Déficit energético en Colombia: ¿pueden las propuestas de los precandidatos presidenciales evitar la crisis de gas y energía?

Colombia corre el riesgo de enfrentar un déficit de gas a partir de 2026 y de electricidad hacia 2027-2028, según estimaciones del Centro Regional de Estudios de Energía (Cree). La lenta expansión de proyectos solares y eólicos, los cuellos de botella en la transmisión y las trabas en licencias y consulta previa amenazan la seguridad de suministro. A esta fragilidad se suman las altas tarifas de luz y gas.

Por todo lo anterior, el debate sobre cómo evitar el déficit se volvió un punto álgido de la campaña presidencial. Un grupo de precandidatos que participaron en el foro ‘Futuro del sector energético’, organizado por Anif, discrepan entre explorar más hidrocarburos y usar la técnica fracking, acelerar licencias, o apostar por energías renovables. La pregunta de fondo es si sus propuestas pueden cumplir con el doble desafío de garantizar suministro y avanzar hacia la descarbonización. Para entender qué tan realistas son sus recetas, CAMBIO consultó a varios expertos del sector energético.

¿Cómo garantizar la seguridad de suministro y evitar el déficit energético?

El primer punto clave es la forma de enfrentar el riesgo de un déficit de gas y electricidad. Precandidatos como Efraín Cepeda, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas y Paloma Valencia defienden ampliar la exploración de hidrocarburos –incluso permitir el fracking–. 

El director de Energía e Industrias Reguladas en la firma de abogados Cuatrecasas, Manuel Gómez Fajardo, advierte que el país ya enfrenta un estrechamiento serio: “La demanda de gas ya supera bastante la oferta (…) estamos necesitando de importación (…) lo cual puede tener un impacto relevante en el costo unitario de gas para las facturas de los usuarios finales”. Para él, la prioridad inmediata es ”más rondas de exploración para depender menos de la importación y extender las reservas”. Susana Muhamad, quien hasta el momento del evento era precandidata, pero luego se retiró para apoyar a Iván Cepeda, encarna la postura del Gobierno al haber sido ministra de Ambiente, propone reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar la incorporación de energías renovables. Esa disyuntiva entre más fósiles o más verdes fue sometida al juicio de los expertos

En el mismo sentido, el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta recuerda que “el país desde diciembre del año anterior se ha visto precisado, después de 45 años, a tener que importar gas natural para atender la demanda esencial”. Acosta fue aún más tajante al ligar la decisión política de frenar los pilotos de fracking con la pérdida de seguridad energética y culpa al Gobierno por el déficit.

Cabe señalar que el debate no se limita al gas. Jorge Hernando Pedraza Gutiérrez, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Energía, subraya que la amenaza también viene del lado eléctrico: “De 20.108 MW que debieron estar operando conectados a red de centrales solares y eólicas, solo 3.000 MW fueron conectados (…) nos acercamos a un escenario de alta probabilidad de ocurrencia en el cual el abastecimiento eléctrico en Colombia para el quinquenio 2025-2030 es de alta incertidumbre”. Para el presidente, los retrasos en transmisión y en la entrada de renovables comprometen la confiabilidad del sistema y, lejos de dirimirse en el plano ideológico, requieren una “transición ordenada, diversificada y financieramente sostenible”.

Esa advertencia matiza las propuestas de Cepeda, Cárdenas y Valencia, que prometen agilizar licencias y subastas como llave para ampliar oferta, y también la de Oviedo, que plantea cerrar la brecha de gas mediante contratos de largo plazo. 

EL analista de la facultad de ingeniería de la Universidad de La Sabana David Celeita considera que ni unos ni otros resuelven el problema de fondo: “Los contratos de largo plazo y la agilización de trámites son instrumentos útiles y necesarios, pero no son suficientes por sí solos”.

El punto de encuentro de los expertos es la necesidad de reglas estables. Gómez Fajardo subraya que “lo más importante es una institucionalidad, reglas de juego e incentivos claros desde el punto de vista tarifario”. Acosta, por su parte, coincide al advertir que “en la medida que en el próximo gobierno recobre la confianza inversionista y la seguridad jurídica, la industria de los hidrocarburos se recuperará”. Para ellos, sin señales regulatorias firmes, ni los planes de ampliar la oferta fósil ni los de acelerar la transición verde atraerán la inversión necesaria a tiempo.

Las tarifas de gas y energía, el otro ‘chicharrón’ que tendrá que solucionar el próximo gobierno

La fragilidad en el suministro no solo amenaza con apagones, sino que también presiona las tarifas de electricidad y gas, uno de los temas que más irrita a los consumidores y que divide a los precandidatos. Mientras Cepeda, Oviedo, Galán, Cárdenas y Valencia sostienen que los altos precios son consecuencia de la falta de oferta y de los cuellos de botella en transmisión, Muhamad afirma que el problema está en la ineficiencia del mercado y en contratos opacos, y plantea que el Estado asuma mayor control sobre las térmicas y la gobernanza del sector.

El exministro Acosta considera que la explicación está del lado de la oferta: “En Colombia la principal causa del alza en los precios y las tarifas de la energía es el déficit de la oferta en firme de energía. Según XM, mientras la demanda está alrededor de 241,89 GWHD, la oferta está en 237,55 GWHD (…) Solo si hay más oferta de energía firme los precios y las tarifas tenderán a bajar”. Para Acosta, el país ya opera al límite de su capacidad.

