El puñado de abogados que se está haciendo rico con las deficiencias del sistema de salud de los profesores

Imagínese que usted cuenta con un servicio de salud especial, en teoría algo similar a un plan de medicina prepagada, que atiende enfermedades de alto riesgo, que no exige pagar cuota moderadora y en el que no hay agendas de espera, sino que ofrece citas de medicina general en máximo 24 horas y con especialistas en unos 10 días, incluyendo especialidades escasas en el país.

Suena bien, pero la realidad es otra: “ A nosotros nos pueden demorar una cita de medicina general entre quince días y un mes, citas de especialistas tres meses, cirugías pueden tardar un año. Por eso decimos que nuestro sistema de salud es peor que el del resto de los colombianos”. 

El testimonio es de Yesid González, maestro y directivo de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE).

La inconformidad de los educadores con el servicio de salud que reciben es histórica. Por años, han elevado protestas. Hace apenas dos semanas, profesores de Santander, Atlántico y Bolívar amenazaron con irse a paro si se les renovaba el contrato a las empresas prestadoras de servicios de salud del magisterio.

“La intuición que uno tiene, después de haber pasado por procesos complejos de contratación en el sistema educativo, es que aquí hay lo que podríamos llamar síntomas de colusión. Yo no puedo garantizar, ni dar pruebas de que en este momento existan operadores que estén unidos para que las condiciones de la licitación los favorezcan y no permitan que otros potenciales prestadores de servicios se presenten, yo no tengo pruebas de eso. Pero sí tengo la intuición, por mi experiencia, de que hay síntomas de colusión, es decir, que se están manejando las cosas para que no se pueda abrir el mercado”, le dijo a CAMBIO el viceministro de Educación, Óscar Sánchez.

Sánchez hace parte de la junta directiva del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). El Fomag es una cuenta especial de la nación, cuyos recursos están destinados a hacer los pagos de primas, cesantías, salud y pensión de los profesores del sistema público. Esta entidad tiene bajo su responsabilidad la licitación de los servicios de salud del magisterio. El Gobierno está empeñado en mejorar esa licitación, para que puedan presentarse más oferentes y para que quienes ganen cumplan con lo estipulado en los contratos. La cifra de ese proceso no es menor: supera los 13,4 billones de pesos.

El multimillonario negocio de las demandas contra el Fomag

Como con las caras de la moneda, en el caso del Fomag hay un anverso y un reverso. Mientras los profesores padecen de una prestación deficiente en sus servicios, dichos incumplimientos motivan multimillonarias demandas. CAMBIO consultó con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y las cifras son enormes.

A 30 de junio de 2023, el Fomag tenía 79.151 demandas activas, cuyas pretensiones económicas llegaban a los 5,8 billones de pesos. Esto convierte a dicha entidad en la segunda con mayor número de demandas en su contra. La primera es Colpensiones. La principal causa por la que se demanda al Fomag es el incumplimiento en el pago de cesantías.

Curiosamente, durante el año pasado, el número de demandas en contra de la entidad se incrementó de manera pasmosa: de 6.350 procesos en 2021, se pasó a 45.858 en 2022.

Es como si a una posible negligencia le surgiera un grupo de abogados listos para demandar.

Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le contó a CAMBIO que la tasa de éxito acumulada en los procesos del Fomag es de 37 por ciento. Eso quiere decir que de cada tres procesos, se pierden dos.

“El cálculo de la probabilidad de pérdida de los procesos activos indica que 21,4 por ciento de los procesos activos del Fomag tienen una probabilidad alta de perderse”, le dijo Zamora a CAMBIO. La entidad que la abogada dirige, calcula en 2,3 billones de pesos el posible impacto que tendrán las demandas en contra del Fomag en las finanzas públicas de la nación.

Las demandas en contra del Fomag están concentradas en cinco departamentos del país. 

Cinco abogados tienen los poderes de 30.000 demandantes, es decir, la mitad de todos los litigios; y tres de ellos hacen parte del mismo bufete de jurisconsultos.

“Nosotros reconocemos que, efectivamente, hay algunas firmas, o muy pocas firmas, que en su momento se dedicaron a efectuar demandas o buscar generar litigios. De los años 2018 a 2020 nosotros no teníamos la suficiente capacidad tecnológica ni administrativa para pagar de manera oportuna. Entonces durante estos años, ellos (las firmas de abogados) capitalizaron esa situación por todo el país, para generar litigios”, le dijo a CAMBIO, Edwin González, vicepresidente (e) del Fomag.

El bufete de abogados que concentra las demandas

Diana Carolina Alzate Quintero, Yobany Alberto López Quintero, Laura Marcela López Quintero, Katherine Ordóñez Cruz y Mónica María Escobar Ocampo son los cinco abogados que representan a 30.000 demandantes del Fomag. Los tres primeros, Diana Carolina Alzate, Yobany Alberto Quintero y Laura Marcela López, pertenecen a la misma firma de abogados: López Quintero, abogados y asociados.

