Políticas Públicas | Andrés Escobar explica los retos fiscales de la reforma al Sistema General de Participaciones

En la charla de esta semana del grupo de Políticas Públicas, dirigido por el economista Armando Montenegro, el exviceministro y economista Andrés Escobar presentó un documento en el que analizó los retos fiscales de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP). Escobar explicó los principales cambios establecidos en el Acto Legislativo 003 de 2024 y llamó la atención sobre los riesgos que podría representar su implementación para las finanzas públicas.

Escobar analizó los dos componentes principales del Acto Legislativo. El primero establece que el porcentaje de transferencias de los ingresos corrientes de la Nación debe aumentar hasta el 39,5 por ciento, siempre que se garantice la sostenibilidad fiscal y se transfieran de manera equivalente competencias y gastos a municipios y departamentos. El segundo plantea la necesidad de ampliar las coberturas en educación y salud, pero sin hacer una referencia explícita a la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con Escobar, ambos componentes pueden interpretarse como independientes e incluso contradictorios. A esto se suma, según su análisis, el riesgo que implicaría su cumplimiento para las finanzas públicas. En ese sentido, cuestionó el proyecto de Ley presentado por el gobierno de Petro sobre esta materia, al considerar que tenía un impacto fiscal “explosivo e irresponsable”. 

Además, señaló que el entonces Ministerio de Hacienda se limitó a recoger y transmitir las demandas de Fecode y de los sindicatos de la salud, sin contemplar la sostenibilidad fiscal ni establecer una transferencia equivalente de competencias y gastos a los entes territoriales. También cuestionó el papel del DNP, al considerar que su capacidad técnica estaba seriamente limitada y que se restringió a observar la elaboración del proyecto.

Escobar sostuvo que, de haberse aprobado dicha ley, el país habría enfrentado una crisis fiscal sin precedentes. Por ello, durante la discusión se planteó que el gobierno de De La Espriella deberá actuar con especial cuidado en la preparación y debate de la reglamentación de este Acto Legislativo, debido a las implicaciones que puede tener en la economía nacional.