¿Puede Petro disponer del galeón San José?

Por Gonzalo Castellanos V.

Hundido a escasa profundidad en un lecho marino, cerca de Cartagena está el galeón San José. Entretanto, por más de 40 años presidente tras presidente han dado vueltas desorientadas a su alrededor, como bolas que hubieran sido tacadas sin tino en una mesa de billar.
Llegó el turno de Petro, quien ha soltado la idea de extraer los restos de la nave, incluso con la afirmación de que le pertenece a España, aunque quede poco por su deterioro en siglos; rescatar, por otra parte, el cargamento y repartir algo de su explotación con comunidades indígenas bolivianas, sin descartar exhibir en el exterior algunas piezas.

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Todo se mantiene hundido. El San José en el fondo del mar; los expedientes de demandas seguramente engordando; las expectativas nacionales de sacarlo a flote y ponerlo al disfrute del mundo entero con museos, investigaciones, piezas documentales, conocimientos o informaciones científicas no son claras.

Es claro que lo dicho por el presidente está en el campo de la opinión, más que en el de un riguroso análisis internacional, constitucional, o de los aspectos técnicos y soberanos que confluyen en ese barco, en los hechos no cicatrizados de la invasión española a América y en todo esto que da ya para páginas de un éxito cinematográfico, como de un fracaso nacional para hacer del San José un proyecto cultural, social o económico viable.
Durante algo más de 20 años y con actores distintos, he escrito similarmente esta columna y sostenido, sin matices, que la embarcación con todo cuanto transportaba, saqueado de tierras que hoy son Bolivia, Perú y Colombia (aquel “tesoro” que llegó a interesar a Víctor Carranza y sobresalta la gula de políticos y comerciantes), es un patrimonio arqueológico nacional; por lo tanto, una riqueza que tiene valor cultural, valor para el conocimiento y la identidad, que puede servir incluso de inmensa fuente de ingresos económicos, pero que está totalmente fuera del comercio o las decisiones puramente gubernamentales.
En fin, pese a las tramas de discusiones que siempre circundan acerca de venderlo, repartirlo o subastarlo, todo el San José es un tesoro al que, paradójicamente, no puede asignársele un solo centavo de precio.

La historia de la histeria
No hay mucho que repetir que hombres de barbas y crucifijos clavaron sus espadas en este continente hace algo más de 500 años para quedarse en él y con todo cuanto había en él. En nombre de la Corona y de la Iglesia se produjo lo que hoy, visto bajo el juicio de cánones contemporáneos, sería uno de los peores genocidios de la existencia humana.
Hubo devastación, arrasamiento cultural de lenguas, creencias, religiones, organizaciones sociales y rapiña de riquezas naturales y obras artísticas de aquellos pueblos. Por supuesto, también floreció en siglos la maravilla del sincretismo, la mezcla de ADN, la bella mixtura de razas que da lugar a la celebración actual de la “diversidad”.

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Es claro que lo dicho por el presidente está en el campo de la opinión, más que en el de un riguroso análisis internacional, constitucional, o de los aspectos técnicos y soberanos que confluyen en ese barco.

En estas, el galeón San José, junto con otras embarcaciones escoltas fue hundido en 1708 por piratas ingleses (ladrones robando a ladrones, por ponerlo gráficamente). Trasegando por el Caribe se cargó en Cartagena con sobrecupo de oro, esmeraldas, plata y piezas de orfebrería de varios territorios del Continente, incluso con series de monedas y obras artesanales, esto (se dice), con una declaración portuaria por debajo para repartir cosas entre funcionarios, pura corrupción de la época.
Nada sucedió en siglos. De aquella cuestión histórica se pasó a expedientes de políticos y abogados. Entre 1984 y 1986 decretos y una ley de Belisario Betancur dieron un buen regalo a los cazatesoros. El que “denunciara” un hallazgo de naufragios en aguas nacionales recibía licencia exclusiva de exploración y rescate.
Así, sin mojarse de mar, la Glocca Morra, luego Sea Search Armada, adquirió el privilegio, lo que tras la Constitución de 1991 que declaró el patrimonio arqueológico como propiedad nacional inalienable, fue objeto de litigios que terminaron en la Corte Suprema: esta firma tendría derecho a un porcentaje de lo rescatado del San José que no fuera patrimonio cultural y se hallara en las coordenadas aportadas por la empresa. Entre tanto, movieron una reclamación fallida contra Colombia en una Corte de la Florida por varios miles de millones de dólares, todo un tejemaneje que no está cerrado.
Expedida la ley de cultura en 1997, dos fallos constitucionales declararon tajantemente que ningún bien del “patrimonio sumergido” podría repartirse, por ser un acervo nacional inalienable, imprescriptible e inembargable.

