¿Es viable el proyecto de Ley Minera con el que el Gobierno busca transformar el sector extractivo de Colombia?

El primero de octubre el Gobierno radicó en el Congreso el proyecto de Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida, que plantea una de las reformas más profundas al sector extractivo del país. La iniciativa busca que se pase de un modelo extractivista, centrado en la explotación a gran escala, a un esquema de minería planificada, controlada por el Estado y con participación activa de las comunidades.

El Gobierno presenta la propuesta como un nuevo pacto minero que permitirá avanzar en la transición energética justa, incorporando la explotación de minerales estratégicos –como cobre, níquel y litio– para impulsar la industria nacional y reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Sin embargo, también plantea el cierre progresivo de proyectos que, por su alto impacto ambiental, han sido foco de conflictos sociales.

Qué propone el proyecto de Ley Minera y cómo busca transformar el sector

El proyecto de Ley Minera busca introducir una visión integral y territorial que rompe con la idea de que la minería puede desarrollarse de manera aislada de los ecosistemas y las comunidades. Uno de los cambios es la creación de un mapa de ordenamiento minero, que divide el país en Zonas Aptas para la Minería (ZAM) y Zonas Excluidas de la Minería (ZEM). En estas últimas, quedarán prohibidas las actividades extractivas por su valor ambiental o cultural.

El proyecto refuerza los mecanismos de participación ciudadana y la consulta previa, de manera que los pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rrom tengan voz efectiva en la toma de decisiones. Esta dimensión busca responder a décadas de conflictos derivados de proyectos mineros desarrollados sin consenso territorial.

Otro aspecto clave es la clasificación de la minería en tres categorías: artesanal, semitecnificada y tecnificada (a su vez dividida en pequeña, mediana y gran escala). Cada una tendrá reglas que determinan desde los requisitos de licenciamiento ambiental hasta las obligaciones sociales y tributarias.

La propuesta incluye, además, prohibir nuevos contratos para la explotación de carbón térmico, junto con el cierre progresivo de minas a cielo abierto. La medida se justifica como parte de la transición energética y responde a compromisos internacionales de reducción de emisiones, pero genera incertidumbre en regiones dependientes de esta industria, como La Guajira y el Cesar.

Por último, la ley pretende modernizar el control y la fiscalización: exige que las empresas presenten planes de cierre desde el inicio de los proyectos, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el mercurio y propone sistemas de monitoreo en tiempo real para asegurar la trazabilidad de la producción, el pago de regalías y el cumplimiento de estándares ambientales y sociales.

Un proyecto que divide al sector minero: el debate entre promesas y riesgos

El proyecto abrió de inmediato un debate profundo entre los actores del sector. Líderes gremiales, técnicos y académicos advierten que la propuesta podría tener el efecto contrario: desincentivar la minería formal, debilitar la inversión y dejar el terreno abierto a la extracción ilícita. Esa preocupación se repite, con distintos matices, en las voces de quienes han seguido de cerca la evolución de la política minera y la realidad de los territorios.

“Una ley imprudente y equivocada”

Luis Fernando Barrera, presidente de la Asociación de Profesionales del Sector Minero Colombiano (APMC), le contó a CAMBIO que el proyecto aborda el problema por el lado equivocado. Barrera sostiene que el proyecto “es una iniciativa imprudente y equivocada”, porque “no resuelve los problemas graves que enfrenta la minería en el país”.

El experto recuerda que los principales retos del sector siguen siendo los mismos: la informalidad, la falta de control sobre la extracción de minerales estratégicos, el uso de mercurio y la degradación ambiental en zonas mineras. Y advierte que el Gobierno parece más enfocado en imponer limitaciones que en solucionar los problemas de fondo: “No esperamos nada distinto de la ley minera que están tratando de sacar a las carreras: es imprudente y equivocada en este contexto”.

