¿Cómo está la cobertura de servicios públicos en Colombia?

Un indicador que puede evidenciar el nivel de desarrollo de un país es la cobertura de los servicios públicos de suministro (agua, electricidad y gas), ya que los gobiernos son responsables en último término de asegurar el acceso fiable y universal en unos marcos normativos.

Los servicios públicos domiciliarios llegan al usuario mediante un sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas y lugares de trabajo pudiendo satisfacer necesidades esenciales, y su buen funcionamiento y cobertura contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades.

Si bien Colombia ha logrado avances significativos en la cobertura de servicios públicos, aún enfrenta desafíos importantes, especialmente en áreas rurales y en la garantía de sostenibilidad financiera. Así lo evidencian las Cifras de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco) que  revelan la cantidad de personas con accesos a los servicios. En acueducto hay 11.260.000 suscriptores, alcantarillado: 10.251.000, aseo: 12.424.000 suscriptores, energía eléctrica: 15.204.000 usuarios y gas natural: 10.840.955 usuarios.

El presidente de Andesco, Camilo Sánchez, habló con CAMBIO y dio una perspectiva detallada sobre el estado actual de los servicios públicos en Colombia, destacando tanto los avances como los desafíos que enfrenta el país en este ámbito crucial.
Para Sánchez, estas cifras reflejan un avance significativo en la cobertura de servicios básicos en el país, pero también señalan áreas donde se deben hacer esfuerzos adicionales.

En ese sentido, el presidente de Andesco aseguró que uno de los desafíos más importantes es cerrar la brecha entre las zonas urbanas y rurales. Sánchez Ortega subraya que esta tarea no se limita solo a soluciones tecnológicas o inversiones en infraestructura. Es necesario un esquema de financiamiento sostenible con el apoyo del Estado, especialmente en regiones afectadas por conflictos armados o con una capacidad de pago limitada. 

“Esto requiere una intervención del estado adicional al que se tiene actualmente en donde la principal fuente de financiación del servicio es la tarifa que paga el usuario, sumado al acompañamiento que requieren los municipios puesto que su capacidad institucional y fiscal es limitada para asumir por sí solos la estructuración e implementación de un esquema de prestación”, dijo Sánchez Ortega.

En cuanto a los servicios de energía y gas, se observa una disminución de la cobertura en los centros poblados de algunos departamentos. Por ejemplo, La Guajira presenta una cobertura eléctrica del 37.52 por ciento en sus centros poblados, mientras que Sucre tiene una cobertura de gas natural del 6,31 por ciento. Estas disparidades resaltan la necesidad de medidas específicas para mejorar la cobertura en estas regiones.

¿Qué hacer para avanzar en cobertura?

Para superar estas brechas, Sánchez Ortega propone varias estrategias. En primer lugar, destaca el plan del gobierno nacional para apoyar la gestión comunitaria del agua, pero enfatiza la importancia de estructurar estas inversiones de manera sostenible. También aboga por fortalecer la vigilancia de la calidad del agua y establecer reglas claras en la regulación y política sectorial de energía y gas.
Adicionalmente, desde Andesco consideran que se debe fortalecer la capacidad técnica de las secretarías de salud departamentales y municipales para que se cuente con cobertura en la vigilancia de la calidad del agua. 

“Para el 2022 la información del sistema de vigilancia de calidad del agua para consumo humano que maneja el Instituto Nacional de Salud informó que en 66 municipios no se tenía información sobre la calidad del agua en su zona urbana y para la zona rural es mucho más crítico con 444 municipios sin información. Sin información no se puede tomar decisiones acertadas tanto de política pública como de gestión”, explicó Sánchez.

En cuanto a los servicios de energía y gas, el presidente de Andesco aseguró que se requieren reglas de juego claras en cuanto a regulación y política sectorial, de manera que habiliten inversión por parte de las empresas prestadoras de servicios públicos y así se generen acciones y soluciones para impactar de manera positiva a los usuarios de los territorios con más necesidades insatisfechas: “Por lo anterior, es de suma preocupación la no operatividad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), pues de esta depende el análisis y aprobación de las disposiciones regulatorias necesarias para garantizar las condiciones económicas, técnicas y financieras para la prestación de los servicios”.