Pero otros expertos ponen el acento en que la oferta no lo explica todo. Pedraza Gutiérrez recuerda que los sobrecostos también provienen de la estructura misma de las cadenas de transporte y distribución: “Las tarifas de ambos servicios han crecido de manera sostenida y rápida en los últimos cinco años, asociadas en parte al disparo de la inflación y del IPP. (…) Los costos de generación eléctrica y del gas natural en el mercado mayorista constituyen el 34 por ciento para los primeros y el 55 por ciento para los segundos de los precios cobrados en las correspondientes facturas”. Para el gremial, esto demuestra que la discusión política a menudo descuida la modernización de redes, el control de pérdidas y la eficiencia en transporte y comercialización, que pesan casi tanto como la producción misma.

Esa visión matiza las promesas de Cepeda, Oviedo y Cárdenas, que asumen que bastará con perforar más pozos y tender más líneas para aliviar el bolsillo de los usuarios. También choca con la narrativa de Muhamad, que atribuye los precios a la especulación de los generadores. La realidad, coinciden los expertos, es que ninguna de las dos visiones es suficiente por sí sola, se necesita una estrategia conjunta.

Consulta previa y conflictos socioambientales: ¿cómo solucionar el cuello de botella?

Pero ese debate sobre tarifas y oferta energética lleva inevitablemente al punto que, para muchos, es el cuello de botella del sector: los conflictos socioambientales y el uso de la consulta previa. Las demoras en licencias y los bloqueos comunitarios han frenado algunos proyectos para ampliar la oferta de energía. En este frente, los candidatos proponen caminos divergentes: Cepeda, Cárdenas y  Valencia insisten en reducir plazos y simplificar procesos, incluso Cárdenas ha sugerido eliminar la consulta y reemplazarla por compensaciones. Oviedo plantea una ventanilla única que centralice trámites, mientras que Galán y Muhamad defienden mantener la consulta como un derecho.

El exministro Amylkar Acosta sostiene que el problema no es la existencia de la consulta, sino la ausencia de autoridad pública en su conducción: “La consulta previa es un derecho que les asiste a las comunidades étnicas y es de obligatorio cumplimiento (…) el Ministerio del Interior, que cuenta con una dirección de etnias y otra de consultas previas, brilla por su ausencia en los territorios, dejando a las empresas expuestas”.

Por su parte, Julio César Vera, presidente de la fundación XUA Energy, propone una visión distinta. El experto subraya que el problema no es la consulta como derecho sino su uso como instrumento de veto y de chantaje: “Constitucionalmente la consulta previa es obligatoria. Hay que acabar, eso sí, con el poder de veto y, en muchos casos, de chantaje que se ha generado; ajustar, acotar y precisar los tiempos vía normativa y reglamentaria; realizar acercamientos tempranos, con apertura de los proyectos hacia las comunidades y con el acompañamiento integral de la institucionalidad”, dijo.

¿Usar IA para agilizar los trámites?

Pero y si no se puede eliminar la consulta, ¿qué opciones quedan? La candidata Paloma Valencia propuso usar inteligencia artificial para acelerar trámites. David Celeita la califica de viable siempre que tenga salvaguardas: “Viable, necesario y conveniente, siempre que la IA sea un soporte de automatización y no sustituya la deliberación social y el análisis experto, que además debe operar en un marco de gobernanza clara”.

Su opinión es compartida por casi todos los expertos consultados por este medio, sin embargo, Amylkar Acosta hace una acotación: ya existen mecanismos. Desde hace una década funcionan instrumentos como el Conpes 3762 de 2013 y leyes que declaran los proyectos de interconexión eléctrica de utilidad pública, pero Acosta advierte que el Estado ha renunciado a ejercer su papel de mediador. Así que ahí está la clave según el experto: garantizar el acompañamiento del Estado y usar las herramientas disponibles.

La visión de largo plazo: transición energética

Al final, el debate sobre déficit, tarifas y consulta previa desemboca en el tema que definirá el rumbo del país en las próximas décadas: la transición energética. Muhamad propone acelerar el paso hacia un sistema basado casi exclusivamente en renovables. En el otro extremo, Cepeda, Cárdenas, Valencia y Oviedo defienden la continuidad de la exploración de petróleo y gas como “fuentes puente” para financiar la transición. Galán se ubica en una posición media: cree en la transición hacia renovables, pero sin cerrar abruptamente la puerta a los hidrocarburos.

El analista David Celeita sostiene que el debate suele simplificar un problema mucho más complejo: “En el corto plazo sí es realista y necesario utilizar una parte de los ingresos de hidrocarburos para financiar infraestructura crítica de la transición (…) pero a mediano y largo plazo no es sostenible poner el futuro de la energía solo en los fósiles ni solo en las renovables”.

El exministro Acosta refuerza la idea de que la transición debe apoyarse en el realismo fiscal y macroeconómico. Acosta recuerda que Brasil y Guyana han utilizado los ingresos de los hidrocarburos para apalancar inversiones en infraestructura y bienestar social, y considera que Colombia podría seguir un modelo similar. 

Por su parte, el abogado Gómez Fajardo apoya esa idea: “Realmente sí, necesitamos combustibles fósiles. Cualquier transición energética seria y ordenada implica que primero no hay sustitución total y, o al menos, no la hay de un tajo. (…) Necesitamos la estabilidad que dan los combustibles fósiles para garantizar la seguridad del suministro, porque tenemos mucha generación variable”.

En el fondo, lo que está en juego no es solo la matriz energética del futuro, sino la capacidad del país de tomar decisiones sostenidas más allá de los ciclos electorales. La experiencia de las últimas dos décadas –con reformas incompletas, vaivenes regulatorios y proyectos trabados en los territorios– muestra que ni el déficit ni las tarifas ni la transición se resolverán con un decreto ni con un cambio de gobierno. Los expertos coinciden en que el próximo presidente necesitará construir un acuerdo político y social de largo aliento para garantizar suministro.