¿Qué opinan los gremios sobre el salario vital y el aumento que se vaticina para 2026?

La discusión del salario mínimo en Colombia entró este año en un terreno inédito. Por primera vez, el Gobierno decidirá enmarcar el ajuste dentro del concepto de “salario vital”, una noción promovida por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que busca garantizar condiciones de vida dignas para los trabajadores y sus familias.

Sin embargo, para los gremios empresariales, el giro conceptual no es menor: implica abandonar el método tradicional de cálculo, basado en inflación y productividad, y abrir la puerta a un incremento que —según sus estimaciones— podría superar el 20 o incluso el 23 por ciento, una cifra que consideran inviable para la economía colombiana.

A horas del anuncio oficial del salario mínimo para 2026, el consenso entre los empresarios es claro: el riesgo no está solo en el monto, sino en los efectos colaterales que tendría una decisión de este calibre sobre empleo, informalidad, inflación y sostenibilidad fiscal.

Fenalco: “Cualquier punto por encima del 6,21 por ciento ya es generosidad”

Desde el sector comercio, la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) fue uno de los primeros gremios en marcar una línea roja. Su presidente, Jaime Alberto Cabal, insistió en que el incremento técnico del salario mínimo no debería superar el 6,21 por ciento, cifra que resulta de sumar la inflación anualizada (5,3 por ciento) y la productividad (0,91 por ciento).

El gremio empresarial había propuesto un aumento del 7,21 por ciento, como un gesto adicional en la mesa de concertación. Sin embargo, como nunca se llegó a un consenso con los sindicatos y gremios de trabajadores, el Gobierno fijará la cifra por decreto. A pesar de esto, para Fenalco, cualquier cifra superior se aleja de la racionalidad económica y se aproxima a decisiones populistas que terminan afectando justamente a quienes se busca proteger: los trabajadores formales.

El gremio advirtió que incrementos por encima de inflación y productividad presionan los costos laborales, estimulan la indexación de precios y erosionan rápidamente el poder adquisitivo real, además de afectar de manera directa a las micro, pequeñas y medianas empresas. “En el contexto económico actual, ofrecer un incremento superior al cálculo técnico implica un esfuerzo considerable; cualquier porcentaje mayor se apartaría de la racionalidad económica y caería en salidas populistas que comprometerían el empleo y la formalización”, dijo Cabal.

¿Qué dice la Andi? Inflación, política y un equilibrio que se rompe

Desde la industria, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) también elevó el tono. Su presidente, Bruce Mac Master, alertó que por cada 1 por ciento de aumento del salario mínimo por encima de la inflación, el costo de vida para todos los colombianos podría crecer entre 0,20 y 0,26 por ciento, un efecto que termina neutralizando el beneficio del alza salarial.

Para la Andi, el mayor riesgo ha sido convertir la discusión del salario mínimo en una bandera política, despojándola de su carácter técnico. Mac Master cuestionó que se utilice el tema como herramienta de campaña y subrayó que el verdadero objetivo debería ser un equilibrio entre mejores salarios, mayor empleo formal, menor informalidad y estabilidad macroeconómica.

“Claro que todos quisiéramos que hubiera mejores salarios, pero tenemos que entender que es lo que realmente logra asumir la economía sin que los hogares colombianos tengan que pagar por una inmensa crisis. De forma que preparémonos, multipliquemos y analicemos las posibles consecuencias”, dijo Mac Master.

Acopi: el gremio clave y la advertencia más dura

Pero es Acopi, el gremio que representa a las micro, pequeñas y medianas empresas, el que hoy concentra la mayor preocupación. No es un detalle menor: alrededor del 95 por ciento de las empresas en Colombia son mipymes y muchas de ellas tienen menos de cinco trabajadores.

En conversación con CAMBIO, el vicepresidente de Acopi, Jairo Hernando Pulecio, fue enfático en señalar que el concepto de salario vital, tal como lo está planteando el Gobierno, se aparta completamente de lo que establece la Constitución y las normas laborales vigentes. Según Pulecio, el método tradicional siempre ha buscado recuperar la pérdida del poder adquisitivo (inflación), distribuir una fracción de la productividad y permitir un crecimiento real del salario.

“El Gobierno, con base en ese nuevo concepto, está empezando a hacer unos cálculos que se alejan completamente de lo que dice la Constitución y de las normas sobre cómo debe calcularse el salario mínimo, que es la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo, es decir, la inflación. (…) Este Gobierno, que se autodenomina ‘el cambio’, quiere cambiar las reglas de juego, y son reglas que van en contravía de la realidad del país”, dijo Pulecio.

Más salario, menos trabajadores formales

El diagnóstico de Acopi parte de un dato clave: en Colombia ya hay más personas que no ganan el salario mínimo que personas que sí lo ganan. En 2024, cerca de 10 millones de trabajadores estaban por debajo del mínimo; en 2025, la cifra aumentó a 11,2 millones, es decir, 1,2 millones de personas más quedaron por fuera tras el último incremento.

Para el gremio, un aumento cercano al 23 por ciento agravaría esta tendencia. No solo por el salario nominal, sino por la carga prestacional, que eleva el costo laboral total en más de un 50 por ciento adicional para los empleadores formales.

“Si a una empresa que tiene cinco trabajadores le hacen un incremento del 23 por ciento en sus salarios y en sus costos laborales —porque no solo son los dos millones de pesos que se gana el trabajador, sino un 54 por ciento adicional de carga prestacional—, las empresas van a intentar trasladar ese 23 por ciento a los precios. Muchas no van a poder hacerlo y van a tener que despedir personal o negociar trabajos informales con algunos trabajadores para mantener la sostenibilidad de esas empresas”, explicó el vicepresidente.

Inflación, déficit fiscal y presión al Banco de la República

Las advertencias de Acopi van más allá del empleo. El gremio estima que un incremento de este tamaño podría generar un sobrecosto cercano a los 9 billones de pesos en la nómina pública, en un contexto de déficit fiscal y estrechez presupuestal. Ese mayor gasto, señalan, presionaría la inflación y obligaría al Banco de la República a mantener o incluso subir las tasas de interés. Desde esta óptica, Acopi considera contradictorio que el Gobierno hable de emergencia económica y, al mismo tiempo, impulse un aumento que dispararía el gasto público de manera permanente.

“Estamos hablando de un sobrecosto cercano a los 9 billones de pesos en la nómina pública. Con ese incremento salarial estamos hablando de déficit fiscal, y de que el Gobierno no tiene cómo financiarlo. Se habla de una emergencia económica y, acto seguido, se incrementa de manera exorbitante el gasto público a través de los salarios. Obviamente, vamos a tener más presión sobre la tasa de interés de referencia del Banco de la República para tratar de controlar la inflación”, afirmó.

Y añadió: “El Gobierno lo que quiere es congraciarse con una clase trabajadora élite, representada en las centrales obreras, pero que no representa realmente a la gran mayoría de los trabajadores colombianos, que están en la informalidad: el taxista, el tendero, el pequeño comerciante, el trabajador independiente, el profesional independiente, entre otros, que, como le digo, representan el 97 por ciento del tejido empresarial en Colombia”.

A pocas horas de conocerse la cifra oficial del salario mínimo para 2026, el ambiente es de máxima tensión. Mientras el Gobierno defiende el concepto de salario mínimo vital como un avance social, los gremios coinciden en que un aumento desbordado puede terminar siendo un flaco favor para la mayoría de los trabajadores, especialmente los informales y los empleados de las microempresas.