Equidad de género y diversidad en Colombia: un análisis del panorama actual

En los últimos años se ha evidenciado un incremento en el reconocimiento y la promoción de la diversidad étnica, cultural, de género y de orientación sexual, así como la inclusión de todas las personas en diversos ámbitos sociales, políticos, laborales y culturales. De hecho, numerosos avances legales han permitido a muchos países establecer leyes y políticas exclusivas para proteger los derechos de grupos minoritarios, con el fin de fomentar la igualdad de oportunidades.

Desde la promulgación de la Constitución de 1991, se han experimentado esos avances significativos en el marco legal. Ejemplos de esto son las sentencias emitidas por la Corte Constitucional, favorables para las personas con identidad de género u orientación sexual diversa. Por ejemplo, la Sentencia C-577 de 2011 reconoce a las parejas del mismo sexo como un tipo de familia amparado por el ordenamiento jurídico colombiano. Otro caso es la Sentencia SU-214 de 2016, que reconoce el matrimonio civil igualitario en todo el territorio nacional. Además, se le otorgó un reconocimiento legal a las identidades de género diversas, como especifica la Sentencia T033 de 2022.

En el 2018 también se aprobó la Política Pública Nacional LGBTI, un instrumento que busca garantizar la igualdad de derechos y oportunidades, así como promover la inclusión y el reconocimiento de todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Sin embargo, persisten vacíos legales, según explica Eugenia López, directora regional para las Américas y el Caribe de International Planned Parenthood Federation (IPPF). “Varias de las disposiciones constitucionales no se han reglamentado por parte del Congreso y no han llevado a la elaboración de otras políticas públicas concretas que sean implementadas a lo largo y ancho del territorio colombiano. Además, muchas de estas medidas aún no son aceptadas por amplios sectores de la población, lo que conduce a la estigmatización y a que se violen los derechos de poblaciones que sufren discriminación o viven en condición de marginalidad por cuenta de su condición”, resalta.

López afirma que aún no existe un reconocimiento efectivo de los derechos, y que los actos de discriminación y violencia siguen afectando a toda la población LGTBIQ+ en toda su diversidad, y a las mujeres en general, abarcando las diversas intersecciones identitarias, como mujeres indígenas, mujeres afrocolombianas y diversas.

Por otro lado, queda pendiente un trabajo amplio para evitar la atribución de roles específicos de género -masculino y femenino- por el sexo con el que nacen, según analiza López. Si bien la educación integral en sexualidad en Colombia es un derecho, no se implementa de manera adecuada en la práctica, lo que impide una adecuada formación en temas relacionados con valores de inclusión, promoción del respeto, derechos sexuales y diversidad.

La marea verde

El reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres ha sido una lucha a nivel mundial con avances y retrocesos. Específicamente en América Latina se ha impulsado un activismo conocido como la marea verde, que ha celebrado las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, como la del 2006, que despenalizó el aborto bajo 3 causales específicas, y la del 2022, catalogada como una decisión histórica por reconocer la autonomía y libertad de las mujeres para que tengan derecho a interrumpir su embarazo voluntariamente, hasta la semana 24 de gestación.

Además, desde el 2022 se estableció una política pública de equidad de género para que sean garantizados los derechos de las mujeres y tengan una vida libre de violencias de género, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas, como parte de la agenda del 2030.

En la actualidad, hay mucha expectativa sobre las acciones que se seguirán impulsando desde el Ministerio de la Igualdad, un proyecto liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, que busca promover herramientas de participación y organizaciones ciudadanas para fortalecer la incidencia de poblaciones que históricamente han sido marginadas y discriminadas.

Sin embargo, entidades como Fondo Lunaria, que movilizan recursos para apoyar a organizaciones de la diversidad de mujeres y personas trans, expresan preocupación de que todo lo relacionado con poblaciones diversas se limite al Ministerio -sin saber su funcionamiento- y que no esté de manera transversal en otros órganos gubernamentales.

