédito: Ejército Nacional
Cerca de 70.000 hectáreas han desaparecido por la mano criminal de grupos al margen de la ley que obligan a campesinos de la región a trabajar en el río Nechí, cerca de las poblaciones de Zaragoza, El Bagre, Cáceres y Caucasia, en el departamento de Antioquia.
Por: Redacción Cambio
El caudal del río Nechí ha perdido su color natural para transformarse en una mezcla de manchas grisáceas producidas por la minería ilegal, que no tiene contemplaciones con el entorno. Las riberas del río, que se caracterizaban por rondas de árboles de hasta 20 metros de altura, han desaparecido por la mano del hombre.
Para profundizar
Los grupos delincuenciales, que se pelean el control del territorio, también se disputan las rentas que les produce la minería ilegal, aprovechándose, de paso, de las necesidades de los habitantes que viven de la cuenca del río, en el nordeste antioqueño.
Según información de inteligencia, a cada unos de los mineros legales e ilegales las organizaciones criminales les pagan semanalmente hasta 500.000 pesos, pero les quitan un porcentaje para dejarlos trabajar y permitirles ingresar a sus zonas de injerencia.
El ecocidio ha generado graves daños a las aguas y al ecosistema que colinda con el río Nechí, y es prácticamente irreversible, dado que la minería ilegal o aluvial impide que se vuelva a conformar la dinámica natural de este afluente.
Los sedimentos que deja el uso de los químicos después de explotar el cauce, se van depositando para formar grandes cráteres que han acabado con la fauna y la flora.
De acuerdo con estudios que han hecho investigadores de la Universidad de Antioquia, la capa vegetal ha desaparecido y provocado la pérdida de la bancada, lo cual ha generado un grave daño a los recursos naturales, entre ellos el agua, el aire y la tierra misma.
Las autoridades han identificado que las áreas de mayor explotación ilícita son los municipios de Nechí, El Bagre, Zaragoza, Cáceres y Caucasia, en donde delinquen la subestructura Uldar Cardona, del Clan del Golfo, y la estructura Virgilio Peralta Arenas, de los Caparros.
En el último mes la fuerza pública ha realizado varios operativos en defensa del medioambiente que han dado como resultado la captura de 70 personas, entre ellas 20 menores de edad que fueron llevados mediante engaños a las zonas de extracción para evitar la interferencia de las autoridades.
A causa de estos controles, desde el jueves 2 de marzo se presenta un paro minero en 12 municipios del bajo Cauca. Los mineros piden detener las operaciones de la fuerza pública en la zona y que se les permita continuar con la extracción del oro, lo que ha originado que las carreteras del nordeste antioqueño que comunican con el centro del país permanezcan cerradas.
Durante el año 2022, la Fuerza de Tarea Aquiles, del Comando General de las Fuerzas Militares, capturó a 85 personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros, y destruyó 185 dragas, 47 retroexcavadoras y 587 motobombas que eran utilizadas para la extracción de oro de varios puntos de río Nechí. El medioambiente durará entre 50 o 60 años en recuperarse, solo si se detiene el accionar criminal de los grupos ilegales.
