La verdad sobre las deudas que dejó el Gobierno Duque

Las alertas de sectores económicos y las manifestaciones de las últimas dos semanas se han generado, en parte, por cuenta de compromisos, deudas o medidas heredadas del Gobierno anterior.

“El común denominador de los ministros de la administración Duque es decir que pagaron todo, pero lo que no dicen es qué fue lo que dejaron, y la realidad es que dejaron pequeños Fepc (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) en distintos sectores y grandes Fepc para cubrir con el presupuesto en el futuro. Nos dejaron varios huecos que nunca resolvieron”, aseguró el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

El problema de la energía

Empecemos por el último chicharrón que le reventó esta semana al Gobierno Petro. Las comercializadoras de energía, agrupadas en la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), prendieron las alarmas por la falta de liquidez, a causa de la cual estaría en riesgo el suministro de energía, entre otras consecuencias, por los saldos por recuperar de la denominada opción tarifaria, que pasarían de 5 billones de pesos en julio de este año a 7 billones de pesos en diciembre de 2023.

Los ingresos anuales de los comercializadores de energía son cercanos a 3 billones al año. Es decir, lo que se les adeuda es el doble de sus ingresos anuales.

¿Cómo se llegó a eso? La opción tarifaria fue aplicada durante la pandemia por el Gobierno Duque como parte de los alivios a las poblaciones más necesitadas. A los estratos 1 y 2 se les difirió el pago de su factura a 36 meses, mientras a los estratos 3 y 4, a 24 meses. En la práctica, la administración Duque endeudó a los usuarios finales.

El exministro de Minas y Energía Diego Mesa dijo que ellos habían pagado lo que correspondía, y que, a julio de 2022, el saldo de esos subsidios de energía eléctrica llegaba a 574.000 millones de pesos y no a 5 billones de pesos. Sin embargo, la Resolución 101027 del 16 de septiembre de 2022 de la Creg estimó que el saldo acumulado de todos los comercializadores, a agosto de 2022, por la aplicación de la opción tarifaria, era de 3,5 billones de pesos. El incremento del saldo hasta 5 billones de pesos se debió al aumento de la inflación y al denominado Pacto Tarifario que implementó el actual gobierno.

Esto último, lo que hizo fue impedirle a los comercializadores recuperar la deuda al ritmo que lo venían haciendo, es decir, se ralentizó la recuperación de cartera, que equivale a diferirle a los usuarios la deuda que tenían por un tiempo adicional.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que lo que hizo el gobierno anterior fue “dejarnos la fuente del hueco vigente. En algún momento toca cerrar ese hueco, pero yo no puedo cerrar todo al tiempo. Imagínese con eso cómo disparo la inflación”.

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José Puyana, exsuperintendente delegado de Energía, argumentó: “La lógica era que estábamos en época de vacas flacas, es decir, la pandemia, y que, cuando viniera el periodo de vacas gordas, se permitiría a los comercializadores recuperar los saldos acumulados. El problema es que se pensaba que era una medida de corto plazo que se iba a recuperar en un año, pero el gobierno pospuso el periodo de recuperación y ya se avecina el Fenómeno del Niño y, con ello, otro período de vacas flacas”.

En la medida en que el Fenómeno de El Niño entre en su período de maduración es probable que se incrementen significativamente los precios en la bolsa de energía. Si parte de la energía que consumen los usuarios debe ser adquirida por los comercializadores en la bolsa, y no se pagan los montos que se les adeuda, en algún momento un número indeterminado de comercializadores puede entrar en default y, en consecuencia, no contar con caja suficiente para pagar sus compras en bolsa y fuera de bolsa (contratos con generadores).

Bajo este escenario –y como un dominó–, la Superintendencia de Servicios Públicos debería tomar posesión de estas empresas, lo que tendría un gran costo para el país; y, si los comercializadores entran en insuficiencia financiera, terminarán afectando a los demás agentes de la cadena energética, especialmente a los generadores, lo cual amenazaría con el fantasma del apagón.

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“Esto es otro Fepc, hicieron lo mismo, autorizaron una tarifa diferida, pagaron algo, pero nos dejaron la fuente del hueco; y ahora esto puede subir tranquilamente a 10 billones de pesos. ¿De dónde van a salir? Pues del presupuesto, que significa que yo quite plata destinada a primera infancia o programas sociales y asuma ese compromiso”, manifestó Bonilla.