Barrera subraya que el proyecto plantea un cambio radical que sustituiría el Código de Minas vigente, sin considerar las leyes recientes que ya intentan impulsar la formalización minera. A su juicio, las nuevas cargas regulatorias “harán imposible aplicar la ley en los territorios y provocarán parálisis e incertidumbre jurídica”.

Prieto: entre el espíritu de la norma y el riesgo de fortalecer la ilegalidad

Desde el campo ambiental, Camilo Prieto, profesor de posgrados en Cambio Climático y Salud Ambiental de la Javeriana, dice que el proyecto tiene un espíritu valioso al priorizar los minerales de la transición energética y fortalecer la legitimidad social. “Hay un espíritu que busca la norma y es la formalización y el ordenamiento del sector. Eso es muy importante. También prioriza los minerales de la transición energética, los encadenamientos industriales y la participación comunitaria”.

No obstante, advierte que esa aspiración puede estrellarse con la realidad en los territorios. Prieto señala que endurecer los requisitos para los proyectos legales sin garantizar control efectivo sobre la minería ilegal es un error estructural: “Mientras se establecen mayores restricciones para la operación legal, la extracción ilícita de metálicos cabalga sin ningún control. El hecho de seguir generando más barreras para el sector legal puede estar generando un efecto contraproducente para inducir la formalización y, más bien, estimular la extracción ilícita”.

Sarmiento y la advertencia sobre el marco legal y el centralismo

El debate no se limita al terreno económico o ambiental. En el plano jurídico, Juan Pablo Sarmiento, profesor de la Universidad de La Sabana, alertó que el proyecto puede entrar en conflicto con la Constitución. “En el artículo séptimo se habla del principio de soberanía del Gobierno sobre la explotación de estos bienes, y ahí el lenguaje mismo puede producir una inconstitucionalidad, porque el artículo 332 de la Constitución habla de la propiedad, pero la soberanía es popular, no del Gobierno nacional”.

Para Sarmiento, el proyecto excesivamente centralista puede chocar con los principios de coordinación y subsidiariedad que rigen la relación entre el Gobierno central y los territorios: “Parece que el Gobierno nacional tendría la competencia exclusiva y excluyente para definir cómo se explotarían los recursos, y eso puede ir en contravía de lo que ya la Corte ha dicho”.

“Una ley antiminera”: Asociación Colombiana de Minería

Finalmente, la visión gremial también es crítica. La Asociación Colombiana de Minería (ACM), que agrupa a las principales empresas del sector, considera que el proyecto “es una ley antiminera”. Su presidente, Juan Camilo Nariño, argumenta que el texto desalienta la inversión privada y abre espacio a la ilegalidad: “Este proyecto establece un modelo estatizado y centralista de la minería, que limita de manera significativa la libertad de empresa y que propicia un monopolio estatal. De expedirse, el sector minero quedará sumido en una parálisis sin precedentes”.

Uno de los puntos más polémicos para el gremio es la prohibición total de nuevos proyectos de carbón térmico, adoptada –dicen– sin plan de transición y sin rigor técnico: “¿Cómo piensa sustituir el Gobierno los empleos y aportes futuros generados por el carbón, con los cuales se financia la nación y los entes territoriales? A la fecha, no existe una hoja de ruta para la transición energética que garantice los derechos de quienes se dedican a esta actividad”, dicen desde el gremio.

🚨 La nueva iniciativa del Gobierno Nacional no es simplemente una ley minera, sino una propuesta que estatiza y restringe de la actividad minera en el país. Limita la libertad de empresa y fomenta un monopolio estatal que, de ser aprobada, podría causar una parálisis sin… pic.twitter.com/b5VOpGTHab

— Juan Camilo Nariño (@jcnarino) October 2, 2025

La ACM hizo un llamado al Congreso para ponderar los impactos económicos y sociales que, a su juicio, puede tener la iniciativa en las regiones mineras y en la economía nacional. “Esta no es una Ley Minera, es una Ley antiminera, porque no promueve el crecimiento del sector, por el contrario, lo debilita”, concluyeron.