¿Quién tiene la razón: Petro o las EPS?

En medio de la incertidumbre por una reforma a la salud que no se ha vuelto a radicar en el Congreso, tres de las once EPS del régimen contributivo advirtieron, en una carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que, debido a la crisis financiera del sector, se les dificultará seguir operando en septiembre.

Según Sanitas, Compensar y Sura, son más de 13 millones de usuarios los que se verían afectados ante la falta de recursos y pérdidas que, a corte de 2022, se tasan en 572.000 millones de pesos, solo en estas tres empresas.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, desestimó la advertencia calificándola de presión, dijo que se les ha pagado cumplidamente y aseguró que “se debe impedir que se siga haciendo negocio con la salud de los colombianos”.

El presidente Petro respaldó a su ministro y manifestó que, pese al aumento del presupuesto del sector salud en un 25 por ciento, se han recibido 1,3 millones de quejas, y que las eps concentran los pagos en empresas y clínicas cercanas a los dueños y administradores de ellas, y dejan las demás subfacturadas, lo cual produce fallas en el  servicio. “Por este camino los recursos públicos que entregamos se trasladan a bolsillos privados irregularmente y deterioran la red pública y la privada no vinculada a propietarios y administradores de EPS”, explicó el jefe de Estado.

Petro fue más allá y le echó la culpa a una EPS del régimen subsidiado, de la muerte de los niños en la Guajira: “Todos los niños muertos por desnutrición en la Guajira estaban afiliados a EPS”.

Carmen Eugenia Dávila, presidenta de Gestarsalud, gremio de las EPS subsidiadas, salió al paso y defendió la gestión de las EPS en La Guajira, asegurando que los niños se mueren por determinantes como falta de agua y alimentos; lo cual, sumado a aspectos como el clima, las zonas dispersas, la idiosincrasia y los temas culturales, vuelve la situación difícil de manejar. “Yo no culparía a las EPS frente a las muertes de los niños en La Guajira. Si no tienes agua potable y alimentos, te enfermas y el resultado lo atiende el sistema de salud, aunque no sea el responsable; y a veces, cuando los médicos intervienen, ya no pueden hacer nada”, explicó Dávila.

¿Cómo funciona el sistema de salud?

Para que usted mismo concluya quién tiene la razón, si las EPS o el presidente Petro, primero hay que entender cómo funciona el sistema.

Hoy las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intermedian recursos de la salud, pero también afilian, agendan citas, articulan servicios y gestionan el riesgo financiero. Esto último no es otra cosa que hacer que el dinero alcance para todo el año. Sin embargo, desde hace varios años, aseguran que la plata no les alcanza. La advertencia que se hace no es nueva.

Por cada paciente en el sistema, la Nación debe pagar la UPC (que es la sigla de Unidad de Pago por Capitación). Con ese valor, las EPS hacen cuentas de cuánto dinero les llegará de parte del Estado (a corte de junio recibieron por este concepto 6,35 billones de pesos), sin contar los pagos por tratamientos no incluidos en el plan básico de salud, que se pagan con los Presupuestos Máximos (a corte de junio se pagaron 289.000 millones).

La famosa UPC entró en funcionamiento en 2004 y, para 2023, creció 16,9 por ciento, quedando en 1'289.246 pesos para los pacientes del contributivo; y 1'121.396 pesos para los pacientes del régimen subsidiado. Sin embargo, aunque las EPS siempre han dicho que el dinero que se les gira no es suficiente, ahora el problema se acentúa por cuenta del impacto de la inflación y la incertidumbre que genera la reforma a la salud.

Esta última ha ocasionado dos cosas, según las EPS: que los pacientes estén asistiendo a más consultas y que los inversionistas o socios de la EPS no inviertan porque, bajo el sentido común, no le van a meter dinero a una empresa que la reforma piensa acabar.

Dávila agrega que la UPC se calcula teniendo en cuenta frecuencias históricas y los precios del mercado razonables, pero en estos dos elementos ha habido circunstancias adicionales. “Después del covid, los pacientes se empezaron a desatrasar de consultas; también cambió el perfil epidemiológico, porque empezaron a ir más por cardiopatías y enfermedades de salud mental”, agregó la representante de las EPS subsidiadas. También indicó que, si bien el aumento del 16 por ciento es similar a la inflación, no compensa el déficit que cargan de los últimos dos años, el cual se suma al impacto que la devaluación ha tenido en las tecnologías que se usan.

En el caso de los presupuestos máximos, las EPS advierten que se presenta el mismo inconveniente: la plata se gira, pero no es suficiente. “El mecanismo que dijo el gobierno es que los servicios que no se paguen los asumamos, y luego se revisan para hacer ajuste; y ahora nos estamos demorando años para que nos revisen y se den cuenta de que no eran 100 pesos la plata que debían girarnos sino 200”, asegura Dávila. Compensar, Sanitas y Sura sostienen que, por concepto de presupuestos máximos, a corte de junio 30 se le adeudan casi 700.000 millones de pesos.

Aunque de forma más discreta, intentando guardar las relaciones con el ministro Jaramillo, Ana María Vesga, recién nombrada presidente de ACEMI, gremio de las EPS del régimen contributivo, afirmó que la posición de sus afiliadas Sanitas, Compensar y Sura es individual. También dijo que su carta refleja la situación de crisis de todo el sector y la necesidad urgente de soluciones.

Hoy el ministro Jaramillo se reunió con las tres EPS que hicieron la alerta y se estableció que se harán mesas técnicas para revisar las cifras.

Bajo este panorama, y como si fuese un círculo vicioso, la vigilancia a las EPS ha aumentado, lo cual evidencia cómo los pasivos que cargan afectan la prestación del servicio a los usuarios e incrementa las deudas con clínicas y hospitales; aspectos que, a su vez, amenazan con generar la intervención de la Superintendencia de Salud. Estas intervenciones generalmente terminan ocasionando la liquidación de las empresas y el traslado de los pacientes a otras eps en similar situación económica, lo cual no hace sino agravar la salud de las empresas y la propia salud del sistema.