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Reclamar que lo que estaba en barcos con su bandera le pertenece, equivaldría al absurdo de afirmar que si un ladrón entra a la fuerza en una morada y carga los bienes robados en su automóvil, estos se vuelven suyos y, antes bien, la víctima casi debe indemnizarlo.

Incluso, durante el gobierno de Uribe dos proyectos legales respetuosos de tales fallos buscaron hacer viables los rescates. Estos fracasaron, sin embargo, ante la mano oscura de congresistas que retomaron la vieja idea de repartir con firmas cazatesoros los objetos repetidos (monedas o lingotes, por ejemplo).
Fue en 2013 que la ley 1675, promovida por Santos, contempló algo que no es muy legible: aunque todo el patrimonio sumergido es arqueológico (San José y otros), el Consejo Nacional de Patrimonio puede determinar cuáles bienes no tienen mérito cultural (precisamente las especies repetidas), pudiéndose disponer de estos para el pago de los rescates que tienen costos extremos e imposibles para el fisco nacional.
Y entonces sucedió el hallazgo del San José, una maravilla sumergida en aguas colombianas. La europea Maritime Archeology Consultants que lo ubicó, originó un proceso de asociación publico-privada acogiéndose a la nueva ley, pero el contrato no alcanzó a adjudicarse en el gobierno Santos.
El asunto quedó para la administración de Duque, que en el último segundo del último plazo suspendió el proceso, algo que fue repitiéndose, sin que a la fecha se tenga claro cuáles serán las consecuencias jurídicas o económicas para el país. Hay que destacar, en todo caso, que el gobierno Duque hizo algo inesperado y sano culturalmente hablando: declaró que todo el San José y el hallazgo en el fondo marino con su contexto de información son patrimonio cultural, con lo cual las expectativas de repartición de bienes frente a cualquier empresa cazatesoros quedaban sin ningún piso.
 

¿En qué estamos?
Todo se mantiene hundido. El San José en el fondo del mar; los expedientes de demandas seguramente engordando; las expectativas nacionales de sacarlo a flote y ponerlo al disfrute del mundo entero con museos, investigaciones, piezas documentales, conocimientos o informaciones científicas no son claras.
España tira pullas aduciendo su titularidad. Pero reclamar que lo que estaba en barcos con su bandera le pertenece, equivaldría al absurdo de afirmar que si un ladrón entra a la fuerza en una morada y carga los bienes robados en su automóvil, estos se vuelven suyos y, antes bien, la víctima casi debe indemnizarlo.
Si se diera a una disputa por el San José, también podría España pedir “devolución” del idioma o de las casas que construyó. Y América mestiza reivindicaría reparación por millones de muertos, por la destrucción de ritos e idiomas, por todo el saqueo acontecido. Así no es posible juzgar ni jugar a la historia, pues en ella operan cláusulas de cierre.

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Pese a las tramas de discusiones que siempre circundan acerca de venderlo, repartirlo o subastarlo, todo el San José es un tesoro al que, paradójicamente, no puede asignársele un solo centavo de precio.

Se trae a discusión, por otra parte, la Convención de la Unesco sobre Patrimonio Sumergido, de la que no es firmante Colombia, aunque esta coincide en que estos contextos subacuáticos interesan a la humanidad y no pueden servir de pago. Este instrumento, por otro lado, remite a la Convención del Derecho del Mar, tampoco suscrita por Colombia, pues de hacerlo sus litigios de delimitación marina no tendrían opción.
En cuanto a Perú, Bolivia y otros países, los bienes saqueados de allí no están amparados en tratados internacionales de devolución vigentes, los cuales operan para otros escenarios. Esto es independiente de diálogos legítimos que se convengan.
El galeón San José, por fin, merece salir a flote, aunque se ve difícil. Debe rescatarlo Colombia con expertos y cubriendo los costos; hacerlo con apoyo internacional, incluido el de España, si este se ofrece sin contrapartida, ni imposiciones.
Y tiene que ser claro que ni una cabeza de alfiler puede subastarse o repartirse.