La especialidad de este bufete son los litigios del magisterio. Ofrecen servicios en los siguientes casos: sanción por mora en el pago de cesantías, pensiones de jubilación a los 55 años para docentes y sanciones en mora por pago tardío de los intereses de las cesantías. Promocionan sus servicios con promesas como la siguiente: “Reciba un día de salario por cada día de retraso en el pago de sus cesantías”.

Al frente del bufet se encuentra un abogado, Yobany Alberto López Quintero. En las fotografías de la página de abogados, Yobany Alberto exhibe en su mano derecha un lujoso reloj. 

Aparentemente se trata de un Rolex Datejust 36 con biseles de oro e incrustaciones de diamantes, cuyo valor supera los 59 millones de pesos, sin IVA.

El abogado Yobany Alberto tiene también avión privado. En la base de datos de la Aeronáutica Civil aparece registrado un Piper PA-31-325 a su nombre.

En la Superintendencia de Notariado y Registro aparecen 30 inmuebles asociados a su número de identificación, la mayoría en Montería, Armenia y Bogotá.

Yobany Alberto es hijo de Olverth López Duque, con quien conformó, en el año 2000, la firma López Quintero, abogados y asociados. Olverth López fue vicepresidente de Fecode entre 1977 y 1980 y está casado con la también docente María Cielo Quintero Serna.

Laura Marcela Quintero y Diana Carolina Alzate Quintero, hija y sobrina de la pareja de docentes, también hacen parte del equipo de abogados que amenaza con producir un notable impacto a las finanzas de la nación.

La segunda generación de los López Quintero encontró más apasionante demandar que enseñar.
Según el sistema eKogui de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, las pretensiones de las demandantes, cuyos apoderados son la familia López Quintero, suman 3,4 billones de pesos. Es decir, esta firma aparece como apoderada en el 66 por ciento de los procesos activos del Fomag. En Antioquia, este equipo de abogados concentra el 91 por ciento de los procesos activos.

En 2018, la W Radio reveló que el expresidente de Fecode, Carlos Rivas, recomendaba a través de redes sociales los servicios de López Quintero a sus afiliados. En su momento, el señor Yobany Alberto López aseguró que fue decisión de la Junta Directiva de Fecode recomendar el servicio de su bufete familiar por los buenos resultados en la defensa de los intereses de los profesores.

“En el mundo de la educación hay mucha litigiosidad. Hay industrias del litigio docente especializadas en demandar al Estado o a entidades como la Fiduprevisora. Esto es un asunto de permanente riesgo, de estar sometidos a permanentes demandas que pueden llegar a ser muy onerosas para el Estado” le dijo a CAMBIO el viceministro de Educación, Óscar Sánchez.

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, le explicó a CAMBIO que desde la entidad se están articulando varias estrategias para disminuir las demandas contra el Fomag, entre ellas reducir el incumplimiento en el pago de cesantías. Además, se esta trabajando en la actualización de lineamientos, que serán de carácter obligatorio, para afrontar y prevenir este problema.

La licitación que viene

Después de una serie reuniones y mesas técnicas entre el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, Fiduprevisora y Fecode, quienes conforman la junta directiva del Fomag, por fin se llegó a un acuerdo para la elaboración de un documento que define las condiciones de la invitación pública para la prestación de servicios de salud y riesgos laborales en Colombia.

En este momento los interesados en participar pueden hacer observaciones, las cuales deben ser resueltas en una semana.

Históricamente, un grupo de firmas ha resultado ganador de este proceso, que divide la prestación de salud de los maestros del país en diez regiones.
Uno de los principales problemas han sido las pocas herramientas que han quedado establecidas para hacer que los contratistas cumplan con el contrato.

Al respecto, ya hay cambios. Se tiene previsto otro proceso licitatorio para elegir interventores a estos contratos. Estos estarán encargados de vigilar de manera más estricta que a los profesores se les preste un servicio de salud oportuno y adecuado. Se tiene previsto que los profesores sean escuchados por estas interventorías, de tal manera que sus quejas y solicitudes sean atendidas.

Otro punto que limitaba la participación de oferentes era que se les exigía que contaran con IPS exclusivas para atender a los maestros.

Esto ya no es un punto habilitante, de tal manera que otros prestadores de servicios de salud podrán participar en la puja.

Con estos cambios, más pluralidad en la participación y el seguimiento al cumplimiento de lo pactado en los contratos, se espera que los profesores tengan por fin un mejor servicio de salud y que no deban recurrir a demandar al Estado por los incumplimientos, demandas que, por demás, terminan enriqueciendo a empresas especializadas en este tipo de litigios.