Esta percepción coincide con la de Jorge Virviescas, miembro del consejo regional de ILGA LAC y del colectivo León Zuleta, quien resalta que el Ministerio de la Igualdad necesita tener una agenda transversal, con recursos destinados a distintos sectores del Gobierno Nacional. “Por ejemplo, con un enfoque diferencial sería más fácil que las mujeres trans pudieran acceder a vivienda, o tener un trabajo formal”, añade.

A pesar de la incertidumbre que han expresado tener las distintas organizaciones sociales y las colectivas feministas, entre los logros más recientes del Gobierno se puede resaltar que por primera vez en la historia, Colombia presentó una Política Exterior Feminista el pasado 15 de marzo ante las Naciones Unidas. 

“Con la Política Exterior Feminista Colombia avanzará en la promoción efectiva de acciones que contribuyen a la superación de las brechas de desigualdad en derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la promoción y garantía de los derechos de las mujeres en sus diversidades, en todos los contextos y momentos”, afirma Diana Parra, asesora para asuntos de género y Política Exterior Feminista del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por otro lado, ONU Mujeres ha impulsado diferentes iniciativas en Colombia, como ‘ProDefensoras’ que tiene el objetivo de proteger a líderes y defensoras de los derechos humanos, ‘Mujeres cambiando su mundo’ que lidera acciones para fortalecer el trabajo de defensoras ambientales, y ‘Raíces: mujeres sembradoras del cambio’ que promueve el empoderamiento económico de las mujeres rurales.

También hay que destacar el Sistema Distrital de Cuidado que se está implementando en Bogotá, que reconoce el trabajo de cuidadoras que no reciben remuneración, y gestiona acciones para que ellas puedan redistribuir y reducir esa sobrecarga. Aunque aún no se ha replicado a nivel nacional, este proyecto ha hecho que el país sea reconocido como pionero de América Latina en promover sistemas de cuidado. 

No obstante, sigue siendo necesario fomentar el empoderamiento económico y la participación política de las mujeres, además de impulsar acciones que disminuyan las violencias que en muchos casos se convierten en feminicidios. En lo que va del 2024 la fundación Justicia para Todas ha contabilizado 45 víctimas de feminicidio en el país, siendo el Valle del Cauca y Antioquia, los departamentos en los que más se presentan.

Desafíos para las minorías étnicas y culturales

Para las comunidades étnicas la oferta educativa en los territorios es precaria, tanto en educación media como superior, lo que lleva a muchos jóvenes a migrar sin tener condiciones estables para su permanencia. Aunque se han propuesto estrategias como el programa 'Jóvenes en acción’, la cobertura sigue siendo muy limitada. Además, hay planes de etnoeducación y una Cátedra de Estudios Afrocolombianos, pero hay falencias debido a la falta de presupuesto, que en algunos casos es inexistente, según el análisis de Fondo Lunaria. 

Otro de los grandes retos es el conflicto armado colombiano, que está enfrentando la llegada de nuevos actores armados a territorios donde hay presencia de comunidades étnicas, rurales, LGBTIQ+ y mujeres, quienes no pueden ejercer sus derechos con libertad, sino que son víctimas de violencias diferenciadas.

Promover la inclusión y el respeto por las diversidades tiene que verse reflejado en una agenda nacional que esté representada en las políticas y acciones del Estado, pero también, en el discurso oficial -que antes se limitaba a la homogeneidad y el modelo de familia tradicional- solo así se podrá visibilizar que hay otras formas de vivir, estar y sentir, explica Virviescas.

Aunque ya existen avances en el marco legal para garantizar la igualdad ante la ley de todas las personas -que han sido discriminadas por sus condiciones e identidades- Colombia sólo podrá ser un país líder en diversidad e inclusión cuando exista una implementación de políticas públicas robustas, resultado de un trabajo colaborativo entre sectores gubernamentales y de la sociedad civil. Adicionalmente, el sistema judicial debe fortalecerse para garantizar un seguimiento riguroso de los casos en los que no se reconocen los derechos, y sí se normaliza la violencia y el estigma.