La solución no da espera. El Ministerio de Minas y Energía ya anunció un crédito de Findeter cercano a un billón de pesos para las comercializadoras. Sin embargo, los expertos consideran que si el Gobierno, independiente del mandatario de turno, endeudó a los usuarios, es el mismo Gobierno el que debería responder por estas acreencias, como responsable de última instancia. El crédito, si bien alivia momentáneamente el problema, lo posterga.

El lío con la gasolina

Esta semana hubo manifestaciones por el aumento de la gasolina. En varios puntos, las protestas fueron lideradas por camioneros, a los cuales no los ha afectado el aumento porque el precio del ACPM ha permanecido congelado. Aquí también es necesario retroceder para entender qué pasó en la administración Duque.

“Con el Fondo de Estabilización del Combustible se trataba de acudir a un mecanismo que existía para evitar que los aumentos de precios locales fueran demasiados altos y que, en consecuencia, hubiera una inflación mucho más alta. Cuando nos retiramos, dejamos al fondo debidamente saneado y con una estimación en el Marco Fiscal, que yo formulé, de aumento de precios y de ajustes, e incluso de presupuestos para los años siguientes, para cubrir el déficit en la medida en que se cerraran los diferenciales de precio interno y externo”, explicó el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo. "Se sanearon 17 billones de pesos en 2018 y 14,2 billones se pagaron en 2022", añadió.

La visión de su sucesor, el ministro Ricardo Bonilla, es distinta: “En el empalme, yo le dije a Restrepo que él nos había dejado montado un paro camionero, de motos y taxistas”, dijo Bonilla, y reiteró que, si bien el Gobierno anterior pagó algo, dejó la fuente de la deuda vigente. “Abrieron un hueco con el presupuesto y ahí lo dejaron como problema nuestro. Nosotros estamos resolviendo hacia adelante, pero lo de atrás está ahí. Si no, hubiese tocado aumentar el precio por todo el monto una sola vez y eso es impactar la inflación. Ellos sabían que tenían que subir el precio y no lo hicieron”.

En pocas palabras, el hueco fiscal que a 2022 sumaba 37 billones de pesos, causante de que hoy se esté subiendo la gasolina significativamente, se agrandó porque el Gobierno Duque dejó prácticamente congelado el precio de la gasolina desde 2020.

A partir de noviembre de 2022, la administración Petro empezó a subir gradualmente cada mes el precio de la gasolina, empezando con 200 pesos; hoy ya va en 600 pesos mensuales. Si bien es una decisión acertada para las finanzas del país cerrar el hueco del Fondo, el gobierno ha tenido que ceder ante sectores que amenazan con paro.

Desde un principio se decidió congelar el precio del ACPM, que es el que usan los camioneros, lo que para 2023 causará un déficit de 14 billones de pesos. Sin embargo, por estos días el Gobierno cedió ante el gremio de taxistas, que reclamaban por el aumento de la gasolina, y les prometió bonos de compensación al combustible. Aún no se sabe cuál será el impacto financiero de esta medida.

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“Nos dejaron los chicharrones y nos toca dosificar. Estamos buscando la forma menos costosa de arreglar esto y eso quiere decir que la gasolina la vamos a seguir subiendo. Estamos viendo cómo dosificamos el tema con los taxistas. Cuando cerremos gasolina y empecemos a mirar el diésel vamos a tener que ser más cuidadosos, porque ese sí es el paro camionero”, afirmó el ministro Bonilla.

¿Cuándo se puede tener resuelto el lío con el fondo? El ministro Bonilla considera que, si se siguen cerrando paulatinamente las tarifas, se lograría en 2025, lo que significaría dejarle el problema resuelto al gobierno siguiente.

Las deudas acumuladas de la salud

Hace una semana se crearon unas mesas técnicas entre las entidades prestadoras de salud (EPS) y el Ministerio de Salud para establecer cuánto se les adeuda a las primeras. Esto, debido a que Compensar, Sura y Sanitas hicieron conjuntamente una carta para advertir que su situación financiera era tan grave, por cuenta de lo que les debía, que, si no resolvían sus finanzas, podrían cesar operaciones este mes. 

El Gobierno sostiene que les ha pagado el dinero que es, y por adelantado, en lo correspondiente a la unidad de pago por capitación (UPC), que es lo que se cancela anualmente por cada paciente. Según el Ministerio de Salud, lo que las EPS están cobrando ahora está relacionado con deudas de pandemia y del denominado Acuerdo de Punto Final.

