Procurador pide pasar del “diagnóstico a la solución” para garantizar la seguridad energética en Colombia
El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instaló la Mesa Técnica, Permanente e Integral para la Seguridad Energética Nacional, una iniciativa de la entidad que convocó al Gobierno nacional, gobiernos departamentales y gremios para establecer una hoja de ruta que responda a la crisis del sector.
Por: Luis Chía
El país enfrenta desafíos que ponen en riesgo la seguridad energética. Los retos de carácter financiero, operativo y regulatorio generan presiones sobre la sostenibilidad del sistema, sobre todo, en la región Caribe. Así lo advirtieron desde la Procuraduría General de la Nación, al alertar sobre una “crisis estructural” que puede afectar la prestación del servicio público de energía ante la llegada del fenómeno de El Niño, que podría extenderse hasta el primer trimestre de 2027.
Para hacerle frente a la problemática del sector, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instaló este miércoles 26 de agosto la Mesa Técnica, Permanente e Integral para la Seguridad Energética Nacional. Desde la sede principal del Ministerio Público y ante la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda; los gobernadores del Caribe y líderes gremiales; compartió su radiografía sobre el panorama de la seguridad energética.
Durante la instalación, el procurador explicó que la entidad no asumirá el liderazgo de la solución a la crisis energética, sino un papel de acompañante con los actores del sector. En ese sentido, aclaró que tras la puesta en marcha de la estrategia de Paz Electoral durante las elecciones, decidieron tomar un rol de interlocutor con el nuevo Gobierno y el sector energético para responder a los riesgos de una crisis estructural, que según él, “se ha venido aplazando año tras año, gobierno tras gobierno y caso que década tras década”.
Cabe recordar que durante el Foro de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), realizado en Barranquilla entre el 20 y 21 de agosto, el procurador ya había anunciado la nueva estrategia de la entidad: la Paz Energética, iniciativa del Ministerio Público que buscará, hombro a hombro con el sector, trascender de los diagnósticos y empezar a hablar de soluciones concretas para el país.
“La energía es una especie de sangre de la economía”
Al referirse a los problemas concretos del sector, el jefe del Ministerio Público describió la energía como “una especie de sangre de la economía”, por el impacto que una crisis de este tipo tiene sobre la calidad de la vida de la gente:
“Pienso en el sufrimiento de quienes no pueden conservar sus alimentos porque no tienen energía para el refrigerador o tienen que soportar los calores sofocantes, como en el Caribe colombiano agravados ahora por el fenómeno de El Niño. O en las amenazas que se ciernen sobre la vida de los enfermos en un hospital porque hay que posponer las cirugías o no se les pueden practicar exámenes urgentes con tecnología moderna”, expresó.
Los desafíos se agravan en el Caribe colombiano. Según un estudio preventivo realizado por la Procuraduría, los riesgos financieros, jurídicos y operativos pueden llevar a una crisis estructural y de prestación del servicio en esta región. Entre las advertencias de la entidad, están las deudas del Ministerio de Hacienda a las generadoras por concepto de subsidios por 1.6 billones de pesos, así como a las distribuidoras y comercializadoras por la opción tarifaria por 1.9 billones de pesos.
Según señalaron, esta situación financiera es alarmante por los efectos sobre el funcionamiento y operación de las plantas termoeléctricas en época de sequía, cuando deberían funcionar a su máxima capacidad. Uno de los casos más críticos para la entidad es el de la empresa Air-e, con más de 1.3 millones de usuarios en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que acumula una deuda de 1.5 billones de pesos con las generadoras térmicas y de 420.000 millones de pesos con las hidráulicas.
Advirtió, además, que la intervención de la compañía por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios agravó la situación sin resolver de fondo la crisis del sector eléctrico en los departamentos de la Costa. “La gente de la región Caribe ha vivido en crisis durante años por esta situación calamitosa. Ya es común escuchar que muchas familias de esta región del país tienen que apartar primero el dinero para pagar la factura de la energía y después mirar si queda algo para la comida”, sostuvo el procurador general de la Nación.
Una mesa para pasar del diagnóstico a la solución
El procurador enfatizó en que el diagnóstico ya está hecho y es conocido por los gobernadores de la región Caribe. El siguiente paso, dijo, es pasar a las soluciones a través de una “visión conjunta de lo que está ocurriendo en el país para generar respuestas integrales en el marco de la grave situación climática por el fenómeno de El Niño y la grave situación fiscal con la que comienza el nuevo Gobierno”.
A la convocatoria de la Mesa Técnica, Permanente e Integral para la Seguridad Energética Nacional asistieron los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa; de Córdoba, Erasmo Zuleta; y de Cesar, Elvia Milena Sanjuán, quienes expresaron sus preocupaciones frente a la crisis del sector ante la ministra de Minas y Energía del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
El procurador destacó la presencia de los mandatarios al tratarse, según él, de un espacio para la escucha, el diálogo y la planeación de una hoja de ruta para la seguridad energética.
“Hemos hecho esta invitación teniendo como faro la estrategia que me ha acompañado en la Procuraduría desde el primer día de mi gestión: diálogo para construir consensos, para obtener soluciones conjuntas, con propuestas a corto, mediano y largo plazo para que Colombia tenga en los próximos años una política de Estado de seguridad energética”.
Medidas disciplinarias en marcha
El procurador también confirmó que ya se han abierto procesos disciplinarios contra alcaldes y directivos de entidades públicas morosas, calificando el no pago como una de las causas que agravan la crisis financiera del sector. Según Eljach Pacheco, la negativa a pagar los servicios públicos podría acarrear, incluso, la destitución de estos funcionarios, pues la norma establece que cuando así se procede, incurren en una falta grave.
Y reiteró que con la puesta en marcha de la Mesa Técnica Permanente, no solo esperan que los actores que la integran aporten a la construcción de una hoja de ruta para la seguridad energética, sino también, se avance en propuestas concretas que puedan ser tenidas en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo.
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