
La hoja de ruta para la seguridad energética: las preocupaciones de los gobernadores y lo que propone la ministra de Minas
La Procuraduría General de la Nación convocó a la Mesa Técnica, Permanente e Integral para la Seguridad Energética Nacional. Allí, la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, escuchó a los gobernadores del Caribe y habló sobre el que sería el plan del nuevo Gobierno para atender la situación del sector energético.
Por: Luis Chía
Gremios y gobernadores del Caribe coinciden en que la crisis energética que atraviesa Colombia exige respuestas de carácter estructural. Los problemas financieros, operativos y regulatorios que enfrenta el sector ponen a prueba la capacidad del sistema para garantizar el suministro eléctrico, especialmente ante la llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de la historia.
Ese fue el centro de la primera Mesa Técnica, Permanente e Integral para la Seguridad Energética Nacional, convocada por la Procuraduría General de la Nación, en la que participaron líderes gremiales, gobernadores del Caribe y el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de María Nohemí Arboleda. El encuentro se produjo en un momento especialmente complejo para el país, marcado por las restricciones fiscales y por la reconfiguración de las prioridades del Gobierno nacional tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país hace casi tres semanas.
Desde la sede principal del Ministerio Público, la ministra escuchó las preocupaciones de los gobernadores de Atlántico, Cesar y Córdoba, tres departamentos del Caribe que enfrentan dificultades particularmente fuertes en el suministro de energía eléctrica. La discusión coincidió con el anuncio del Gobierno de Abelardo de la Espriella de destinar 1,5 billones de pesos para aliviar las cargas del sector durante los próximos meses.
La medida busca contener las dificultades más inmediatas, entre ellas la deuda con los generadores térmicos. De hecho, el Gobierno anunció un giro de 300.000 millones de pesos para cubrir parte de la deuda corriente. Para los gremios, sin embargo, estos recursos representan un alivio, pero no resuelven los problemas de fondo. Acolgen ha advertido que el riesgo de un apagón sigue presente ante los meses de sequía que podrían intensificarse.
¿Qué les preocupa a los gobernadores?
Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, planteó las preocupaciones que desde su departamento tienen frente a la crisis del sector energético, insistiendo en que lo que necesita el país son decisiones concretas para resolver el problema estructural que durante décadas ha recaído en el Caribe colombiano. “La crisis del sistema eléctrico no es solo un problema empresarial de los operadores, sino de arquitectura institucional”, dijo.
Para el mandatario la regulación existente no reconoce las diferencias regionales en términos tarifarios: “Bogotá no es lo mismo que la región Caribe. Antioquia tampoco tiene las mismas condiciones del Caribe. Allá tenemos temperaturas extremas. El aire acondicionado en nuestra región no es un lujo, es para millones de familias una necesidad: es necesario para dormir, para estudiar, para trabajar. Y eso tiene una consecuencia directa sobre el consumo energético. Mientras una casa en Bogotá tiene una factura de menos de 200.000 pesos, cualquier factura del Caribe supera el millón y medio. No estamos pidiendo privilegios, estamos pidiendo equidad regulatoria”, sostuvo.
El gobernador del Atlántico propuso responder a los retos de la región a través de una integración vertical del sistema, puesto que siguen habiendo actores diferentes para la generación, transporte, distribución y comercialización de la energía eléctrica en el Caribe. “Esas circunstancias solamente se viven en el Caribe colombiano, porque en las otras regiones del país todos tienen una integración vertical, directa o indirecta. Eso genera gran parte de la problemática que hoy tenemos: el despedazamiento de nuestro sistema”, insistió el mandatario.
Al final de su intervención, Verano de la Rosa también pidió reconocer el potencial que tiene el Caribe en materia energética, destacando la posición geográfica de sus departamentos y sus posibilidades para convertirse en protagonistas de la transición energética.
Por su parte, la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, subrayó la urgencia de trascender el diagnóstico de la crisis y ejecutar soluciones inmediatas para el Caribe. Aunque destacó la disposición de los mandatarios regionales para colaborar, Sanjuán enfatizó que las expresiones de voluntad no resuelven por sí solas las deficiencias estructurales del servicio en la región.
La gobernadora propuso un plan de gobernanza territorial que involucre a los alcaldes del Cesar, reconociendo que el departamento enfrenta un panorama financiero crítico. A pesar de que la administración departamental se encuentra al día con sus obligaciones, las alcaldías municipales acumulan una deuda de 90.000 millones de pesos con los operadores, una situación que, según ella, refleja la vulnerabilidad económica de las comunidades vulnerables del departamento.
“Se supone que el actor con mejores condiciones económicas en un municipio es la alcaldía. Si esta le debe al prestador, ¿qué podemos esperar de las familias que hacen parte de la larga lista de la pobreza que se extiende en el país”, expresó.

La mandataria solicitó medidas concretas al Gobierno como el pago directo de los subsidios adeudados, la compra de energía por parte de la Nación, la liberación de recursos del programa Colombia Solar y el respaldo institucional para la titularización de la deuda del sector. Sanjuán también se refirió al panorama de orden público del departamento: “Los bloqueos son el pan de cada día. Nuestros alcaldes, directores de entidades descentralizadas, gerentes de hospitales, todos de una manera u otra, somos víctimas de este problema. He tenido que ver cesarenses morir en un bloqueo, que sucede en razón de la mala prestación del servicio”.
Este complejo escenario coincide con la situación operativa de Afinia, filial del Grupo EPM, que atiende a 1.4 millones de usuarios en el Caribe. Ante las dificultades, la compañía solicitó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) la separación corporativa del mercado en el Cesar, lo que obligaría a replantear el modelo de prestación del servicio eléctrico bajo un esquema diferenciado para el departamento.
Lo que propone la ministra
"Tenemos solo cuatro años para hacer una reconstrucción del sector, y también para dejar iniciados proyectos importantes que garanticen su sostenibilidad en el futuro. No solo estamos trabajando para el corto plazo, estamos trabajando por el mediano y el largo”, dijo la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, después de escuchar a los gobernadores.
La ministra también detalló que el Gobierno se prepara para poner en marcha una nueva ronda de subastas de energía como una de las medidas más concretas de su hoja de ruta para enfrentar la crisis del sector y prevenir el impacto del fenómeno de El Niño. Según explicó, el objetivo no es necesariamente incorporar energía nueva, sino destrabar la que ya existe pero no se está utilizando.

Asimismo, la jefa de la cartera de Minas también habló de diversificar la matriz energética del país a mediano y largo plazo, abriendo espacio a tecnologías hasta ahora poco desarrolladas en Colombia. Adicionalmente, Arboleda instó a la corresponsabilidad del sector energético frente a la crisis, al advertir que el problema no puede atribuirse únicamente a los operadores de la región Caribe.
Al término de la Mesa Técnica Permanente del Sector Energético, el procurador Gregorio Eljach Pacheco, destacó la voluntad de los actores que participaron durante el espacio convocado por la entidad, resaltando que se trata del primer paso para avanzar hacia respuestas concretas a la situación crítica del sector:
“Aquí todos ustedes nos están ayudando a prevenir costos fiscales, a prevenir acciones, a prevenir procesos disciplinarios. De manera que este es un nuevo despertar”, dijo.

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