Bonilla manifestó al respecto: “Ellos tienen un cuento de punto final y que realmente nunca fue punto final sino puntos suspensivos. Lo que hicieron fue liquidar alguna deuda, pero la fuente del hueco sigue vigente y va hacia adelante. Las EPS quieren que les paguemos las deudas acumuladas de atrás”.

Félix Martínez, director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), algo así como el banco de la salud, estima el saldo de deudas heredado del Gobierno Duque en cerca de 3,4 billones de pesos, desagregado de la siguiente manera: 1,1 billones de pesos por aspectos relacionados con pandemia;  790.000 millones de pesos por ajustes que se deben hacer al final de año de los presupuestos máximos; 820.000 millones de pesos por ajustes de presupuestos máximos de 2022, y 600.000 millones de pesos que se les adeuda a los hospitales por cuenta de migrantes no asegurados.

Por su parte, el ministro de Salud del Gobierno Duque, Fernando Ruiz, dijo que las cuentas siempre van a venir de atrás y, por ello, indica que toca hacer la gestión necesaria para revisarlas lo cual, según él, es lo que le ha faltado a la actual administración. Sobre la pandemia, dice que se pagaron la mayor cantidad de cuentas, pero quedaron pendientes algunas cosas relacionadas con vacunación y atención del covid.

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"El acuerdo de punto final ha sido el esfuerzo más importante por pagar deudas viejas del sistema de salud. Presentaron más de 15 billones en cuentas que eran deudas aparentes que venían del pasado. A eso se le hizo auditoria y algunas de esas cuentas ya habían sido cubiertas, algunas no tenían soportes precisos y, al final del proceso, que duró dos años, las cuentas sumaban 7,6 billones de pesos. Prácticamente se pagó todo y se dejó un saldo menor de 600.000 millones de pesos", afirmó Ruiz.

Los presupuestos máximos, que es la cuenta que incluye lo que no trae el plan de beneficios, funciona en la medida en que las EPS brindan el servicio, y se les paga después de una auditoria. "Aquí siempre hay un rezago en el pago de las cuentas. Nosotros dejamos pagos, mayoritariamente lo de 2021. Al gobierno que entró en 2022 le correspondía sentarse con las EPS para hacer el corte de esas facturas. Dejamos 500.000 millones de pesos para ello y, hoy en día, no se han ejecutado esos recursos en su totalidad", agregó el exministro.

Otras deudas, pero históricas

Según el ministro Bonilla, existen deudas históricas que, si bien no nacieron en el Gobierno Duque, se han visto afectadas por la inacción o la falta de medidas, lo cual hizo que estos compromisos aumentaran. La deuda más grande es con las víctimas, calculada, solo en indemnizaciones, en cerca de 150 billones de pesos. “Cuando uno mira presupuestos de años anteriores, se ve que nunca hubo una disposición a resolver el problema. Si bien es una deuda histórica, la pregunta es:¿qué hicieron los gobiernos pasados para tratar de cubrirla?”.

Bonilla agrega que hay una deuda más de años atrás en relación con el sistema general de participaciones y el sector de educación, que está calculada en aproximadamente 3,5 billones de pesos y que, según él, la administración Duque nunca resolvió. “Se generó porque el sector educativo dice que los costos son más altos de lo que se le entrega del sistema general de participaciones. Este sistema crece de acuerdo con los ingresos corrientes de la Nación. Por ejemplo, el presupuesto de 2024 está proyectado para crecer 19 por ciento, pero el sistema general de participaciones crece a 29 por ciento”.

Finalmente, el Gobierno Duque llevó la deuda por encima del 60 por ciento y dejó un millonario crédito con el Fondo Monetario Internacional, el cual deberá pagarse a ocho cuotas concentradas especialmente entre 2024 y 2025. “Con el agravante de que fue el único país del mundo que lo usó. Es como una tarjeta de crédito con cupo que no se fue para inversión sino para pagar gastos corrientes”, aseveró Bonilla.

La gran disyuntiva en términos presupuestales es pagar deuda o invertir. Ambas se deben hacer, pero asumir compromisos del gobierno pasado resta en lo segundo. Como sea, el Gobierno Petro necesita más recursos para cumplir. Por ahora, no parece que se conseguirán de la manera como lo han hecho y planteado los antecesores del ministro Bonilla: vendiendo empresas públicas.